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«Nada nos diferencia de un ciudadano cualquiera si se exceptúa el uniforme y la tarjeta de identificación. Y el resultado es que estamos indefensos legal y jurídicamente hablando cuando surge algún conflicto». Enrique Javier Álvarez tiene claro que los herederos de los extintos «guardas jurados» seguirán «vendidos» hasta que no consigan que se modifique la actual Ley de Seguridad Privada, otorgándoles más facultades. «Porque ellos se las saben todas. Saben que no tienen nada que perder si nos agreden y luego nos denuncian».
Máxime, si se tiene en cuenta, explica Juan Pablo Cabeza, con número de licencia 199.950, que «no hay suficiente policía» y que cada vez asumen «más funciones delegadas de las fuerzas de seguridad».
Están desprotegidos, dicen, en los centros de acogida de menores, donde han visto a un compañero con un tenedor clavado en la cara y «sólo pudo responder pidiendo la baja». O en los pesqueros que faenan en aguas internacionales, destinados a evitar secuestros. Y, sin embargo, no están en muchos locales de ocio con un aforo superior a 300 personas, donde son sustituidos «por matones o tipos con corbata y traje negro, armarios roperos, con lo que se incumple la Ley de Espectáculos del Principado». Y, mientras los que se especializan llegan a escoltas o a vigilantes de explosivos, en el otro extremo, el de la precariedad, «las empresas y los clientes buscan fórmulas para ofrecer un servicio de vigilante y pagar mucho menos a personas que no están habilitadas». Los llaman «auxiliares de servicios».
