Bilbao, 27 abr (EFE).- Más de 300 profesionales vinculados con el sector de la seguridad participarán mañana y el viernes en Bilbao en el IV Congreso Nacional de Escoltas, en el que se analizará la reducción de servicios de estos profesionales, entre otros asuntos.
Según han indicado fuentes de la Asociación Española de Escoltas, organizadora del encuentro, la crisis económica y la disminución de la amenaza terrorista "han configurado un escenario en el que se han tomado decisiones de reducción de servicios sin un adecuado análisis de riesgo".
Además de los escoltas privados, tomarán parte profesionales de la Guardia Civil, Ertzaintza, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos D' Escuadra y Policía Municipal de Bilbao. También participarán el viernes representantes políticos, que debatirán sobre el final de ETA.
Según los organizadores, los servicios de escolta atraviesan en la actualidad "un difícil momento" tras una pérdida de más de 600 empleos en los últimos dos años.
En la actualidad, unos 4.800 escoltas prestan servicio activo en toda España, aunque las fuentes citadas prevén una disminución basada "en decisiones económicas ligadas a la tregua trampa de la banda terrorista".
Según ha advertido esta asociación, que agrupa al 80 por ciento de los escoltas privados en España, "la amenaza terrorista ha disminuido, pero en absoluto ha desaparecido".
La coordinación de los profesionales de la seguridad privada con los cuerpos y fuerzas de seguridad, la creación de nuevos servicios en este ámbito, la internacionalización de los servicios o el futuro de la protección en relación al terrorismo y la delincuencia organizada serán asuntos a debatir en el congreso de escoltas.
Sus responsables propondrán a las instituciones y a las fuerzas de seguridad la asunción de nuevas responsabilidades en colaboración con ellas como la protección de víctimas de violencia de género, la protección de altos cargos del Estado, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos o misiones especializadas ligadas a la protección internacional o las repatriaciones y expatriaciones de personas. EFE
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viernes, 29 de abril de 2011
Sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada
La creación de una nueva Orden Ministerial, que trate y de desarrolle, de forma exhaustiva, las Secciones 6º y 7ª del Capítulo III, Título I, del Reglamento de Seguridad Privada, que regulan las materias de instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, las condiciones que deben reunir este tipo de instalaciones, las características de cada uno de sus componentes, las obligaciones y responsabilidades a que están sometidas las empresas instaladoras y las que realizan los mantenimientos de los sistemas, así como la actuación de las centrales de alarmas en el tratamiento de la señales que reciben y los distintos procedimientos de verificación, va a suponer un importantísimo avance en el desarrollo de este segmento del sector de la seguridad privada.
Desde la aprobación de las primeras normas que regulaban la seguridad privada, se pudo constatar la necesidad que existía de abordar la redacción de una norma que fijase todos aquellos aspectos que afectaban al normal funcionamiento de los sistemas de alarmas y que permitiera situar a este sector de actividad en una posición adecuada a los tiempos actuales, adaptando tanto la tecnología utilizada como las formas de trabajo a la realidad existente en la mayoría de los países de Europa.
Por otra parte, la poca definición de alguno de los aspectos que regulaban el desarrollo de estas materias ha supuesto, para esta parte del sector, una situación de permanente inquietud provocada por la diversidad de criterios e interpretaciones, administrativos y judiciales, que estaban presidiendo el desarrollo de su labor.
Tras un largo proceso de estudio y análisis de la situación actual, así como del desarrollo de estas materias en países del entorno, se ha procedido a la elaboración de esta nueva Orden Ministerial que modifica, sustancialmente, lo existente hasta este momento, a la vez que incorpora muchas novedades, así como la tecnología y los procedimientos que en la actualidad vienen recogidos en distintas normas EN, UNE-EN y UNE, que han sido aprobadas o se encuentran en proceso de aprobación por los Comités Técnicos dedicados a esta actividad.
Otras referencias normativas
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE núm. 186, de 4 de agosto), en su redacción dada por:
DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO (BOE núm. 26, de 30 de enero).
LEY 14/2000, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE núm. 313, de 30 de Diciembre).
REAL DECRETO-LEY 8/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE (BOE núm. 225, de 19 de septiembre
LEY 25/2009 (Art. 14) (BOE núm 308, de 23 de diciembre)REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA
REAL DECRETO 2364/1994 DE 9 DE DICIEMBRE, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada(BOE núm. 8 de 10 de enero de 1995).
Corrección de errores, (BOE núm 20 de 24 de Enero de 1995.)
Modificado por:
REAL DECRETO 938/1997, DE 20 DE JUNIO (BOE núm. 148, de 21 de junio).
REAL DECRETO 1123/2001, DE 19 DE OCTUBRE (BOE núm. 281, de 23 de noviembre).
REAL DECRETO 277/2005, DE 11 DE MARZO (BOE núm. 61 de 12 de marzo).
SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2007, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 55, de 5 de marzo).
REAL DECRETO 4/2008, DE 11 DE ENERO (BOE núm. 11, de 12 de enero).
SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 52, de 2 de marzo).
REAL DECRETO 1628/2009, DE 30 DE OCTUBRE (BOE núm 263, de 31 de octubre).
REAL DECRETO 195/2010, DE 26 DE FEBRERO (BOE núm. 60, de 10 de marzo).
EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN LO ES A EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS. EL ÚNICO TEXTO FIDEDIGNO ES EL PUBLICADO EN EL B.O.E. Nº 42 DE 18.02.2011 Y SU CORRECCIÓN DE ERRORES DEL B.O.E. Nº61 de 12.03.2011
Novedades
En primer lugar, se recuerdan, especifican y amplían las características de las Instalaciones de Seguridad conectadas, que siempre habrán de ser realizadas por empresas de seguridad autorizadas. Resulta fundamental y necesario destacar, por novedosa y por afectar directamente tanto a esta Orden como a las de Empresas y Medidas, la introducción del Sistema de Normalización, constituido por las Normas EN, UNE-EN y UNE aprobadas en la actualidad y que se vayan aprobando en un futuro, por los comités electrotécnicos nacionales de normalización (CENELEC), en los que participa España y la mayoría de los países Europeos.
Estas normas regulan diferentes aspectos relativos al funcionamiento de las centrales de alarmas, en todas las materias que les afectan y que van desde los sistemas de alarmas contra la intrusión y atraco, hasta los sistemas de videovigilancia para su uso en aplicaciones de seguridad, pasando por las guías de aplicación de cada una de la normas.
En relación con la importancia de esas Guías de Aplicación, conviene destacar la que hace referencia a los proyectos de instalación, y, entre ellos, como ejemplo, el que viene recogido en la UNE-EN 50131-7, en la que se define como debe ser realizado el proyecto de diseño de un sistema, incluyendo el estudio del emplazamiento del edificio, su mantenimiento y otros varios aspectos que recoge la mencionada Norma.
La obligatoria aplicación de todas estas normas europeas EN y españolas UNE, supondrán una notable mejora no solo, y de forma general, en las instalaciones sino también en efectividad y, por tanto, el resultado de las mismas, con el consiguiente beneficio para todas las partes implicadas. También es importante destacar, dentro del campo de aplicación de las mencionadas Normas que regulan los sistemas de alarma, el establecimiento, como obligatorios, de los denominados Grados de Seguridad, que vienen contemplados en la UNE-EN 50131, y que definen la seguridad de los sistemas en función del riesgo a proteger. Como se sabe, cada uno de los 4 grados que la norma recoge le será de aplicación a los distintos sistemas de seguridad instalados, siendo el grado 4 para los establecimientos de alto riesgo, el grado 3 para los establecimientos obligados, el grado 2 para el resto de los sistemas que se conecten a centrales de alarma, y el grado 1 para los no conectados.
Por otra parte, también se incorpora el Sistema de Certificación de todos los elementos de seguridad que formen parte de un sistema, lo que presupone que deberán estar aprobados conforme a las mencionadas normas y contar con la evaluación de conformidad de los Organismos de Control acreditados, es decir, certificados, en cuanto a su fabricación, por estos Organismos, que además deberán, a su vez, estar autorizados por las respectivas Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, lo que comúnmente se conoce como productos certificados.
Los ya mencionados Proyectos de Instalación deberán ir acompañados, de forma obligatoria, además de por la documentación acreditativa que reciban de los fabricantes de los productos, por un certificado emitido por la propia empresa de instalación, que implicará la aceptación de la responsabilidad y, a su vez, será la garantía de que las instalaciones se adecuan a lo exigido por la Norma. En relación el Mantenimiento de los Sistemas, se especifican, en los correspondientes anexos, las distintas tareas y periodicidad de las obligatorias revisiones presenciales y bidireccionales, por ser consideradas esenciales para el buen funcionamiento de los sistemas.
El Capítulo II trata incorpora la respuesta a una de las principales demandas del sector de las alarmas: la carencia de un protocolo de verificación. Por fin, en esta Orden, se establecen los Procedimientos de Verificación de las alarmas, uno de los temas que más se ha solicitado en los últimos años por el sector y del que se espera suponga una mejora sustancial de las garantías que requieren estos procesos, tanto para el sector como para la Administración. En este capítulo se definen los diferentes procedimientos que deben ser utilizados para considerar una señal de alarma legalmente verificada, recogiendo, además, otras situaciones que por sus características o por su urgencia permiten comunicar las alarmas sin necesidad de otras verificaciones.
Los procedimientos son, básicamente, cuatro: la verificación secuencial, que permitirá, si el sistema tiene un diseño adecuado, garantizar la realidad de la alarma; la verificación mediante vídeo, que debe permitir, a través de la imagen, discriminar la veracidad o no de la señal recibida; la verificación por audio, que utiliza el sonido para discriminar las señales reales de las falsas; y, por último, la verificación personal, que es un recurso que, además de efectivo, puede suponer una eficaz colaboración con las fuerzas de seguridad que atiendan los avisos.
En la verificación personal, desarrollando lo previsto en el artículo 49 del Reglamento de Seguridad Privada, se definen las distintas causas y situaciones que se pueden producir al prestar este tipo de servicios de acuda (custodia de llaves, inspección exterior, inspección interior), así como la forma precisa de utilizar esta herramienta en cada una de ellas, estando recogida también la posibilidad, cuando concurran circunstancias muy específicas, de utilizar armas de fuego, como prevé la norma para otras situaciones, así como que la custodia de las llaves recaiga en personal del lugar protegido. La incorporación a la normativa de seguridad privada del nuevo concepto de Alarma Confirmada ofrece a las centrales de alarma una garantía jurídica de que, cuando concurran las circunstancia recogidas en este artículo, no solo pueden comunicar como alarma real la señal o señales recibidas, sino que tienen la obligación de hacerlo de forma inmediata sin temor a la sanción.
En el siguiente capítulo se tratan los temas relativos a la Comunicación de Alarmas, estableciendo, en primer lugar, una serie de protocolos de comunicación obligatorios, que deberán cumplir las centrales de alarma cuando realicen sus avisos, así como los cuerpos de seguridad responsables de la intervención. También se ofrece un mayor alcance y precisión de lo que se considerará como falsa alarma, recogiendo una amplia serie de supuestos que permitirán, a todas las partes implicadas, tener un concepto claro de las situaciones que pueden dar lugar a su denuncia y sanción, así como la obligación que tienen las centrales de justificar sus actuaciones en los casos de comunicación de falsas alarmas.
Otro de los aspectos al que se le da un mayor tratamiento es el de la obligación de Desconexión de los Sistemas conectados a una central motivada, por comunicar falsas alarmas, o de silenciar las señales acústicas, en caso de los no conectados, así como los períodos de desconexión. En relación con esto, es importante destacar que, cuando por las causas referidas en la Orden, se exija a los usuarios la subsanación de su sistema o, en su caso, venza el período de desconexión, se les requerirá para que sus sistemas reúnan las mismas condiciones que una nueva conexión, lo que supone el preceptivo proyecto y la adecuación y cumplimiento de todo lo que se recoge en la normativa.
Otra novedad destacable dentro de esta Orden, es la regulación, por primera vez, de los conocidos como sistemas de Alarmas Móviles, sobre los cuales se ha establecido su concepto, ámbito de aplicación y procedimiento de actuación, determinando, además, diversos requisitos de su modo de empleo derivados de su finalidad.
También se ha aprovechado la ocasión para tratar algunos aspectos que hacen referencia a la Formación del Personal, que ha sido considerado, desde todos los ámbitos, como muy necesario para profesionalizar al sector, responsabilizando a las empresas, tanto de instalación y mantenimiento como a las de centralización de alarmas, de la formación del personal que interviene en cualquiera de los servicios que prestan a los usuarios, es decir, instalaciones y revisiones, atención de la alarmas y los servicios de acuda y verificación personal.
Por último, por medio de distintas Disposiciones, se regulan aspectos generales de suma importancia, como es la actualización normativa mediante la incorporación de todas las Normas UNE o UNEEN que, sobre estas materias, vayan apareciendo o modificándose, lo que permitirá una permanente actualización en los distintos aspectos que afectan a la evolución técnica y de procedimiento; la exclusión de la obligación de constituirse como empresas de seguridad aquellas empresas que se dediquen, de forma exclusiva, a la instalación de sistemas contra incendios, aunque permaneciendo la posibilidad de que estos sistemas sean conectados a centrales de alarma; los plazos de adecuación de los sistemas a los nuevos requerimientos, que será de diez años para los ya instalados, y desde el momento de su entrada en vigor para los nuevos, permitiendo la instalación, en los sistemas, de componentes que en el momento de la instalación no estén regulados por la normas UNE, con la condición de que se adecuen cuando aparezcan normas que determinen sus características para cumplir con los grados de seguridad.
Un informe detecta graves irregularidades en el servicio de emergencias de Cataluña
Frente a los recortes de personal anunciados por la Generalitat
Los problemas de la sanidad catalana no sólo son los recortes previstos de 1.000 millones de euros en los presupuestos de este año. A este tijeretazo se añade ahora un demoledor informe sobre el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que fiscaliza las actuaciones de este organismo de la Generalitat durante los años 2007, 2008 y 2009.
Sólo en las obras de su sede central, que fueron presupuestadas en 4 millones de euros en el año 2006, se gastaron en total 9.449.083,07 euros, ya que durante los últimos años se fueron añadiendo gastos extraordinarios. Estas obras, adjudicadas a la empresa Nordcontainer, fueron denunciadas en su día por la oposición y ahora se encuentran bajo investigación judicial.
Y es que los 4 millones iniciales pasaron en un año a ser 5,9 millones. Una certificación de obras de noviembre del año 2007 ya subía el coste a 7,6 millones. El mismo día de esta certificación, se reconocieron también otros 805.000 euros por el cableado de la nueva central unificada del SEM, lo que hizo subir la factura a 8,4 millones.
Pero tres meses después se añadió algo más de un millón de euros (por lo que la factura total fue de 9,4 millones) "en concepto de trabajos adicionales de 2007 y 2008 por obras de terceros, como la automatización de puertas exteriores, la instalación de climatización adicional, de energía solar y de grupo electrógeno, el acondicionamiento y limpieza del falso techo, la adecuación de los subterráneos, la modificación de los sistemas de control de accesos, la instalación de humidificadores, el arreglo de exteriores y jardines, la construcción de pasarelas de acceso para climatización o el pago de tasas administrativas".
Esa es sólo una de las irregularidades detectadas. En el año 2009, el SEM había adjudicado a una UTE la gestión operativa del sistema de emergencias, así como los medios y servicios de atención e información. En otras palabras, los servicios de gestión de Sanidad Tramita, Sanidad Programa, Sanidad Responde y Sanidad Llama. La UTE estaba formada por las compañías International Helth Services Argentina (IHSA) y Consorci Hospitalari de Catalunya Consultoria i Gestió. La calidad del servicio era tan deficiente que en el año 2009 la Administración acordó romper el contrato. Entre otras cosas, el sistema se colgaba periódicamente, a veces dos veces por semana.
El importe del servicio durante el último ejercicio fiscalizado era de más de 3,3 millones de euros, de los que se pagaron un total de 2,1 millones. Un informe interno de la propia Generalitat, sin embargo, detallaba que la evaluación económica de los servicios prestados oscilaba entre 307.000 euros y 571.000 euros, por lo que la UTE se había embolsado, como mínimo, 1.529.000 euros indebidamente. A tenor de estos datos, la Sindicatura concluye que "estos hechos podrían ser constitutivos de un posible indicio de responsabilidad contable".
El 3 de agosto del 2010, el SEM acordó rescindir el contrato e incautar la garantía, que ascendía a 224.400 euros. En octubre del año pasado, interpuso en los tribunales un recurso contencioso-administrativo y éstos le dieron la razón en enero del 2011. Después de la elaboración del informe, la Sindicatura tuvo conocimiento de que el servicio público de salud de la Generalitat (CatSalut) había enviado el tema a la fiscalía a finales del año pasado, por lo que las actuaciones de la UTE se encuentran bajo investigación en la actualidad.
Revisar los precios ilegalmente
La adjudicación de los servicios de emergencias médicas a domicilio en la ciudad de Barcelona también presenta actuaciones extrañas. En un principio, fueron adjudicados a la empresa Emergències Plus AIE por algo más de 8 millones y una duración de cuatro años. Pero la empresa solicitó un mes después el retraso en el inicio por "imposibilidad de recursos disponibles". Ello derivó en la rescisión de la mayor parte del contrato por mutuo acuerdo. La compañía se quedó sólo con un lote (el de la zona de litoral mar) por valor de algo más de 1,6 millones de euros.
Los otros cuatro lotes se adjudicaron directamente a Mutuam MPS, que comenzó a operar el 12 de febrero del 2008. En septiembre de ese año, se prorrogó y se aumentó el precio un 9,8%, lo que, según la Sindicatura, "incumple los límites que establece la Ley de contratos del sector público, en el sentido de que durante el primer año de ejecución del contrato no se puede hacer la revisión de los precios".
Además, tras realizar un informe de auditoría se descubrió que "el número de servicios mensuales garantizados en contrato y en consecuencia pagados por el SEM son un 24,84% superiores a los efectivamente realizados por la adjudicataria del servicio". En sus conclusiones, el organismo fiscalizador detalla que "la adjudicación de este servicio se realizó sin dar trámite al procedimiento negociado que prevé el artículo 159.2 del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas para los contratos de gestión de servicios públicos que requieren ser adjudicados por imperiosa urgencia y, por tanto, contraviniendo el principio de libre concurrencia de la contratación pública. Tampoco se exigió a la empresa adjudicataria del servicio el depósito de la garantía definitiva preceptiva".
Indemnización por incumplimiento de contrato
Pero el informe de la Sindicatura va más allá y afirma que la resolución parcial del contrato entre la Administración y Emergències Plus AIE "no era procedente y, en cambio, era preciso aplicar las medidas previstas en el texto refundido de la ley de contratos en caso de incumplimiento culpable del adjudicatario". En otras palabras, que el SEM debería haber solicitado una indemnización a la empresa, ya que ésta no pudo cumplir su parte del contrato que le fue adjudicado.
Mención aparte merece la adjudicación del transporte sanitario urgente y no urgente, que fue adjudicado en el 2006 por cuatro años a razón de 98 millones anuales. Se repartió la oferta entre 16 lotes, adjudicados a 9 empresas. En julio del 2007, el SEM firmó un convenio con los sindicatos y la patronal de ambulancias para asumir también costes extraordinarios laborales, lo que supuso un sobrecoste de 117,6 millones a repartir entre los cuatro ejercicios del contrato, "un 29% más del precio primitivo del año 2006". Ello hizo subir los importes de cada lote entre el 24 y el 34,2%. Sin embargo, la Sindicatura no se pronuncia sobre el convenio firmado y el aumento del gasto público en este caso.Más allá de estas anomalías, también se descubrió que, desde 2007 a 2009, el SEM contrató de forma directa un total de 10,7 millones de euros a cinco proveedores por suministros y servicios, "la adjudicación de los cuales habría requerido la convocatoria de procedimientos abiertos de contratación o bien el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, según el caso". En definitiva, un cúmulo de circunstancias que dejan en entredicho la gestión de las emergencias durante los últimos años.
Los problemas de la sanidad catalana no sólo son los recortes previstos de 1.000 millones de euros en los presupuestos de este año. A este tijeretazo se añade ahora un demoledor informe sobre el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que fiscaliza las actuaciones de este organismo de la Generalitat durante los años 2007, 2008 y 2009.
Sólo en las obras de su sede central, que fueron presupuestadas en 4 millones de euros en el año 2006, se gastaron en total 9.449.083,07 euros, ya que durante los últimos años se fueron añadiendo gastos extraordinarios. Estas obras, adjudicadas a la empresa Nordcontainer, fueron denunciadas en su día por la oposición y ahora se encuentran bajo investigación judicial.
Y es que los 4 millones iniciales pasaron en un año a ser 5,9 millones. Una certificación de obras de noviembre del año 2007 ya subía el coste a 7,6 millones. El mismo día de esta certificación, se reconocieron también otros 805.000 euros por el cableado de la nueva central unificada del SEM, lo que hizo subir la factura a 8,4 millones.
Pero tres meses después se añadió algo más de un millón de euros (por lo que la factura total fue de 9,4 millones) "en concepto de trabajos adicionales de 2007 y 2008 por obras de terceros, como la automatización de puertas exteriores, la instalación de climatización adicional, de energía solar y de grupo electrógeno, el acondicionamiento y limpieza del falso techo, la adecuación de los subterráneos, la modificación de los sistemas de control de accesos, la instalación de humidificadores, el arreglo de exteriores y jardines, la construcción de pasarelas de acceso para climatización o el pago de tasas administrativas".
Esa es sólo una de las irregularidades detectadas. En el año 2009, el SEM había adjudicado a una UTE la gestión operativa del sistema de emergencias, así como los medios y servicios de atención e información. En otras palabras, los servicios de gestión de Sanidad Tramita, Sanidad Programa, Sanidad Responde y Sanidad Llama. La UTE estaba formada por las compañías International Helth Services Argentina (IHSA) y Consorci Hospitalari de Catalunya Consultoria i Gestió. La calidad del servicio era tan deficiente que en el año 2009 la Administración acordó romper el contrato. Entre otras cosas, el sistema se colgaba periódicamente, a veces dos veces por semana.
El importe del servicio durante el último ejercicio fiscalizado era de más de 3,3 millones de euros, de los que se pagaron un total de 2,1 millones. Un informe interno de la propia Generalitat, sin embargo, detallaba que la evaluación económica de los servicios prestados oscilaba entre 307.000 euros y 571.000 euros, por lo que la UTE se había embolsado, como mínimo, 1.529.000 euros indebidamente. A tenor de estos datos, la Sindicatura concluye que "estos hechos podrían ser constitutivos de un posible indicio de responsabilidad contable".
El 3 de agosto del 2010, el SEM acordó rescindir el contrato e incautar la garantía, que ascendía a 224.400 euros. En octubre del año pasado, interpuso en los tribunales un recurso contencioso-administrativo y éstos le dieron la razón en enero del 2011. Después de la elaboración del informe, la Sindicatura tuvo conocimiento de que el servicio público de salud de la Generalitat (CatSalut) había enviado el tema a la fiscalía a finales del año pasado, por lo que las actuaciones de la UTE se encuentran bajo investigación en la actualidad.
Revisar los precios ilegalmente
La adjudicación de los servicios de emergencias médicas a domicilio en la ciudad de Barcelona también presenta actuaciones extrañas. En un principio, fueron adjudicados a la empresa Emergències Plus AIE por algo más de 8 millones y una duración de cuatro años. Pero la empresa solicitó un mes después el retraso en el inicio por "imposibilidad de recursos disponibles". Ello derivó en la rescisión de la mayor parte del contrato por mutuo acuerdo. La compañía se quedó sólo con un lote (el de la zona de litoral mar) por valor de algo más de 1,6 millones de euros.
Los otros cuatro lotes se adjudicaron directamente a Mutuam MPS, que comenzó a operar el 12 de febrero del 2008. En septiembre de ese año, se prorrogó y se aumentó el precio un 9,8%, lo que, según la Sindicatura, "incumple los límites que establece la Ley de contratos del sector público, en el sentido de que durante el primer año de ejecución del contrato no se puede hacer la revisión de los precios".
Además, tras realizar un informe de auditoría se descubrió que "el número de servicios mensuales garantizados en contrato y en consecuencia pagados por el SEM son un 24,84% superiores a los efectivamente realizados por la adjudicataria del servicio". En sus conclusiones, el organismo fiscalizador detalla que "la adjudicación de este servicio se realizó sin dar trámite al procedimiento negociado que prevé el artículo 159.2 del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas para los contratos de gestión de servicios públicos que requieren ser adjudicados por imperiosa urgencia y, por tanto, contraviniendo el principio de libre concurrencia de la contratación pública. Tampoco se exigió a la empresa adjudicataria del servicio el depósito de la garantía definitiva preceptiva".
Indemnización por incumplimiento de contrato
Pero el informe de la Sindicatura va más allá y afirma que la resolución parcial del contrato entre la Administración y Emergències Plus AIE "no era procedente y, en cambio, era preciso aplicar las medidas previstas en el texto refundido de la ley de contratos en caso de incumplimiento culpable del adjudicatario". En otras palabras, que el SEM debería haber solicitado una indemnización a la empresa, ya que ésta no pudo cumplir su parte del contrato que le fue adjudicado.
Mención aparte merece la adjudicación del transporte sanitario urgente y no urgente, que fue adjudicado en el 2006 por cuatro años a razón de 98 millones anuales. Se repartió la oferta entre 16 lotes, adjudicados a 9 empresas. En julio del 2007, el SEM firmó un convenio con los sindicatos y la patronal de ambulancias para asumir también costes extraordinarios laborales, lo que supuso un sobrecoste de 117,6 millones a repartir entre los cuatro ejercicios del contrato, "un 29% más del precio primitivo del año 2006". Ello hizo subir los importes de cada lote entre el 24 y el 34,2%. Sin embargo, la Sindicatura no se pronuncia sobre el convenio firmado y el aumento del gasto público en este caso.Más allá de estas anomalías, también se descubrió que, desde 2007 a 2009, el SEM contrató de forma directa un total de 10,7 millones de euros a cinco proveedores por suministros y servicios, "la adjudicación de los cuales habría requerido la convocatoria de procedimientos abiertos de contratación o bien el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, según el caso". En definitiva, un cúmulo de circunstancias que dejan en entredicho la gestión de las emergencias durante los últimos años.
miércoles, 27 de abril de 2011
TÍTULO XV.DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Artículo 311.
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses:
Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.
Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
Artículo 312.
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
Artículo 313.
El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior.
Artículo 314.
Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.
Artículo 315.
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Artículo 316.
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Artículo 317.
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.
Artículo 318.
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses:
Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro.
Si las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevaren a cabo con violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
Artículo 312.
1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
2. En la misma pena incurrirán quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
Artículo 313.
El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior.
Artículo 314.
Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.
Artículo 315.
1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga.
2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado.
3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga.
Artículo 316.
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Artículo 317.
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.
Artículo 318.
Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
lunes, 25 de abril de 2011
domingo, 24 de abril de 2011
Aeropuerto de Castelló Guardia Civil y seguridad privada blindan el aeropuerto y sus accesos ante la fiesta «rave»
Las autoridades desconocen el alcance de la convocatoria a través la red social e insisten en la prohibición de entrada al recinto
Agentes de la Guardia Civil y efectivos de seguridad privada se movilizan este fin de semana para proteger el aeropuerto de una amenaza incierta. La convocatoria de un fiesta «rave» a través de una red social, a la que se adhirieron más de 21.000 personas, ha obligado a desplegar un dispositivo de salvaguardia en torno a la infraestructura. Nadie es capaz de precisar cuánta gente acudirá entre hoy y mañana al aeropuerto. Las autoridades ya han advertido de que no se permitirá el paso.
Lo que empezó como una broma en internet se ha convertido en una seria preocupación para los responsables del aeropuerto de Castelló, que han pedido a la Subdelegación del Gobierno que actúe. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer a este diario que se han previsto «efectivos suficientes para garantizar la seguridad de los bienes y personas». También para preservar y controlar las dos vías de acceso a las instalaciones: la autovía CV-10 y la carretera CV-13.Las mismas fuentes subrayaron que no ha habido ninguna solicitud oficial para celebrar ningún tipo de evento y que el aeropuerto está cerrado al público.
La seguridad se multiplica por 15Aerocas también prevé un notable incremento de la seguridad privada en el recito. El director general de la sociedad, Juan García Salas, aseguró que la cifra de efectivos «se ha multiplicado por 15 para garantizar que nadie penetra dentro el perímetro de 12,5 kilómetros del aeropuerto». García Salas destacó el despliegue que realizará la Guardia Civil para evitar que se ocasionen daños. «Han preparado una acción de protección importante, tanto en el aeropuerto como en las carreteras de acceso. Espero que no pase nada», apostilló. El director de Aerocas subrayó que los riesgos no se limitan al aeropuerto, ya que organizar una fiesta o acampar en la pinada cercana entraña peligro de incendio.
El organizador y EU acudirán
El efecto de la convocatoria es una incógnita. Una cosa es adherirse en «facebook» a un evento y otra desplazarse hasta Vilanova d´Alcolea a sabiendas de que el acceso al aeropuerto está prohibido.
El promotor de la iniciativa en la red social confirmó que acudirá el domingo por la mañana con un grupo de amigos. «Sí que iré a ver qué pasa», aseguró Pau a este diario. Esquerra Unida también ha confirmado que secunda la convocatoria. Incluso ha contratado para mañana un autobús para desplazar a la gente interesada. El autobús saldrá a las diez de la plaza de la Muralla de Castelló rumbo a las instalaciones de Vilanova-Benlloch. Iniciativa del Poble Valencià estudia sumarse al evento.
Hace unas semanas se habilitó en «facebook» un enlace que convocaba para este fin de semana la «gran fiesta inaugural y pública» del aeropuerto. A modo de sátira, el organizador se hizo eco de las palabras del presidente de la diputación, Carlos Fabra, en las que manifestó su voluntad de que los ciudadanos puedan pasear por las instalaciones antes de que entren en funcionamiento. «Aprovechemos la oportunidad que nos brindan Fabra y Camps para pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que amablemente nos ceden. Podemos hacer fiestas, barbacoas, discomóviles, empinar el catxirulo, menjar-nos la mona...», rezaba la convocatoria, a la que se agregaron más de 21.000 internautas.
Agentes de la Guardia Civil y efectivos de seguridad privada se movilizan este fin de semana para proteger el aeropuerto de una amenaza incierta. La convocatoria de un fiesta «rave» a través de una red social, a la que se adhirieron más de 21.000 personas, ha obligado a desplegar un dispositivo de salvaguardia en torno a la infraestructura. Nadie es capaz de precisar cuánta gente acudirá entre hoy y mañana al aeropuerto. Las autoridades ya han advertido de que no se permitirá el paso.
Lo que empezó como una broma en internet se ha convertido en una seria preocupación para los responsables del aeropuerto de Castelló, que han pedido a la Subdelegación del Gobierno que actúe. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer a este diario que se han previsto «efectivos suficientes para garantizar la seguridad de los bienes y personas». También para preservar y controlar las dos vías de acceso a las instalaciones: la autovía CV-10 y la carretera CV-13.Las mismas fuentes subrayaron que no ha habido ninguna solicitud oficial para celebrar ningún tipo de evento y que el aeropuerto está cerrado al público.
La seguridad se multiplica por 15Aerocas también prevé un notable incremento de la seguridad privada en el recito. El director general de la sociedad, Juan García Salas, aseguró que la cifra de efectivos «se ha multiplicado por 15 para garantizar que nadie penetra dentro el perímetro de 12,5 kilómetros del aeropuerto». García Salas destacó el despliegue que realizará la Guardia Civil para evitar que se ocasionen daños. «Han preparado una acción de protección importante, tanto en el aeropuerto como en las carreteras de acceso. Espero que no pase nada», apostilló. El director de Aerocas subrayó que los riesgos no se limitan al aeropuerto, ya que organizar una fiesta o acampar en la pinada cercana entraña peligro de incendio.
El organizador y EU acudirán
El efecto de la convocatoria es una incógnita. Una cosa es adherirse en «facebook» a un evento y otra desplazarse hasta Vilanova d´Alcolea a sabiendas de que el acceso al aeropuerto está prohibido.
El promotor de la iniciativa en la red social confirmó que acudirá el domingo por la mañana con un grupo de amigos. «Sí que iré a ver qué pasa», aseguró Pau a este diario. Esquerra Unida también ha confirmado que secunda la convocatoria. Incluso ha contratado para mañana un autobús para desplazar a la gente interesada. El autobús saldrá a las diez de la plaza de la Muralla de Castelló rumbo a las instalaciones de Vilanova-Benlloch. Iniciativa del Poble Valencià estudia sumarse al evento.
Hace unas semanas se habilitó en «facebook» un enlace que convocaba para este fin de semana la «gran fiesta inaugural y pública» del aeropuerto. A modo de sátira, el organizador se hizo eco de las palabras del presidente de la diputación, Carlos Fabra, en las que manifestó su voluntad de que los ciudadanos puedan pasear por las instalaciones antes de que entren en funcionamiento. «Aprovechemos la oportunidad que nos brindan Fabra y Camps para pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que amablemente nos ceden. Podemos hacer fiestas, barbacoas, discomóviles, empinar el catxirulo, menjar-nos la mona...», rezaba la convocatoria, a la que se agregaron más de 21.000 internautas.
Alertan sobre piratas
PORT LAUNAY, Seychelles 21-Abr .- Al Ministro Peter Sinon, titular de Inversiones e Industria de Seychelles, hay algo que le preocupa tanto o más que la actividad de los piratas en el Océano Índico: la posibilidad de que los piratas establezcan vínculos con grupos terroristas y lleven su actividad al fanatismo religioso.
Y es que en la República de las Seychelles, un grupo de 115 islas ubicadas en el Océano Índico, se han producido casi 400 abordajes desde 2009. El más reciente ataque se produjo ayer, cuando el navío italiano Rosalia D'Amato, que se dirigía a Irán procedente de Brasil, fue secuestrado.
"Estamos muy preocupados. Es muy, muy probable que (los piratas) tengan lazos con grupos terroristas", dijo a REFORMA Sinon, al margen de la "Tuna Conference", el congreso anual sobre el atún al que acuden los principales representantes de la industria atunera mundial y especialistas del sector.
"El problema es que no tenemos las herramientas necesarias para investigar adecuadamente sobre esto", añadió Sinon, al hablar del negocio de los piratas, el cual, según recientes estimaciones, vale más de 60 millones de dólares al año, un dato que deriva de los rescates que se pagan a los corsarios.
El caso es que Somalia, país del cual provienen los piratas y cuyas costas están a casi mil 300 kilómetros de Seychelles, está sin Gobierno efectivo desde 1992, lo que se añade al reto creciente del auge de los islamistas de Al-Shabab, ligados a la red terrorista Al-Qaeda en el cuerno de África.
"Después de las negociaciones acordamos compartir 20 por ciento de los rescates y ellos liberarían a nuestros líderes. Ahora nuestra relación con Al-Shabab ha mejorado", dijo en febrero un pirata que se identificó como Alí al explicar las condiciones de un acuerdo firmado entre su grupo y los milicianos de Al-Shabab.
"Han abierto la oficina marítima para mejorar la seguridad y la coordinación entre nosotros. Estamos felices porque no tenemos alternativas salvo aceptar las demandas de Al-Shabab para mantener Hardhere como nuestra base", añadió.
La situación se suma a los graves daños que la piratería ya ha provocado al sector del atún, que le vale a las industrias 130 millones de euros al año --se trata de la segunda entrada para Seychelles.
En total, según datos de la planta de procesamiento de atún Indian Ocean Tuna, la más grande del Índico, 30 por ciento de los barcos atuneros que operaban allí se han ido, pero 40 por ciento paga hasta medio millón de euros al año por barco para embarcar agentes de seguridad armados hasta los dientes.
"En este momento tenemos a cuatro agentes a bordo de cada barco. Son policías o ex militares con experiencia previa que están titulados como vigilantes de seguridad privada, con titulación efectiva de manejo de armas y que además hacen unos cursos específicos de manejo de armamento militar", informó a REFORMA Borjas Soroa, director general de la empresa española Pevasa, la primera de ese país en tener un barco secuestrado en abril de 2008.
La cuestión es que la actividad de los piratas no se detiene nunca, sólo es menos intensa cuando el viento del monsón sopla más fuerte, entre mayo y los meses de agosto y septiembre, agregó Soroa, quien, sin embargo, duda de que haya infiltraciones de Al-Qaeda.
Todo esto, mientras en la zona patrullan 20 barcos de la Fuerza Naval Europea para Somalia, en el marco de la operación antipiratas Atalanta, y otros tantos de los gobiernos de Rusia, China, Japón, Malasia, India, Estados Unidos y la OTAN.
"Y es que los piratas son cada más agresivos. Si no frenamos ya este fenómeno, que es un negocio muy lucrativo, va a empeorar, se va a extender al Océano Pacífico, al Atlántico y en todo el mundo", advirtió Sinon, quien sitúa en 2007 el año del inicio de los abordajes.
Refinan su técnica para abordar barcos
Entre las dificultades que hay para contrarrestar la piratería en el Océano Índico no sólo está la inmensidad de aguas en las cuales se mueven los piratas, equivalente a toda Europa Occidental, sino también a que los corsarios están refinando sus técnicas de abordaje, según allegados al tema.
"Algunos están usando barcos mercantes que capturan como buques nodrizas (barcos de soporte, que se usan como bases operativas en alta mar)", explicó Borjas Soroa, de la empresa pesquera española Pevasa.
"Y eso es lo que les está permitiendo alejarse más de las costas, hasta la India o donde sea", añadió Soroa, quien, sin embargo, descartó que los piratas usen equipos con tecnología muy avanzada.
Precisó que algunos sí llevan ordenadores portátiles, radios y localizadores GPS, pero no aparatos mucho más sofisticados.
Casi todos los piratas previenen de Somalia, el único país del mundo sin Estado, donde 78 por ciento de la población carece de acceso a servicios de salud, menos de 30 por ciento tiene acceso a agua potable y sólo 17 por ciento sabe leer y escribir, según la organización Médicos Sin Fronteras.
lunes, 18 de abril de 2011
«No me dejéis morir»
Cristian Andrés Patiño, de 18 años, pedía ayuda después de que un tren le amputase parte de sus piernas en Leganés Bajó a la vía para coger piedras y lanzarlas al grupo con el que se peleaba tras una fiesta.
«Papá, la he cagado». Es lo primero que le dijo a su progenitor desde su cama de la Unidad de Cuidados Intensivos, sabiendo lo que ocultaban las sábanas: su nuevo aspecto. Su pie derecho y su pierna izquierda, de rodilla para abajo, habían sido arrancados por siempre de su cuerpo. Así fue como reaccionó ayer Cristian Andrés Patiño Loja, de 18 años, cuando vio a Iván, su padre, al despertar de una larga intervención en el Hospital Doce de Octubre. Después de que un tren arrollara al joven a las siete de la mañana, Iván le replicó emocionado: «Lo importante es que estás vivo».
Los planes de la noche del sábado y la madrugada del domingo estaban muy claros. Cristian vería el partido del Real Madrid-Barcelona en un bar de Leganés con unos amigos. Después bailarían y beberían hasta el cierre de una de las discotecas latinas del municipio, ubicada en la plaza de toros La Cubierta. Con lo que no contaba este joven ecuatoriano es que un convoy le amputaría parte de sus dos piernas al final de la jornada.
Todo empezó a la salida de la discoteca de La Cubierta. Cristian y su grupo de amigos se adentraron en la cercana estación de Metrosur Casa del Reloj con algunas copas de más.
Los efectos etílicos
Tenían que hacer transbordo en la parada de Cercanías de Leganés Central. Allí, la línea C-5, en dirección Fuenlabrada, les llevaría hasta su casa. En el interior del vagón de Metrosur comenzó el alboroto entre la cuadrilla. Los efectos etílicos sacaron el lado más execrable de estos jóvenes, según informaron testigos. De hecho, explicaron, se tuvo que avisar a una pareja de vigilantes de seguridad para que pusiera orden.
Era en torno a las 6.40 de la mañana cuando el grupo de Cristian, incluido él, comenzó una trifulca con tres españoles y un colombiano en la estación de Leganés, según informó un testigo directo. Comenzaron los golpes y continuaron las pedradas. Al parecer, los grupos en pugna se armaron con las piedras que inundan las vías de ferrocarril ubicadas en la calle de Santa Rosa.
Cristian, embriagado por los efectos del alcohol, los nervios y la adrenalina de la refriega, bajó a la vía y se agachó para recoger su armamento. Pero el tren estaba a punto de entrar en el andén. No lo vio. No lo escuchó. El maquinista accionó el freno para evitar arrollarlo, pero la distancia de frenado alcanzó más de 200 metros, lo normal. La tragedia sobrevino al joven sin que pudiera reaccionar.
«¡Ayuda, no me dejéis morir!», gritaba después de que el convoy le seccionara completamente, como informó Emergencias 112, la pierna izquierda a la altura del tobillo y le aplastase y cortase la pierna derecha por debajo de la rodilla, a la altura de la tibia y el peroné.
«Han sido los del ascensor»
«Han sido los del ascensor», chillaba una chica que acompañaba a Cristian mientras se deshacía en llanto. Ricardo Gabriel, un ecuatoriano de 22 años, viajaba en el tren fatal y escuchó las palabras de la joven cuando bajó del mismo. Casualmente es vecino de Cristian, un compatriota al que conocía de ver por Fuenlabrada. «Me topé con el chico en la vía y escuché a la que parecía su novia y me abalancé hacia los culpables como loco. Estaban junto al ascensor con un montón de piedras. Cuando fui para ellos me pegaron. Vinieron más amigos a ayudarme», relata despidiendo olor a alcohol y con los pantalones blancos ensangrentados por el lisiado.
Según Ricardo, varios agentes de la Policía Nacional llegaron a la estación y los separaron. Los presuntos implicados en la trifulca fueron trasladados a la comisaría para prestar declaración. No hubo detenidos, informaron desde la Jefatura Superior de Policía, ya que el accidente se produjo por imprudencia del afectado.
Una UVI móvil del Summa estabilizó a Cristian y lo trasladó al Hospital Doce de Octubre en estado grave. Al cierre de esta edición su vida no corría peligro. La Policía Nacional continúa la investigación.
Agarraba sus piernas y se le caían
Después de despertar de la operación, no hizo falta que nadie dijera a Cristian que había perdido parte de sus extremidades inferiores. «Se dio cuenta en el andén. Fue a agarrar sus piernas y vio cómo se le caían. No las sentía», explicaba su padre ayer a ABC, después de que su hijo espabilase de los efectos de la anestesia. Los amigos que iban con el chico no dudaron en hacerle un torniquete, según relató un testigo, para cortar la hemorragia. El joven estuvo consciente en todo momento, tal y como certificaron desde Emergencias 112. Conocidos y familiares hicieron hincapié en que el afectado «es un joven tranquilo. Nunca se mete en problemas»; «sale con su novia y lleva una vida completamente normal», apuntaron luego. Cristian estudia primero de FP como electricista. Su padre negó que perteneciese a ninguna banda latina
Una célula búlgara que colocó billetes falsos en el norte de España cae en Lugo
Una célula de una banda organizada búlgara que se dedicaba a colocar billetes falsos de 50 y 100 euros en establecimientos comerciales del norte de España fue desarticulada por la Policía Nacional en la capital lucense, en una operación en la que contó con la colaboración de los servicios de seguridad privada del centro comercial As Termas.
Los agentes policiales detuvieron en la tarde del pasado viernes a dos inmigrantes búlgaros en el aparcamiento de la planta baja de esta gran superficie. En su poder hallaron en total casi 7.000 euros en billetes falsos de 50 y, sobre todo, de 100.
En principio, los investigadores creen que esta célula no llegó a colocar ningún billete falsificado en los locales de As Termas, ni en otros establecimientos comerciales de la capital lucense. Según informaron ayer fuentes policiales, por ahora no se han presentado denuncias en la Comisaría de Lugo.
Fuentes próximas a la investigación explicaron que se trata de falsificaciones de buena calidad, difíciles de apreciar a simple vista por los comerciantes que no cuenten con dispositivos especiales para detectarlas.
En donde sí creen que pudieron distribuir esa moneda falsificada fue por pequeños establecimientos de Pontevedra, aunque esa hipótesis no pudo ser confirmada oficialmente.
Esta célula de un grupo organizado búlgaro que cayó en Lugo precisamente debió llegar a la capital lucense procedente de la Ciudad del Lérez. Se está investigando si los detenidos pudieron operar en otras localidades gallegas y del resto de la cornisa cantábrica porque también les hallaron artículos adquiridos en comercios del País Vasco.
operación. La voz de alarma saltó a primeras horas de la tarde del pasado viernes, cuando el personal de la seguridad privada de As Termas sospechó de ambos individuos porque se dedicaron a entrar y salir de varios locales del centro comercial sin realizar compra alguna.
Al parecer, los dos sospechosos se dedicaban a comprobar las medidas de seguridad de que disponía cada establecimiento, como por ejemplo la situación de las cámaras de vigilancia, sin probarse ninguna prenda, ni preguntar a los dependientes por artículo alguno. Las fuerzas del orden suponen que así estaban haciendo acopio de información para determinar qué locales podían ser los más propicios para dar posteriormente el golpe.
Los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la operación localizaron a los dos inmigrantes búlgaros en el aparcamiento inferior del centro comercial, en donde habían dejado estacionado el vehículo en el que se desplazaban.
Uno pudo ser identificado en el mismo lugar, mientras que el otro, que no portaba documentación, lo fue en comisaría. Ambos delincuentes cuentan con antecedentes policiales. Uno presuntamente es reincidente porque en su currículo tiene arrestos por falsificación de moneda y el otro por robo con violencia.
RegistrosCuando los efectivos policiales los cachearon llevaban encima en metálico, entre ambos, cerca de 3.000 euros en billetes de 50 de curso legal. Pero además portaban ocho ilegales de 100 euros.
Al dar en el aparcamiento con el vehículo que utilizaban para desplazarse, los agentes comprobaron que el maletero y los asientos posteriores estaban abarrotados de bolsas con artículos de todo tipo, desde alimentación a limpieza, textil, zapatería e incluso de pesca.
Hallaron facturas de compra de varios establecimientos de Pontevedra y del País Vasco, por lo que creen que operaban a lo largo de todo el norte de España, sobre todo en tiendas de barrio más que en las de conocidas marcas. Se sospecha que en la ciudad de Lérez debieron pasar al menos un par de días.
Los agentes inspeccionaron entonces el interior del vehículo. Hallaron, bien ocultos, un fajo de casi 7.000 euros en billetes falsificados sobre todo de 100 -tenían también alguno de 50- y otro de aproximadamente la misma cantidad, pero de billetes de curso legal de 20 y 50.
Los dos ciudadanos búlgaros arrestados, de los que no se ha facilitado su identidad, permanecen en los calabozos de la comisaría. Podrían no prestar declaración en el juzgado de Instrucción número uno de Lugo, que se encuentra de guardia, hasta mañana.
Los investigadores tuvieron problemas para poder interrogar a los detenidos porque éstos apenas hablan castellano y además tardaron en localizar a un traductor de búlgaro, una situación que se suele repetir cuando se trata de lenguas minoritarias.
Los agentes policiales detuvieron en la tarde del pasado viernes a dos inmigrantes búlgaros en el aparcamiento de la planta baja de esta gran superficie. En su poder hallaron en total casi 7.000 euros en billetes falsos de 50 y, sobre todo, de 100.
En principio, los investigadores creen que esta célula no llegó a colocar ningún billete falsificado en los locales de As Termas, ni en otros establecimientos comerciales de la capital lucense. Según informaron ayer fuentes policiales, por ahora no se han presentado denuncias en la Comisaría de Lugo.
Fuentes próximas a la investigación explicaron que se trata de falsificaciones de buena calidad, difíciles de apreciar a simple vista por los comerciantes que no cuenten con dispositivos especiales para detectarlas.
En donde sí creen que pudieron distribuir esa moneda falsificada fue por pequeños establecimientos de Pontevedra, aunque esa hipótesis no pudo ser confirmada oficialmente.
Esta célula de un grupo organizado búlgaro que cayó en Lugo precisamente debió llegar a la capital lucense procedente de la Ciudad del Lérez. Se está investigando si los detenidos pudieron operar en otras localidades gallegas y del resto de la cornisa cantábrica porque también les hallaron artículos adquiridos en comercios del País Vasco.
operación. La voz de alarma saltó a primeras horas de la tarde del pasado viernes, cuando el personal de la seguridad privada de As Termas sospechó de ambos individuos porque se dedicaron a entrar y salir de varios locales del centro comercial sin realizar compra alguna.
Al parecer, los dos sospechosos se dedicaban a comprobar las medidas de seguridad de que disponía cada establecimiento, como por ejemplo la situación de las cámaras de vigilancia, sin probarse ninguna prenda, ni preguntar a los dependientes por artículo alguno. Las fuerzas del orden suponen que así estaban haciendo acopio de información para determinar qué locales podían ser los más propicios para dar posteriormente el golpe.
Los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la operación localizaron a los dos inmigrantes búlgaros en el aparcamiento inferior del centro comercial, en donde habían dejado estacionado el vehículo en el que se desplazaban.
Uno pudo ser identificado en el mismo lugar, mientras que el otro, que no portaba documentación, lo fue en comisaría. Ambos delincuentes cuentan con antecedentes policiales. Uno presuntamente es reincidente porque en su currículo tiene arrestos por falsificación de moneda y el otro por robo con violencia.
RegistrosCuando los efectivos policiales los cachearon llevaban encima en metálico, entre ambos, cerca de 3.000 euros en billetes de 50 de curso legal. Pero además portaban ocho ilegales de 100 euros.
Al dar en el aparcamiento con el vehículo que utilizaban para desplazarse, los agentes comprobaron que el maletero y los asientos posteriores estaban abarrotados de bolsas con artículos de todo tipo, desde alimentación a limpieza, textil, zapatería e incluso de pesca.
Hallaron facturas de compra de varios establecimientos de Pontevedra y del País Vasco, por lo que creen que operaban a lo largo de todo el norte de España, sobre todo en tiendas de barrio más que en las de conocidas marcas. Se sospecha que en la ciudad de Lérez debieron pasar al menos un par de días.
Los agentes inspeccionaron entonces el interior del vehículo. Hallaron, bien ocultos, un fajo de casi 7.000 euros en billetes falsificados sobre todo de 100 -tenían también alguno de 50- y otro de aproximadamente la misma cantidad, pero de billetes de curso legal de 20 y 50.
Los dos ciudadanos búlgaros arrestados, de los que no se ha facilitado su identidad, permanecen en los calabozos de la comisaría. Podrían no prestar declaración en el juzgado de Instrucción número uno de Lugo, que se encuentra de guardia, hasta mañana.
Los investigadores tuvieron problemas para poder interrogar a los detenidos porque éstos apenas hablan castellano y además tardaron en localizar a un traductor de búlgaro, una situación que se suele repetir cuando se trata de lenguas minoritarias.
Seguridad de la Información y Protección de Datos.
Insultar en redes sociales puede salir muy caro
Si tenías en mente utilizar una red social para desatar tu ira, quizás deberías pensártelo dos veces antes de hacerlo. Que se lo digan sino a las dos jóvenes, tristes protagonistas de estos hechos, cuya “broma” les ha salido muy cara.
Y es que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Segovia, por medio de Sentencia nº 8/2011, de 21 de febrero, ha condenado a dos jóvenes al pago de 18.284,22 euros como autoras de una falta continuada de vejaciones aconsecuencia de los insultos vertidos por éstas desde un perfil falso en la red social Tuenti, creado previamente por ellas.
La situación es la siguiente. Según resultó acreditado en el procedimiento penal instado frente a ellas, las dos jóvenes se pusieron de acuerdo para crear en Tuenti un perfil falso a nombre de una tercera persona -una compañera de instituto-, haciéndose pasar por ella y utilizando el perfil ficticio para verter comentarios que ridiculizaban a la propia víctima y a sus compañeras de instituto, llamándolas entre otras lindezas, “payasas creídas” o “niñatas que parecen travestidas”.
Razona la sentencia que, “teniendo en cuenta la repercusión que la red social Tuenti tiene entre los jóvenes y adolescentes”, la presentación de la víctima como una persona extravagante y que “se mofa descaradamente de sus compañeras de instituto, con quien las denunciadas sabían que no tenía una relación lo suficientemente fluida como para poder desmentirles personalmente su autoría”, no puede ser calificada como mera “broma”. El juzgado ha considerado los hechos como constitutivos de una falta continuada de vejaciones injustas, prevista y penada en el artículo 620-2 último párrafo del Código Penal, que castiga a los que “causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve” y las ha condenado en consecuencia al pago de 18.284,22.
Pero ¿está justificada esa cantidad? Veamos, el Tribunal Supremo ha venido interpretando en sentencias como la de 20 de mayo de 2.009 -recurso 2278/2008- que, del mismo modo que los perjuicios materiales han de probarse, los morales no necesitan, en principio, de prueba alguna cuando su existencia se infiere inequívocamente de los hechos. Es lo que se conoce como el “precio del dolor”, en razón a la cual “el daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico”.De vuelta al caso concreto, y según recoge la sentencia, como consecuencia de la actuación de las denunciadas, la víctima sufrió un “trastorno adaptativo ansioso depresivo moderado” lo que, en aplicación de la doctrina expuesta, justifica la condena impuesta. En definitiva, piénsalo dos veces antes de difamar en una red social porque te puede salir muy caro.
Si tenías en mente utilizar una red social para desatar tu ira, quizás deberías pensártelo dos veces antes de hacerlo. Que se lo digan sino a las dos jóvenes, tristes protagonistas de estos hechos, cuya “broma” les ha salido muy cara.
Y es que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Segovia, por medio de Sentencia nº 8/2011, de 21 de febrero, ha condenado a dos jóvenes al pago de 18.284,22 euros como autoras de una falta continuada de vejaciones aconsecuencia de los insultos vertidos por éstas desde un perfil falso en la red social Tuenti, creado previamente por ellas.
La situación es la siguiente. Según resultó acreditado en el procedimiento penal instado frente a ellas, las dos jóvenes se pusieron de acuerdo para crear en Tuenti un perfil falso a nombre de una tercera persona -una compañera de instituto-, haciéndose pasar por ella y utilizando el perfil ficticio para verter comentarios que ridiculizaban a la propia víctima y a sus compañeras de instituto, llamándolas entre otras lindezas, “payasas creídas” o “niñatas que parecen travestidas”.
Razona la sentencia que, “teniendo en cuenta la repercusión que la red social Tuenti tiene entre los jóvenes y adolescentes”, la presentación de la víctima como una persona extravagante y que “se mofa descaradamente de sus compañeras de instituto, con quien las denunciadas sabían que no tenía una relación lo suficientemente fluida como para poder desmentirles personalmente su autoría”, no puede ser calificada como mera “broma”. El juzgado ha considerado los hechos como constitutivos de una falta continuada de vejaciones injustas, prevista y penada en el artículo 620-2 último párrafo del Código Penal, que castiga a los que “causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve” y las ha condenado en consecuencia al pago de 18.284,22.
Pero ¿está justificada esa cantidad? Veamos, el Tribunal Supremo ha venido interpretando en sentencias como la de 20 de mayo de 2.009 -recurso 2278/2008- que, del mismo modo que los perjuicios materiales han de probarse, los morales no necesitan, en principio, de prueba alguna cuando su existencia se infiere inequívocamente de los hechos. Es lo que se conoce como el “precio del dolor”, en razón a la cual “el daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico”.De vuelta al caso concreto, y según recoge la sentencia, como consecuencia de la actuación de las denunciadas, la víctima sufrió un “trastorno adaptativo ansioso depresivo moderado” lo que, en aplicación de la doctrina expuesta, justifica la condena impuesta. En definitiva, piénsalo dos veces antes de difamar en una red social porque te puede salir muy caro.
Un grupo armado roba 100.000 euros en un casino del suroeste de Francia
(actualiza con el intento de robo de otro casino) París, 18 abr (EFE).- Un grupo formado por seis hombres armados con kalachnikov y pistolas automáticas asaltaron anoche el casino de Aix-en-Provence, en el sureste de Francia, del que se llevaron un botín de más de 100.000 euros, mientras que otro casino cercano sufrió un intento de robo, informaron hoy fuentes policiales.
Por el momento se desconoce si las dos acciones son obra del mismo grupo.
Los asaltantes, encapuchados y vestidos de negro, llegaron al casino a bordo de coches robados e irrumpieron en el establecimiento sobre las 00.00 horas GMT ante la mirada atónita de los clientes Dos de ellos se dirigieron a las cajas y obligaron a los empleados a entregarles la recaudación.
Uno de los trabajadores del casino resultó herido de un golpe de culata.
Los ladrones se dieron a la fuga en dirección a Marsella con el botín.
Dos horas más tarde, un grupo de asaltantes llegó al cercano casino de La Ciotat, cuando el establecimiento ya estaba cerrado.
Los ladrones inmovilizaron al vigilante y se dirigieron a las cajas fuertes del casino, que trataron de abrir con ayuda de explosivos.
El presidente del grupo propietario del casino, Fabrice Paire, afirmó que los asaltantes no pudieron llevarse ningún botín.
Estos asaltos se producen después de que el pasado 26 de febrero un hecho similar tuviera lugar en el casino de Cassis, situado cerca de Aix-en-Provence, del que los ladrones se llevaron unos 350.000 euros.
En total, una decena de casinos de los 196 que hay abiertos en Francia, han sido objeto de robos a mano armada en los últimos doce meses.
Paire indicó que los casinos van a cambiar las medidas de seguridad y su modo de funcionamiento para que haya menos dinero en metálico en los casinos y hacer que sea menos interesante para los ladrones tomarlos como blanco de sus acciones. EFE
Por el momento se desconoce si las dos acciones son obra del mismo grupo.
Los asaltantes, encapuchados y vestidos de negro, llegaron al casino a bordo de coches robados e irrumpieron en el establecimiento sobre las 00.00 horas GMT ante la mirada atónita de los clientes Dos de ellos se dirigieron a las cajas y obligaron a los empleados a entregarles la recaudación.
Uno de los trabajadores del casino resultó herido de un golpe de culata.
Los ladrones se dieron a la fuga en dirección a Marsella con el botín.
Dos horas más tarde, un grupo de asaltantes llegó al cercano casino de La Ciotat, cuando el establecimiento ya estaba cerrado.
Los ladrones inmovilizaron al vigilante y se dirigieron a las cajas fuertes del casino, que trataron de abrir con ayuda de explosivos.
El presidente del grupo propietario del casino, Fabrice Paire, afirmó que los asaltantes no pudieron llevarse ningún botín.
Estos asaltos se producen después de que el pasado 26 de febrero un hecho similar tuviera lugar en el casino de Cassis, situado cerca de Aix-en-Provence, del que los ladrones se llevaron unos 350.000 euros.
En total, una decena de casinos de los 196 que hay abiertos en Francia, han sido objeto de robos a mano armada en los últimos doce meses.
Paire indicó que los casinos van a cambiar las medidas de seguridad y su modo de funcionamiento para que haya menos dinero en metálico en los casinos y hacer que sea menos interesante para los ladrones tomarlos como blanco de sus acciones. EFE
domingo, 17 de abril de 2011
viernes, 15 de abril de 2011
martes, 12 de abril de 2011
Una panorámica realizada un día después de que ardiese el Windsor (Reuters)
No han querido dejar su suerte en manos de los tribunales. Cinco años después de que comenzara el proceso por el incendio de la Torre Windsor, todos los implicados han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial días antes de que tuviera lugar la primera audiencia previa. El Corte Inglés, Deloitte y Prosegur, los tres actores principales del caso, firmaron las paces en la primera semana de marzo. Y con ellos, el resto de implicados, en su mayoría aseguradoras, poniendo fin a las once demandas en curso.
El pasado 22 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia nº18 de Madrid puso punto y final al caso Windsor. Ese día vio la luz el contenido de la sentencia, cuyo fallo, ¨por acogimiento de la renuncia a las acciones y derechos¨, ha resultado ser al final la desestimación de las demandas interpuestas entre todos los implicados. El documento, sin embargo, no recoge ningún detalle de los acuerdos alcanzados entre las partes en liza, mezcladas todas entre sí por el cruce de demandas interpuestas.
El mutismo al respecto del contenido del pacto es máximo. Ninguno de los protagonistas ha querido dar detalles. Todos han firmado un acuerdo de confidencialidad por el que se han comprometido a no revelar, por mínimo que sea, ningún aspecto del mismo. ¨Ha sido un triunfo no llegar a juicio¨, explican desde uno de los bufetes implicados. ¨Para que esto ocurra tiene que ceder todo el mundo un poco en las pretensiones, aunque es cierto que puede ser que lo hayan tenido que hacer unos más que otros¨.
Tras el cierre del proceso penal, que concluyó sin señalar un culpable claro del incendio, el cruce de demandas civiles se inició en 2008 por parte de Deloitte, inquilino de 20 de las 25 plantas, que reclamó a El Corte Inglés y Prosegur hasta 37 millones de euros por la actuación negligente de los vigilantes de seguridad y por la falta de medios del edificio, propiedad de Asón Inmobiliaria (familia Reyzábal) y luego de la cadena de grandes almacenes, que ha levantado en el mismo lugar la nueva torre Titania.
La réplica no se hizo esperar y El Corte Inglés, tras comprar Asón, demandó a su vez a Deloitte y Prosegur por más de 55 millones. Al final, el proceso civil terminó en un fuego cruzado de once demandas que terminaron acumulándose en un mismo juzgado, donde se resolvería sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios sufridos por el incendio de la Torre Windsor, convirtiéndose así el caso en un macrojuicio donde estaban en juego indemnizaciones por valor de hasta 200 millones de euros.
De esta manera, la particularidad del caso hacía que todos los demandantes fueran a su vez demandados, excepto la empresa de seguridad Prosegur, que no actuó contra nadie por no sufrir perjuicio alguno y que sin embargo ha sido reclamada por todos por no haber sofocado el incendio a tiempo. Por este motivo, el probable que en el acuerdo extrajudicial alcanzado la compañía de seguridad haya sido una de las partes que más haya tenido que ceder, según las fuentes jurídicas consultadas.
Más de dos años de negociaciones
El día 11 de marzo debía haberse celebrado la primera audiencia previa del juicio, que habría continuado una semana después, pero el acuerdo marco alcanzado entre todas las partes no dio pie a que arrancara la parte final del proceso. ¨Han sido más de dos años de negociaciones¨, explican desde uno de los despachos participantes. ¨Al final ha sido por una cuestión práctica, porque el caso podía haberse dilatado en el tiempo muchos años y ese era un escenario que no convenía a nadie¨.
La importancia del caso puso en liza a los principales bufetes del país y a sus socios de Procesal. De un lado, Cuatrecasas asistía a El Corte Inglés y Uría Menéndez representaba a Mapfre y Allianz, aseguradoras del edificio, mientras que de otro, la defensa de Deloitte estaba en manos de Garrigues y la de Prosegur, en las de Pérez Llorca. La representación de las aseguradoras que pagaron a El Corte Inglés por los daños sufridos corrió a cargo del despacho internacional especializado Davies Arnold Cooper.
Más allá de los argumentos legales de cada parte ha existido también una predisposición por parte de las altas esferas de cada compañía para llegar a una solución que conviniera a todos. Precisamente, los intereses cruzados entre las partes daban pie para que hubiera un arreglo extrajudicial, pues Deloitte es el auditor de cabecera de El Corte Inglés, mientras que Prosegur presta a su vez servicios de seguridad a la cadena de grandes almacenes. Donde hay negocio hay siempre acuerdo.
Las urbanizaciones recurren a patrullas vecinales tras reducirse la vigilancia privada
Los incesantes asaltos en las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana están obligando a algunos vecinos a patrullar las calles para garantizar la seguridad. Ocurre ya en municipios como Barx y Cotes y supone la respuesta a un fenómeno clave: pese a que los robos con fuerza en viviendas alcanzaron en 2010 la cifra más alta de los últimos tres años, la vigilancia privada en urbanizaciones se ha reducido a la mitad con motivo de la crisis.
A los vecinos de Barx, en la Safor, no les basta con la vigilancia policial. Los residentes en la urbanización La Drova están dispuestos a todo para evitar más asaltos y se prestan a vigilar la zona día y noche. Actúan a pie, en vehículos y desde sus casas. Tres personas se encargan de organizar los turnos y las áreas a cubrir.
Esta comisión ha enviado una circular a los vecinos para que colaboren en una acción comunitaria «para el beneficio de todos» y «con la aprobación de la Guardia Civil y el Ayuntamiento». Los requisitos para formar parte son ser mayor de 21 años y residir en Barx.
«Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil están poniendo todos sus medios para evitar los robos, pero no son suficientes para parar los pies a los ladrones y por eso nos hemos ofrecido para complementar las labores de vigilancia», explica Javier, de la Asociación de Vecinos de La Drova.
Sin cable en Cotes
A finales de marzo, unos ladrones se llevaron 400 metros de cable de cobre de las farolas instaladas en una zona de expansión del municipio de Cotes. En esta ocasión fue el alcalde, José Gozálvez, el que patrulló con su coche por las calles para evitar robos en la zona. «Aquí la Policía Local soy yo», llegó a afirmar el primer edil. Gozálvez vigiló desde la ventana de su casa y salió con su coche a dar vueltas en busca de los delincuentes.
En el interior de Castellón, 13 alcaldes de pueblos de l'Alcalaten y Alto Mijares han propuesto crear una policía mancomunada ante la «desprotección» a nivel policial que sufren estos municipios, que a principios de año sufrieron 50 robos en sólo 15 días. Los consistorios no son ajenos a la crisis económica y si el coste económico del proyecto no es asumible por las arcas municipales se plantean la recuperación de los serenos y los alguaciles.
Para comprender estas acciones basta con echar un vistazo a las últimas estadísticas sobre robos facilitadas por el Gobierno. Hay una grave asignatura pendiente: los robos con fuerza en viviendas, con especial incidencia en las zonas de chalés. La tasa de robos ha crecido en los últimos tres años y 2010 su valor fue de 72, es decir 8 puntos más que en 2009.
«La situación socioeconómica explica este aumento», interpretó la delegada del Gobierno, Ana Botella. La crisis. La misma causa que manejan los vigilantes privados para explicar la drástica reducción de sus servicios en las urbanizaciones valencianas. En resumen: más robos, menos dinero, menos vigilancia y un refuerzo de agentes que a las urbanizaciones «parece que no llega», como lamentan los que residen en estas áreas.
«2012 aún será peor»
Según fuentes del sector de seguridad de UGT, «ha bajado hasta la mitad la contratación de vigilantes en las urbanizaciones. El aumento de robos no nos ha salvado de la crisis y 2012 aún será peor». En palabras de Saturnino Javier Martínez, secretario autonómico, «sólo las urbanizaciones más grandes pueden permitirse seguridad privada»
El sindicato considera que las patrullas vecinales «no son una solución y además son ilegales, puesto que las únicas figuras reconocidas para garantizar la seguridad son las fuerzas estatales, locales o autonómicas, o bien los vigilantes de seguridad privada».
Desde UGT advierten que los vecinos que deciden patrullar ante posibles ladrones «no tienen ni preparación ni medios para enfrentarse a un sospechoso en el supuesto caso de que sea violento, lo que supone un grave riesgo para su integridad».
Según estimaciones de Martínez, la reducción de vigilantes en las zonas de chalés «tampoco ha ido acompañada de un aumento de medios de seguridad más baratos, como sistemas de alarma o cámaras de seguridad». En resumen, «cuando baja el presupuesto, baja todo».
La misma idea corrobora Carlos Verdú, presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones (AVALUR). Según cálcula, aproximadamente un 10% de las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana pueden permitirse actualmente contratar seguridad privada: sólo medio centenar de las 500 existentes, las más lujosas.
Sin embargo, «ni aún así se erradica el problema», lamenta Verdú. En la urbanización Alfinach, situada en Puçol, se invierte 500.000 euros anuales en seguridad y sin embargo sus vecinos sufren entre tres y cuatro robos con fuerza.
En palabras de Verdú, «aquellos que han decidido vivir fuera de las ciudades tienen una preocupación creciente». A nivel de seguridad, describe, «estamos dejados de la mano de Dios». «La ley dice que todos somos iguales ante la ley, pero si vives en una urbanización pagas muchos impuestos pero no recibes los mismos servicios policiales que en un casco urbano. Esto debe cambiar», sentencia
A los vecinos de Barx, en la Safor, no les basta con la vigilancia policial. Los residentes en la urbanización La Drova están dispuestos a todo para evitar más asaltos y se prestan a vigilar la zona día y noche. Actúan a pie, en vehículos y desde sus casas. Tres personas se encargan de organizar los turnos y las áreas a cubrir.
Esta comisión ha enviado una circular a los vecinos para que colaboren en una acción comunitaria «para el beneficio de todos» y «con la aprobación de la Guardia Civil y el Ayuntamiento». Los requisitos para formar parte son ser mayor de 21 años y residir en Barx.
«Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil están poniendo todos sus medios para evitar los robos, pero no son suficientes para parar los pies a los ladrones y por eso nos hemos ofrecido para complementar las labores de vigilancia», explica Javier, de la Asociación de Vecinos de La Drova.
Sin cable en Cotes
A finales de marzo, unos ladrones se llevaron 400 metros de cable de cobre de las farolas instaladas en una zona de expansión del municipio de Cotes. En esta ocasión fue el alcalde, José Gozálvez, el que patrulló con su coche por las calles para evitar robos en la zona. «Aquí la Policía Local soy yo», llegó a afirmar el primer edil. Gozálvez vigiló desde la ventana de su casa y salió con su coche a dar vueltas en busca de los delincuentes.
En el interior de Castellón, 13 alcaldes de pueblos de l'Alcalaten y Alto Mijares han propuesto crear una policía mancomunada ante la «desprotección» a nivel policial que sufren estos municipios, que a principios de año sufrieron 50 robos en sólo 15 días. Los consistorios no son ajenos a la crisis económica y si el coste económico del proyecto no es asumible por las arcas municipales se plantean la recuperación de los serenos y los alguaciles.
Para comprender estas acciones basta con echar un vistazo a las últimas estadísticas sobre robos facilitadas por el Gobierno. Hay una grave asignatura pendiente: los robos con fuerza en viviendas, con especial incidencia en las zonas de chalés. La tasa de robos ha crecido en los últimos tres años y 2010 su valor fue de 72, es decir 8 puntos más que en 2009.
«La situación socioeconómica explica este aumento», interpretó la delegada del Gobierno, Ana Botella. La crisis. La misma causa que manejan los vigilantes privados para explicar la drástica reducción de sus servicios en las urbanizaciones valencianas. En resumen: más robos, menos dinero, menos vigilancia y un refuerzo de agentes que a las urbanizaciones «parece que no llega», como lamentan los que residen en estas áreas.
«2012 aún será peor»
Según fuentes del sector de seguridad de UGT, «ha bajado hasta la mitad la contratación de vigilantes en las urbanizaciones. El aumento de robos no nos ha salvado de la crisis y 2012 aún será peor». En palabras de Saturnino Javier Martínez, secretario autonómico, «sólo las urbanizaciones más grandes pueden permitirse seguridad privada»
El sindicato considera que las patrullas vecinales «no son una solución y además son ilegales, puesto que las únicas figuras reconocidas para garantizar la seguridad son las fuerzas estatales, locales o autonómicas, o bien los vigilantes de seguridad privada».
Desde UGT advierten que los vecinos que deciden patrullar ante posibles ladrones «no tienen ni preparación ni medios para enfrentarse a un sospechoso en el supuesto caso de que sea violento, lo que supone un grave riesgo para su integridad».
Según estimaciones de Martínez, la reducción de vigilantes en las zonas de chalés «tampoco ha ido acompañada de un aumento de medios de seguridad más baratos, como sistemas de alarma o cámaras de seguridad». En resumen, «cuando baja el presupuesto, baja todo».
La misma idea corrobora Carlos Verdú, presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones (AVALUR). Según cálcula, aproximadamente un 10% de las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana pueden permitirse actualmente contratar seguridad privada: sólo medio centenar de las 500 existentes, las más lujosas.
Sin embargo, «ni aún así se erradica el problema», lamenta Verdú. En la urbanización Alfinach, situada en Puçol, se invierte 500.000 euros anuales en seguridad y sin embargo sus vecinos sufren entre tres y cuatro robos con fuerza.
En palabras de Verdú, «aquellos que han decidido vivir fuera de las ciudades tienen una preocupación creciente». A nivel de seguridad, describe, «estamos dejados de la mano de Dios». «La ley dice que todos somos iguales ante la ley, pero si vives en una urbanización pagas muchos impuestos pero no recibes los mismos servicios policiales que en un casco urbano. Esto debe cambiar», sentencia
FeS UGT Almería denuncia a la empresa Esabe ante Inspección de Trabajo
ALMERÍA.- La Federación de Servicios (FeS) de UGT Almería ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería contra la empresa Esabe, que realiza su actividad en el
sector de la Seguridad Privada, por haber incumplido de forma sistemática y reiterada, la obligación de abonar las nóminas, en tiempo y forma, a su personal del Centro de Trabajo Parque de Rescate de Fauna Sahariana.
Como se ha explicado desde la Federación, “este centro es dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y según contactos mantenidos, realizan sus pagos de forma puntual a la concesionaria del servicio de seguridad privada Esabe, por lo que no hay ninguna razón de carácter económico que justifique estos retrasos”.
Finalmente, la Federación de Servicios de UGT Almería espera que en breve se resuelvan estas irregularidades, “ya que están afectando gravemente a estos trabajadores”.
sector de la Seguridad Privada, por haber incumplido de forma sistemática y reiterada, la obligación de abonar las nóminas, en tiempo y forma, a su personal del Centro de Trabajo Parque de Rescate de Fauna Sahariana.
Como se ha explicado desde la Federación, “este centro es dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y según contactos mantenidos, realizan sus pagos de forma puntual a la concesionaria del servicio de seguridad privada Esabe, por lo que no hay ninguna razón de carácter económico que justifique estos retrasos”.
Finalmente, la Federación de Servicios de UGT Almería espera que en breve se resuelvan estas irregularidades, “ya que están afectando gravemente a estos trabajadores”.
lunes, 11 de abril de 2011
Centenares de personas se concentran por el homicidio de un vigilante en la estación de Castelldefels
Centenares de personas se concentran por el homicidio de un vigilante en la estación de Castelldefels
BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Varios centenares de personas se han concentrado este viernes en la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta por el homicidio de un vigilante de seguridad de Prosegur en la estación de tren de Castelldefels (Barcelona) el viernes pasado.
La concentración silenciosa ha sido convocada por el comité de empresa de Prosegur para concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de que se impliquen más en las condiciones de seguridad y laborales de este colectivo, según explican desde UGT en un comunicado.
En el transcurso del acto se ha leído un manifiesto en favor de la labor social de la profesión y se ha formado el nombre del vigilante asesinado con velas.
Desde los sindicatos convocantes recuerdan que la seguridad privada cubre servicios públicos donde no llegan los cuerpos y fuerzas de seguridad, por lo que reclaman más competencias para hacer frente a dichos servicios.
La víctima, de 44 años, recibió varios golpes de un viajero al que expulsó de la estación porque estaba protagonizando altercados en el tren y después en el andén.
El agresor fue detenido poco después y ya ha ingresado en prisión provisional por orden del juez por un delito de homicidio.
Ante estos hechos y el importante número de incidentes en el transporte público, el Govern se ha comprometido a poner más agentes de los Mossos d'Esquadra patrullando trenes y estaciones de toda Cataluña creando la División del Transporte, y prevén que se instalen más cámaras de seguridad.
BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Varios centenares de personas se han concentrado este viernes en la plaza Sant Jaume de Barcelona en protesta por el homicidio de un vigilante de seguridad de Prosegur en la estación de tren de Castelldefels (Barcelona) el viernes pasado.
La concentración silenciosa ha sido convocada por el comité de empresa de Prosegur para concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de que se impliquen más en las condiciones de seguridad y laborales de este colectivo, según explican desde UGT en un comunicado.
En el transcurso del acto se ha leído un manifiesto en favor de la labor social de la profesión y se ha formado el nombre del vigilante asesinado con velas.
Desde los sindicatos convocantes recuerdan que la seguridad privada cubre servicios públicos donde no llegan los cuerpos y fuerzas de seguridad, por lo que reclaman más competencias para hacer frente a dichos servicios.
La víctima, de 44 años, recibió varios golpes de un viajero al que expulsó de la estación porque estaba protagonizando altercados en el tren y después en el andén.
El agresor fue detenido poco después y ya ha ingresado en prisión provisional por orden del juez por un delito de homicidio.
Ante estos hechos y el importante número de incidentes en el transporte público, el Govern se ha comprometido a poner más agentes de los Mossos d'Esquadra patrullando trenes y estaciones de toda Cataluña creando la División del Transporte, y prevén que se instalen más cámaras de seguridad.
miércoles, 6 de abril de 2011
SENTENCIA PIONERA
Las empresas de seguridad privada, por la actividad que desarrollan, están consideradas riesgo para la salud de las Vigilantas de Seguridad embarazada
Según la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborables sobre Protección de maternidad, dispone que la evaluación del puesto de trabajo de una V.S. revela un riesgo para la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas. Podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contracto por riesgo durante el embarazo, contempla en el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de la salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
La prestación económica, consistirá en subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente y nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquél en que se inice la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo corresponderán a la Entidad Gestora o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
Según la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborables sobre Protección de maternidad, dispone que la evaluación del puesto de trabajo de una V.S. revela un riesgo para la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas. Podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contracto por riesgo durante el embarazo, contempla en el artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de la salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
La prestación económica, consistirá en subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente y nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo y finalizará el día anterior a aquél en que se inice la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo corresponderán a la Entidad Gestora o a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.
martes, 5 de abril de 2011
¿ Pero esto que es ?
Instalarán cámaras de seguridad en las estaciones de tren para evitar agresiones
Actualmente sólo el 20% de los trenes cuentan con cámaras de seguridad
Los Mossos tendrán una División que vigilará transportes en todo Cataluña
El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciado este lunes que potenciarán la instalación de cámaras de seguridad en trenes y estaciones para evitar altercados y agresiones, además de cerrar los accesos a los recintos.
En declaraciones a los periodistas tres reunirse con el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y representantes de Renfe y Adif, Calvet ha explicado que hay una "relación evidente" entre el fraude --no pagar el billete-- y los actos de vandalismo y altercados, por lo que el cierre de las estaciones mejorará la seguridad.
Así, actualmente un 60% de las 109 estaciones de Renfe ya tieneninstaladas cámaras de seguridad y el 20% de los trenes tienen cámara, y el compromiso es ir incrementando la instalación de estos dispositivos y llegar a las 100 estaciones con cámara, en un proceso que "ya está en marcha".
Desde la Conselleria de Interior crearán la División del Transporte, como ya existe con el Área Regional de Transporte Urbano (ARTU), una unidad que se dedicará a patrullar los trenes y las estaciones y que trabajará en toda Catalunya.
Esta división trabajará en la red de Metro y Regionales, así como en el Aeropuerto de El Prat, e incorporará a todos los operadores y la seguridad privada para dar "una cobertura máxima", según Manel Prat.
En los transportes públicos se producen actos de vandalismo, agresiones a revisores, a responsables de seguridad, hay robos y altercados, que se multiplican los fines de semana y en líneas y horarios concretos, ha especificado Prat, que ha asegurado que en lo que va de año se han reducido las incidencias respecto al año anterior.
Por líneas, las que más altercados registran son las de Rodalies: la R1 norte en Mataró, la R1 sur --por vandalismo y botellón--; la R4 en Sabadell y Barberà, especialmente por la cercanía de la Zona Hermética, donde se concentran numerosas discotecas; y la R3 en Vic y Manlleu, en las que se producen numerosos hurtos y agresiones.
Prat ha especificado que por el momento no contemplan que los vigilantes de seguridad vayan con arma, aunque ha indicado que dependerá del servicio que tengan que hacer.
Asimismo, en la reunión se han comprometido a mejorar las técnicas de trabajo y los mecanismos de coordinación, y a que el Govern trabaje con Renfe y Adif para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.
En la reunión de este lunes también han participado el director general de Transporte y Movilidad, Ricard Font; el de Administración de Seguridad, Andreu Joan Martínez, y el subdirector operativo de los Mossos, Josep Milan.
Por parte de Renfe, han asistido el director de Rodalies, Miguel Ángel Remacha, y el responsable de Seguridad en Catalunya, Jesús Ortega.
Una muerte y dos agresiones este fin de semana
Este fin de semana se han sucedido dos episodios violentos en estaciones después de que el viernes un vigilante de seguridad de Castelldefels Centre muriera tras ser agredido por un joven de 20 años --ya en prisión provisional-- que causaba altercados en la estación.
Al día siguiente un viajero dio un puñetazo a un mosso en la estación de Mataró al ser descubierto sin billete, fue detenido y quedó en libertad a la espera de declarar ante el juez.
Además, la policía catalana busca a tres personas por protagonizar otra agresión el mismo sábado, contra un interventor de Renfe en la estación de Vic que pilló a un grupo de jóvenes sin billete.
El Comité de Empresa de Renfe Operadora de Barcelona Sur ha exigido al operador "medidas urgentes" y coordinación con las administraciones públicas implicadas.
Los sindicatos UGT y USOC han reclamado un mayor reconocimiento a los trabajadores de la seguridad privada, y UGT ha pedido también a la administración más implicación para que las empresas gocen de la calidad y competencias necesarias para trabajar.
Actualmente sólo el 20% de los trenes cuentan con cámaras de seguridad
Los Mossos tendrán una División que vigilará transportes en todo Cataluña
El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha anunciado este lunes que potenciarán la instalación de cámaras de seguridad en trenes y estaciones para evitar altercados y agresiones, además de cerrar los accesos a los recintos.
En declaraciones a los periodistas tres reunirse con el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y representantes de Renfe y Adif, Calvet ha explicado que hay una "relación evidente" entre el fraude --no pagar el billete-- y los actos de vandalismo y altercados, por lo que el cierre de las estaciones mejorará la seguridad.
Así, actualmente un 60% de las 109 estaciones de Renfe ya tieneninstaladas cámaras de seguridad y el 20% de los trenes tienen cámara, y el compromiso es ir incrementando la instalación de estos dispositivos y llegar a las 100 estaciones con cámara, en un proceso que "ya está en marcha".
Desde la Conselleria de Interior crearán la División del Transporte, como ya existe con el Área Regional de Transporte Urbano (ARTU), una unidad que se dedicará a patrullar los trenes y las estaciones y que trabajará en toda Catalunya.
Esta división trabajará en la red de Metro y Regionales, así como en el Aeropuerto de El Prat, e incorporará a todos los operadores y la seguridad privada para dar "una cobertura máxima", según Manel Prat.
En los transportes públicos se producen actos de vandalismo, agresiones a revisores, a responsables de seguridad, hay robos y altercados, que se multiplican los fines de semana y en líneas y horarios concretos, ha especificado Prat, que ha asegurado que en lo que va de año se han reducido las incidencias respecto al año anterior.
Por líneas, las que más altercados registran son las de Rodalies: la R1 norte en Mataró, la R1 sur --por vandalismo y botellón--; la R4 en Sabadell y Barberà, especialmente por la cercanía de la Zona Hermética, donde se concentran numerosas discotecas; y la R3 en Vic y Manlleu, en las que se producen numerosos hurtos y agresiones.
Prat ha especificado que por el momento no contemplan que los vigilantes de seguridad vayan con arma, aunque ha indicado que dependerá del servicio que tengan que hacer.
Asimismo, en la reunión se han comprometido a mejorar las técnicas de trabajo y los mecanismos de coordinación, y a que el Govern trabaje con Renfe y Adif para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.
En la reunión de este lunes también han participado el director general de Transporte y Movilidad, Ricard Font; el de Administración de Seguridad, Andreu Joan Martínez, y el subdirector operativo de los Mossos, Josep Milan.
Por parte de Renfe, han asistido el director de Rodalies, Miguel Ángel Remacha, y el responsable de Seguridad en Catalunya, Jesús Ortega.
Una muerte y dos agresiones este fin de semana
Este fin de semana se han sucedido dos episodios violentos en estaciones después de que el viernes un vigilante de seguridad de Castelldefels Centre muriera tras ser agredido por un joven de 20 años --ya en prisión provisional-- que causaba altercados en la estación.
Al día siguiente un viajero dio un puñetazo a un mosso en la estación de Mataró al ser descubierto sin billete, fue detenido y quedó en libertad a la espera de declarar ante el juez.
Además, la policía catalana busca a tres personas por protagonizar otra agresión el mismo sábado, contra un interventor de Renfe en la estación de Vic que pilló a un grupo de jóvenes sin billete.
El Comité de Empresa de Renfe Operadora de Barcelona Sur ha exigido al operador "medidas urgentes" y coordinación con las administraciones públicas implicadas.
Los sindicatos UGT y USOC han reclamado un mayor reconocimiento a los trabajadores de la seguridad privada, y UGT ha pedido también a la administración más implicación para que las empresas gocen de la calidad y competencias necesarias para trabajar.
Los Mossos registran 248 peleas y agresiones en estaciones de Metro, tren y autobús en 2010
Los Mossos d'Esquadra tienen registradas 248 agresiones entre personas --lo que engloba peleas y agresiones a vigilantes e interventores-- en 2010 en estaciones del Metro y tranvía de Barcelona, y en trenes y autobuses de toda Catalunya.
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
Los Mossos d'Esquadra tienen registradas 248 agresiones entre personas --lo que engloba peleas y agresiones a vigilantes e interventores-- en 2010 en estaciones del Metro y tranvía de Barcelona, y en trenes y autobuses de toda Catalunya.Según han informado fuentes de la policía catalana, se trata de la cifra de incidentes registrados en las estaciones que han requerido la intervención de los Mossos, unos datos que en los tres primeros meses de 2011 ascienden a 66.
Por tipo de transporte, donde más agresiones se produjeron fue en el Metro de Barcelona, con un total de 132 en 2010 y 35 en lo que va de año, seguido de Renfe y Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) con 99 en 2010 y 29 este año.
En las estaciones de bus hubo 12 incidentes en 2010 y dos este 2011, según los datos de los Mossos, y en las estaciones del tranvía, cinco en 2010 y ninguna en los tres primeros meses del año.
El Govern ha anunciado este lunes que crearán la División del Transporte de los Mossos d'Esquadra, una unidad que se desplegará en todos los transportes de Catalunya con patrullas que vigilarán los trenes, las estaciones, y las terminales de los aeropuertos, para evitar agresiones y altercados.
Tras una reunión con el director de los Mossos, Manel Prat, y representantes de Renfe y Adif, el secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha explicado que potenciarán la instalación de cámaras de seguridad en trenes y estaciones para evitar altercados y agresiones, además de cerrar el perímetro de los recintos para que los viajeros lo tengan más difícil para colarse sin billete.
En los transportes públicos se producen actos de vandalismo, agresiones a revisores, a responsables de seguridad, hay robos y altercados, que se multiplican los fines de semana y en líneas y horarios concretos, ha especificado Prat, que ha asegurado que en lo que va de año se han reducido las incidencias respecto al año anterior.
Por líneas, las que más altercados registran son las de Rodalies: la R1 norte en Mataró, la R1 sur --por vandalismo y botellón--; la R4 en Sabadell y Barberà, especialmente por la cercanía de la Zona Hermética, donde se concentran numerosas discotecas; y la R3 en Vic y Manlleu, en las que se producen numerosos hurtos y agresiones.
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
Los Mossos d'Esquadra tienen registradas 248 agresiones entre personas --lo que engloba peleas y agresiones a vigilantes e interventores-- en 2010 en estaciones del Metro y tranvía de Barcelona, y en trenes y autobuses de toda Catalunya.Según han informado fuentes de la policía catalana, se trata de la cifra de incidentes registrados en las estaciones que han requerido la intervención de los Mossos, unos datos que en los tres primeros meses de 2011 ascienden a 66.
Por tipo de transporte, donde más agresiones se produjeron fue en el Metro de Barcelona, con un total de 132 en 2010 y 35 en lo que va de año, seguido de Renfe y Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) con 99 en 2010 y 29 este año.
En las estaciones de bus hubo 12 incidentes en 2010 y dos este 2011, según los datos de los Mossos, y en las estaciones del tranvía, cinco en 2010 y ninguna en los tres primeros meses del año.
El Govern ha anunciado este lunes que crearán la División del Transporte de los Mossos d'Esquadra, una unidad que se desplegará en todos los transportes de Catalunya con patrullas que vigilarán los trenes, las estaciones, y las terminales de los aeropuertos, para evitar agresiones y altercados.
Tras una reunión con el director de los Mossos, Manel Prat, y representantes de Renfe y Adif, el secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha explicado que potenciarán la instalación de cámaras de seguridad en trenes y estaciones para evitar altercados y agresiones, además de cerrar el perímetro de los recintos para que los viajeros lo tengan más difícil para colarse sin billete.
En los transportes públicos se producen actos de vandalismo, agresiones a revisores, a responsables de seguridad, hay robos y altercados, que se multiplican los fines de semana y en líneas y horarios concretos, ha especificado Prat, que ha asegurado que en lo que va de año se han reducido las incidencias respecto al año anterior.
Por líneas, las que más altercados registran son las de Rodalies: la R1 norte en Mataró, la R1 sur --por vandalismo y botellón--; la R4 en Sabadell y Barberà, especialmente por la cercanía de la Zona Hermética, donde se concentran numerosas discotecas; y la R3 en Vic y Manlleu, en las que se producen numerosos hurtos y agresiones.
viernes, 1 de abril de 2011
¿hasta cuando?
Esta seccion sindical le da su mas querido pesame a la familia y a sus compañeros de servicio por el fallecimiento del compañero en acto de servicio.
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