EFE Así lo aseguró a Efe el portavoz y vigilante de seguridad del puerto de Vueltas, Gustavo Parra, quien precisó que está previsto que la huelga finalice a las 24 horas del próximo sábado.
Se trata de un total de 6 vigilantes de seguridad del puerto de Valle Gran Rey y 3 del puerto de Playa de Santiago, que fueron subrogados el 28 de enero de 2010 a la empresa Dialse Seguridad S.L a la que el Gobierno de Canarias dio el servicio de Puertos.
"Desde el principio la empresa ha incumplido el contrato laboral, hemos tenido problemas con los uniformes y material de trabajo, y a partir de octubre empezaron los atrasos en el cobro de las nóminas", indicó.
Los trabajadores, dice, llevan sin cobrar los salarios desde marzo de este año y no se les ha abonado pagas ni horas extras.
Afirma que los servicios en los puertos gomeros están ahora mismo totalmente descubiertos por no haberse establecido servicios mínimos "a no ser que algún compañero por amenazas no le quede más remedio que ir a trabajar".
"Hemos recibido llamadas de la empresa amenazándonos que teníamos que ir a trabajar, puesto que dice que tenia contratado con el Gobierno de Canarias unos servicios mínimos, cosa que es totalmente falsa", comenta.
Asegura que a pesar de que el preaviso se comunicó el 16 de mayo y se creó un comité de huelga formado por 12 personas, la empresa no se pronunció en ningún momento.
La Dirección General de Puertos dice estar al corriente de la totalidad de los pagos, sin embargo la empresa alega que les debe 817.000 euros, agrega.
"Aquí alguien está mintiendo y los perjudicados somos nosotros que tenemos familias que mantener", afirma Gustavo Parra, quien señala que "pedimos que se nos abone nuestro salario y que la empresa se vaya".
Los impagos no sólo afectan a 65 vigilantes de los puertos canarios, sino también al resto de los trabajadores de la empresa, por lo que en total alcanzan a unos 200 vigilantes.
Los vigilantes de seguridad de los puertos gomeros participarán en una manifestación que tendrá lugar mañana en Tenerife a las puertas de la sede de la empresa.
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lunes, 30 de mayo de 2011
viernes, 27 de mayo de 2011
Seguridad en universidades
ConsideracionesLa Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, siguiendo lo previsto en la C.E del 98, establece en sus artículos 104, 148 y 149 de forma clara, cual es el modelo de seguridad en España, y así, ya en la exposición de motivos mantiene que “El objetivo principal de la ley se centra en el diseño de las líneas maestras del Régimen Jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto los dependientes del Gobierno de la Nación, como las policías Autonómicas como locales”.
Aunque el Artículo 149.1 en su apartado 29 establece que la competencia en seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, el propio Art. 104.2 remite a una ley orgánica, para determinar las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en contraposición a la matización efectuada en el número 1 del mismo artículo, que se refiere exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Gobierno de la Nación.
El Artículo 1, de la Ley Orgánica 2/86, manifiesta que la competencia en seguridad pública es exclusiva del Estado, y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Nación. En sus apartados 2 y 3 marca las condiciones de participación de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales y en su apartado 4 expresa con claridad que, “El mantenimiento de la seguridad pública, se ejercerá por las distintas administraciones a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
El Artículo 2 de esta misma Ley, cita de forma concreta, quien tiene la condición de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación.
b) Los cuerpos de policía dependientes de la Comunidades Autónomas.
c) Los cuerpos de policía dependientes de corporaciones locales.
A mayor abundamiento en la materia, esta misma Ley en su título tercero, bajo la rúbrica de “De las policías de la Comunidades Autónomas” establece en su Artículo 37:
1.- Las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto, podrán crear cuerpos de policía para el ejercicio de las funciones de vigilancia y protección a que se refiere el artículo 148.1.22ª de la Constitución y las demás que le atribuye la presente Ley.
2.- Las Comunidades Autónomas que no hicieran uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior, podrán ejercer las funciones enumeradas en el Art. 148.1.22 a) de la Constitución, de conformidad con los Art. 39 y 47 de esta Ley, es decir, mediante la adscripción unidades del Cuerpo Nacional de Policía.
3.- Las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos no prevean la creación de cuerpos de policía, también podrán ejercer las funciones de vigilancia y protección, mediante la firma de acuerdos de cooperación específica con el Estado.
La Ley 23/192, de seguridad privada, establece en su art. 1.1 que los servicios privados de seguridad tendrán la consideración de servicios “complementarios y subordinados respecto a la seguridad pública”, y la Ley 1/92, sobre protección de la seguridad ciudadana obliga a los empleados de las empresas privadas de vigilancia y seguridad, si los hubiere a “colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicios”.
El apartado 1.a del Art. 5 de la Ley de Seguridad Privada, reconoce que, uno de los servicios y actividades que pueden desarrollar las empresas de seguridad es la “vigilancia y protección de bienes, establecimientos…”, no obstante la propia ley, en su Disposición Adicional Tercera recoge una serie de actividades “fronterizas” que si bien pueden estar comprendidas dentro del concepto de vigilancia y seguridad, no se van a regir por la Ley de Seguridad Privada, siendo, por tanto, actividades realizadas por personal que no pertenece a seguridad privada.
Por su parte el Reglamento de Seguridad Privada en su Disposición Adicional Primera, enumera estas actuaciones y entre ellas figura que puede ser prestado por personal directamente contratado por los titulares de los bienes “las de información en los accesos, custodia y comprobación del estado de (…), en los edificios particulares, por porteros, conserjes y personal análogo” y “las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de control de entradas, documentos o carnés privados en cualquier clase de edificios o inmuebles”.
En todo caso, si se opta por la utilización de los servicios privados de seguridad, será obligatoria la existencia de un Departamento de Seguridad dirigido por un Director de Seguridad en “los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o Guardas particulares de campo, y cuya duración prevista supere un año”. (Art. 96 y 102.2 R.S.P.)
martes, 24 de mayo de 2011
contratar la seguridad del Instituto La Marañosa
El concurso para la contratación del servicio de vigilancia de seguridad del Instituto Tecnológico La Marañosa, publicado el 29 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, ha quedado desierto por falta de documentación de la única empresa licitadora, la UTE Esabe Vigilancia S.A. y Esabe Auxiliares S.A.
Concretamente, la solicitud de la UTE ha sido rechazada por no presentar la empresa Esabe Auxiliares la documentación necesaria para acreditar la clasificación que se requería para el concurso (grupo M, subgrupos 2 y 3, categoría D).
El contrato, con número de expediente 10035110008, era para dos años prorrogables y tenía un valor estimado de 5 millones de euros, aunque el presupuesto base de licitación era de 3 millones.
Se trataba de un procedimiento abierto, con tramitación urgente y un único criterio de adjudicación: el precio.La empresa adjudicataria se tendrá que encargar de garantizar la seguridad en un espacio de 44.000 metros cuadrados en el que están ubicados 11 edificios temáticos y 138 laboratorios organizados en siete áreas especializadas.
Condenan a TMB a responder subsidiariamente por un homicidio en el metro
En su sentencia, la sección tercera de la Audiencia condena a quince años de prisión por un delito de homicidio al autor de la cuchillada que acabó con la vida de un hombre de 58 años de origen boliviano y le obliga a indemnizar con 187.000 euros a los familiares de la víctima.
El homicidio ocurrió la madrugada del 22 de febrero de 2009 en la estación de metro Avenida Carrilet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuando, a la salida de una discoteca de la población, se enfrentaron en una reyerta multitudinaria grupos de bolivianos, ecuatorianos y dominicanos.
Además del autor del homicidio, la sentencia condena a otros seis participantes en la pelea, entre ellos un hombre al que se han impuesto dos años de cárcel por haber golpeado a la víctima con una botella de vidrio hasta romperla.
La sentencia advierte de que la noche del crimen en la estación de metro de Carrilet sólo había un empleado en el interior de la taquilla y ningún vigilante de seguridad, pese a que dicha parada se encuentra en una zona de ocio con varias discotecas.
Por ese motivo, el tribunal obliga a TMB a hacerse cargo subsidiariamente de las indemnizaciones a pagar a las víctimas de la pelea, al haber infringido "su deber de velar por la seguridad de los viajeros".
Para la sala, existe una relación causal entre el crimen "y la infracción de normas de policía y buen orden atribuible a quienes gestionaban y velaban por la seguridad del metro".
La sentencia argumenta que la estación Carrilet de metro cumple las condiciones para ser considerada con un mayor índice de conflictividad, dado que se encuentra en una zona de ocio con varias discotecas y, a partir de las 5,00 de la mañana, acceden a la misma un gran número de jóvenes, algunos habiendo ingerido alcohol u otras sustancias tóxicas.
Pese a ello, lamenta el tribunal, entre las 5,00 y las 7,00 de la mañana los equipos nocturnos de vigilancia se dedican al control de las estaciones de Marina y Fabra i Puig, consideradas las de mayor índice de conflictividad, con lo que en el resto de la línea queda una pareja de retén con el apoyo de equipos móviles en caso de que sean necesarios. EFE.
El homicidio ocurrió la madrugada del 22 de febrero de 2009 en la estación de metro Avenida Carrilet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), cuando, a la salida de una discoteca de la población, se enfrentaron en una reyerta multitudinaria grupos de bolivianos, ecuatorianos y dominicanos.
Además del autor del homicidio, la sentencia condena a otros seis participantes en la pelea, entre ellos un hombre al que se han impuesto dos años de cárcel por haber golpeado a la víctima con una botella de vidrio hasta romperla.
La sentencia advierte de que la noche del crimen en la estación de metro de Carrilet sólo había un empleado en el interior de la taquilla y ningún vigilante de seguridad, pese a que dicha parada se encuentra en una zona de ocio con varias discotecas.
Por ese motivo, el tribunal obliga a TMB a hacerse cargo subsidiariamente de las indemnizaciones a pagar a las víctimas de la pelea, al haber infringido "su deber de velar por la seguridad de los viajeros".
Para la sala, existe una relación causal entre el crimen "y la infracción de normas de policía y buen orden atribuible a quienes gestionaban y velaban por la seguridad del metro".
La sentencia argumenta que la estación Carrilet de metro cumple las condiciones para ser considerada con un mayor índice de conflictividad, dado que se encuentra en una zona de ocio con varias discotecas y, a partir de las 5,00 de la mañana, acceden a la misma un gran número de jóvenes, algunos habiendo ingerido alcohol u otras sustancias tóxicas.
Pese a ello, lamenta el tribunal, entre las 5,00 y las 7,00 de la mañana los equipos nocturnos de vigilancia se dedican al control de las estaciones de Marina y Fabra i Puig, consideradas las de mayor índice de conflictividad, con lo que en el resto de la línea queda una pareja de retén con el apoyo de equipos móviles en caso de que sean necesarios. EFE.
viernes, 20 de mayo de 2011
Mercenarios, un negocio en expansión
La figura del mercenario se ha transformado en sofisticadas y lucrativas empresas militares y de seguridad que trabajan a escala mundial.
FP en español entrevista al preside el Grupode Trabajo de la ONU sobre la Utilización de Mercenarios, José Luis Gómez del Prado, sobre el peligroso vacío legal en el que se mueven estas compañías.
FP en español: ¿Por qué surge este grupo de la ONU sobre mercenarios?
José Luis Gómez del Prado: Aunque ya existía anteriormente, en 2005 se refuerza y se establece un mandato con varios expertos de cada región, porque se constata que la figura del mercenario, que siempre ha existido a lo largo de la historia, ha sufrido una transformación: lo que era antes una actividad individual se ha convertido en algo máscorporativo a través de empresas militares y de seguridad.
No se les puede decir que son mercenarios, porque son compañías registradas legalmente. Ellos afirman “que no se desplazan a zonas de combate, ni mucho menos para entrar en guerra”, sino a ofrecer seguridad. Y cuando van a Irak, Afganistán, República Democrática del Congo, Colombia o Somalia, lo hacen con un contrato bajo el brazo que legaliza su actividad.
FP. ¿Puede confirmar la presencia de mercenarios en Libia? ¿De que países proceden?
JLGP. Sabemos que sí, pero no podemos confirmarlo “oficialmente” porque no hemos estado en el terreno. Sin embargo, hay mucha fuentes (medios de información, diplomáticos, informes…) que afirman que hay mercenarios.
El Gobierno de Gadafi los ha utilizado contra su propia población y no contra un enemigo exterior, y esto es un fenómeno nuevo, algo que no se había dado hasta ahora. Proceden, seguramente, de países del Sahel y también de Europa del Este.
FP. ¿Cómo se financian y consiguen las armas?
JLGP. Como cualquier otra empresa, a través de contratos, ya sean de carácter público (Pentágono, Departamento de Estado de EU) o privado, con multinacionales. En cuanto a las armas, en el caso de las empresas estadounidenses, cuando van a Irak o Afganistán se las llevan de Estados Unidos, y este es uno de los problemas: se trata de armamento que no está controlado y que enseguida pasa al mercado ilícito, porque no hay un ningún tipo de control.
FP. ¿Es cierto que la propia ONU y algunas ONG contratan el servicio de estas compañías militares privadas?
JLGP. Cada vez más, pero no sólo las ONG, hay periodistas que cuando van a zonas de combate contratan mercenarios para protegerse. Y Naciones Unidas también empieza a utilizar empresas de seguridad privada, un fenómeno que empezó en Afganistán y que desde el organismo que presido nos preocupa muchísimo. En general, es una tendencia cada vez mayor, y lo que ocurre es que no hay regulación o es muy escasa, por eso pedimos que, como no se les pueden incluir en la categoría de mercenarios, halla una regulación internacional para estas empresas.
Ese vacío jurídico es el que queremos regular: delimitar por ley las funciones reservadas a las fuerzas policiales y militares públicas y las reservadas a estas empresas privadas. La Comisión Europea va a tratar este asunto próximamente y presumiblemente aprobará unas recomendaciones sobre seguridad para Europa y queremos hacerlo extensible a escala mundial.
FP. ¿Es un fenómeno en auge? ¿Ahorro de costes, globalización de los conflictos…?
JLGP. Estas empresas se ahorran la formación que ya han tenido los mercenarios. Por ejemplo, para formar a los comandos de la policía antiterrorista se necesita mucho tiempo, tal vez 4 o 5 años y una gran inversión económica, que pagamos todos los ciudadanos de cada país. Están ahí para defender el orden público y a los ciudadanos. Pero las empresas de seguridad privada contratan a estas personas y no tienen que formarlos, se ahorran esa parte y les ofrecen mucho dinero como salario. La mayoría son ex militares y ex policías, pero también hay militares en activo que durante algunos meses trabajan para estas compañías durante un año sabático o estando de vacaciones a cambio de muchísimo dinero. Es algo muy flexible para estas empresas: contratan gente durante un tiempo determinado para un trabajo concreto. En Irak, las empresas militares o de seguridad privada entraron en concurso para hacer un trabajo que antes sólo hacían militares, como cargar municiones, transporte y logística, etc. o la guardia que da protección al presidente Hamid Karzai de Afganistán. Hacen de todo y van armados, por eso trabajamos para regular esta situación.
El auge en los últimos años se da por la globalización de la economía y la tendencia a privatizarlo todo. Se empezaron a privatizar los servicios públicos, incluso la salud, también la seguridad, las cárceles, la policía, y hemos llegado a la privatización de los militares. Pero los Estados deben tener funciones públicas y se tiene que definir muy bien que hay actividades que no se pueden privatizar. La seguridad es un bien y un derecho para todos los ciudadanos, no sólo para quien pueda pagarla.
FP. ¿Cuántas empresas se dedican a esta actividad en el mundo y cuánto dinero mueven?
JLGP. Mueven entre 100 y 200 mil millones de dólares anuales. El número de empresas no lo sabemos con exactitud, pero cada vez hay más. Es un fenómeno muy anglosajón, prácticamente el 70% están en EU y Gran Bretaña, pero también en Israel, Canadá, Australia o España. El auge de estas empresas ha llegado al punto de que a muchas se les conoce como las “empresas del maletín”, porque no tienen oficina y, aún así, se presentan a los contratos públicos o privados. Y también se dan subcontrataciones: algunas firman contratos con el Pentágono y luego estas mismas subcontratan a otras para según que funciones, que a su vez subcontrata a otra empresa, pero ya fuera de Estados Unidos, buscando precios más baratos en Europa del Este o América Latina o últimamente en África, que es lo más barato.
FP. ¿Ha recibido amenazas o presiones por el trabajo que realiza en la ONU?
JLGP. Sí, más que amenazas una enorme presión, sobre todo desde los países donde este negocio está más desarrollado, que son los mismos que siempre votan en contra de las resoluciones de la ONU para regular estas empresas. También recibimos presión de la industria en general y de las compañías en particular, que ni siquiera quieren que les nombremos, cuando lo hacemos se nos echan encima porque tienen unos beneficios colosales. En el contexto de la crisis que estamos padeciendo, estas empresas no solamente no han perdido dinero, sino que han ganado, han obtenido más beneficios que nunca. Están en expansión, principalmente en EU y Gran Bretaña, aunque últimamente también están entrando con fuerza en este mercado países europeos, entre ellos España. Es un gran negocio con muchos beneficios porque hay mucha demanda.
José Luis Gómez del Prado, de 73 años, preside el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Utilización de Mercenarios desde el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra.
martes, 17 de mayo de 2011
Pescanova 'blinda' sus barcos con las Fuerzas Armadas de Mozambique
Patrulleras de Rodman
Bajo esta premisa, mientras negociaba la liberación de los dos marineros gallegos del Vega 5 (que llegarán a España en las próximas horas tras el pago de 3,5 millones), ha forjado un doble entramado de seguridad para su flota, financiando el entrenamiento y los equipos del ejército mozambiqueño.En primer lugar, el gigante pesquero ha contratado los servicios de Segur Ibérica, que ya se encarga de la protección de los atuneros españoles. Dado que los buques de Pescanova tienen bandera de Mozambique, la firma de seguridad sólo se hará cargo de formar y asesorar a los miembros del ejército de la nación africana, tal como ha podido saber EXPANSIÓN. Por lo tanto, habrá militares de este país en las embarcaciones de Pescamar para repeler ataques.
En los atuneros españoles hay cuatro vigilantes, que pasan periodos de cuatro meses en la mar junto con las tripulaciones y están equipados con armamento suministrado por el grupo Santa Barbara-General Dinamycs. Su arsenal consiste en fusiles de asalto HKG36 y ametralladoras medias (MG42). Sin embargo, los barcos que utiliza la filial africana de Pescanova son de una dimensión menor, por lo que necesitarán menos personal armado a bordo.
Ley de Seguridad
La ley de Seguridad Privada no permite que una compañía española preste servicios militares (menos aún fuera de nuestras fronteras), ya que este tipo de firmas se consideran, estrictamente, como colaboradoras de las fuerzas de seguridad del Estado. La única excepción es, precisamente, el servicio a los 16 atuneros que faenan en el Índico. Además, se parte de la base de que, al estar bajo pabellón español, estos vigilantes hacen su labor en territorio nacional.
El papel de Segur Ibérica, por lo tanto, no puede ir más allá que el de asesores. Desde esta posición, le puede proporcionar a Pescanova dos ventajas. Por un lado, se sirven de la experiencia acumulada por la compañía en los últimos dos años a bordo de embarcaciones como el Alakrana. En paralelo, Segur Ibérica mantiene relaciones privilegiadas con el ministerio de Defensa español. De hecho, el departamento que dirige Carme Chacón se encarga de la formación de los vigilantes y del traslado del material bélico que esta sociedad privada utiliza en los atuneros.
Patrulleras de Rodman
Junto a este tipo de protección, Pescanova ha respaldado la compra de diez patrulleras de doce metros de eslora para la Marina de Guerra de Mozambique, que tienen la misión de completar la defensa de sus buques.
Las embarcaciones, fabricadas en Vigo por la compañía Rodman (proveedor de la Guardia Civil), se entregaron el pasado marzo. Un grupo de pilotos del país africano ha recibido formación específica para su manejo en el puerto deportivo de Punta Lagoa (Vigo), dada la inexperiencia con estas naves del ejército de la nación del Índico.
La extensión de la piratería somalí obliga a tomar este tipo de medidas. Hay tres operaciones internacionales desplegadas en el Golfo de Aden: Atalanta (liderada por la UE); Ocean Shield (Otan); y CTF-151 (EEUU). La fuerte vigilancia en esta zona ha provocado que los ataques se dispersen y actúen en un radio cada vez más amplio, tal como quedó demostrado con el episodio del Vega 5.
Un difícil 2011
Los analistas vaticinan que en 2011 se batirán todos los récords en los asaltos piráticos. En 2005 se registraron 35 ataques. En 2010 la cifra se elevó a 219, y en el presente año se espera que haya una media de más de un ataque al día (en enero se sufrieron hasta 35 agresiones).
El coste medio de un rescate en 2005 era de 150.000 dólares, frente a los más de 5,4 millones de dólares que se pagaron en 2010. También crece la duración de los secuestros. El pasado año la media era de 80 días. Los marineros del ‘Vega 5’ han estado casi el doble.
acuerdo entre la empresa Secatpol y la FES-UGT POR LA ADQUISICION DE LOS NUEVOS DISTINTIVOS
Esta sección sindical informa de que la Fes -UGT y Secatpol llegaron a un acuerdo con esta empresa, la cual confecciona las nuevas placas flexibles con velcro.
El precio por cada placa es de 7 euros.
Teneis que aportar fotocopia del DNI y TIP acordaros de llevar el carné de la UGT.
La dirección es c/Tánger 51 metro L-1 estación Glorias. BARCELONA
El precio por cada placa es de 7 euros.
Teneis que aportar fotocopia del DNI y TIP acordaros de llevar el carné de la UGT.
La dirección es c/Tánger 51 metro L-1 estación Glorias. BARCELONA
lunes, 16 de mayo de 2011
En Colombia también se blindan blusas y camisas
Miguel Caballero es un diseñador colombiano que ha logrado posicionar sus prendas en el mercado mundial. Quienes gustan de sus productos ya sea en Colombia, en países de Centroamérica o del Medio Oriente, pagan entre US$900 y US$2.000 por una camisa o un abrigo.
Pero sus prendas tienen una característica especial, se trata de ropa blindada orientada hacia ejecutivos, embajadores, altos mandatarios gubernamentales y en general personas que temen por algún problema de inseguridad. La han usado personajes como el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y artistas como Steven Seagal.
Su negocio se ha extendido a muchas partes en el mundo y hoy exporta el 95% de su producción. “Tenemos una planta en el país con 250 empleados dedicados a producir las prendas exclusivas, iniciamos haciendo chalecos y evolucionamos haciendo variedad de prendas, nuestra clave es que el producto pase inadvertido”, dijo el diseñador que lleva casi 20 años en el mercado.
Las camisas, blusas, chaquetas, abrigos, chalecos y ropa militar blindada son sólo una línea de una industria en crecimiento. Colombia es hoy un país exportador de productos blindados, tanto de prendas como de autos que se transforman en el país.
Cifras preliminares de la Superintendencia de Vigilancia Privada sobre el comportamiento de la industria en el 2010, muestran que las firmas blindadoras reportaron ingresos por $92.647 millones durante el año pasado, lo que muestra un crecimiento de 8,31% frente al 2009 y las utilidades de las mismas crecieron casi 100% en el último año.
Asimismo, las compañías que transportan valores en el territorio nacional tuvieron ventas por $268.072 millones el año pasado. Todo el sector de seguridad registró ingresos operativos por $4,3 billones en el 2010.
Más exportaciones
Iván Férez Díaz, es el gerente de Armtrans Ltda., una compañía mediana que arrienda y blinda carros. “La industria en Colombia ha crecido mucho, estamos en un punto alto compitiendo con empresarios de Israel y Estados Unidos, y exportando a regiones como Afganistán y Yemen”, cuenta el empresario nacional.
La ventaja de Colombia, según el ejecutivo, es que la industria ofrece un producto de calidad y a costos más económicos. Blindar un vehículo vale, de acuerdo con el nivel de protección que el cliente busque, entre los US$30.000 y US$100.000, mientras que en Estados Unidos cuesta unos US$200.000.
Por eso embajadas, gobiernos como el de Argentina, México, Guatemala y de países de Europa y Medio Oriente prefieren enviar sus vehículos a Colombia, los cuales en la mayoría de los casos entran a zona franca, donde se hace el blindaje y desde ahí se regresan nuevamente a sus países de origen. También se venden kids de blindaje, donde se arman las partes y se le envía al cliente en el país que éste se encuentre.
Se calcula que la industria del blindaje, que está conformada por unas 18 empresas nacionales, entre ellas 4 en Cali, exporta más del 50% de su trabajo.
En el caso de Armtrans, el año pasado blindaron unos 1.200 vehículos y la meta para el 2011 son 1.500, que en su mayoría se irán al exterior, mercados que han logrado participando de licitaciones, en muchos casos del Departamento de Estado en EE.UU., no sólo para ese país, sino para otros dónde tienen presencia con embajadas.
Otras compañías del sector como Blindcorp venden también en Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Kuwait, Líbano, entre otros países.
Las directivas de esta empresa estiman que han blindado en los últimos años, unos 2.000 vehículos en Colombia y más de 5.000 en América Latina.
Juan Luis Gutiérrez, director ejecutivo de Andevip, afirmó que el sector de la seguridad privada con todas sus actividades complementarias genera 190.000 empleos directos en el país.
Destacó que la experiencia de 40 años que tiene la industria nacional, le ha permitido competir en el mercado internacional y ser además asesores en temas de seguridad para multinacionales y muchos gobiernos que afrontan hoy problemáticas que ha vivido el país en el pasado.
“Hemos alcanzado un crecimiento sostenido y en los próximos años habrá un salto cualitativo, porque el Gobierno Nacional quiere que el sector de la seguridad privada asuma tareas de vigilancia en otros campos como la industria minera, los espectáculos públicos, entre otras opciones. Para ello se requieren de ajustes legales, pero una vez se logre eso significará mayores posibilidades de empleo”, anunció.
¿Qué se blinda?
Cada compañía en el país tiene un portafolio diferenciado de productos, según el nivel de protección que se requiera. Lo más usado en Cali, explicaron voceros de una de las blindadoras de la ciudad, es un nivel medio antiatraco o antivandalismo que cuesta unos $43 millones, pero para niveles más altos la inversión puede ascender a $125 millones.
Se blindan carros de 3.000 cc, aunque algunos empresarios aseguran que vehículos más pequeños pueden soportar niveles bajos de protección, en especial ahora que los avances tecnológicos han permitido que los materiales que se usan en el proceso sean un poco más livianos.
Otro de los productos que más salida tiene en la industria del blindaje es el chaleco antibalas, que dependiendo de sus características, tiene un precio entre $3 millones y $6 millones.
En el sector estatal y militar se blindan lanchas, helicópteros, tanquetas, entre otros elementos de defensa.
Está en auge el blindaje arquitectónico de puertas y ventanas. En Cali hay empresas como Arquiseg dedicadas a esta actividad.
Según Orlando Puente, representante de la compañía, está línea tiene una demanda creciente en nichos específicos de mercado. Explicó por ejemplo, que cuando se hace un blindaje para puertas el marco debe ser reforzado, las chapas deben ser de seguridad, al igual que las bisagras.
Un blindaje III (protege de ataques realizados con armas cortas), para una puerta vale $2.800.000, pero ese valor puede variar si se requiere de un nivel más alto de protección u otro tipo de accesorios.
Asimismo, en las ventanas la inversión depende del espesor del vidrio, pero el promedio es de $2.500.000.
En Colombia el arrendamiento de carros blindados generó ingresos en el 2010 por más de $11.000 millones por parte de 17 empresas que ofrecen este servicio. En Bogotá arrendar uno de estos vehículos vale $850.000 día, incluyendo el conductor y el combustible y cuesta un poco más en otras regiones de país como la Costa Atlántica.
Hoy, en el país, de la seguridad o inseguridad de la ciudades, dependen unas 687 compañías formales, de las cuales más del 50% son firmas de vigilancia.
miércoles, 11 de mayo de 2011
La presentación de un vídeo inédito da un vuelco al juicio contra el yerno de los Tous
Los abogados del acusado de matar a un ladrón ocultaron la filmación durante años para que el jurado fuese el primero en verla
La defensa del yerno y jefe de seguridad del matrimonio Tous, Lluís Corominas, presentó ayer un vídeo inédito sobre los hechos -la muerte por disparo de un ladrón-, filmado desde una de las cámaras de seguridad del chalé de los joyeros, que había mantenido oculto para que el jurado fuera el primero en verlo. La presentación de esta nueva prueba forzó el aplazamiento hasta hoy del juicio, que ayer debía iniciarse con la declaración del procesado, para quien la Fiscalía pide once años de prisión por matar de un disparo a un presunto ladrón que supuestamente había intentado entrar a robar en el chalé de los Tous en Sant Fruitós del Bages (Barcelona).
Las acusaciones solicitaron tiempo para poder visionar las imágenes incorporadas como nueva prueba antes de pronunciarse y de que la magistrada decida si las admite, por lo que el juicio no se reanudará hasta hoy.
Los vídeos que ayer presentó la defensa de Corominas, representado por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Carlos Bueren, consisten en la grabación de la cámara de seguridad situada en el interior de la garita del vigilante que avisó al acusado de la presencia de unos intrusos en el chalé de sus suegros. También aportaron un segundo vídeo que simultanea cuatro imágenes distintas, tres de ellas procedentes de cámaras de seguridad -situadas en la puerta, en el chalé y en la garita de la finca- y una cuarta edición videográfica previamente montada que resume los hechos.
La defensa de Corominas justificó que hasta ahora no haya presentado el nuevo vídeo, pese a los cuatro años y medio transcurridos desde el inicio de la instrucción de la causa, en su voluntad de «no devaluar» la prueba exponiéndose a que fuera vista en los medios de comunicación antes que por el jurado.
Las filmaciones de la cámara de seguridad de la garita del vigilante corresponden al día del homicidio, el 9 de diciembre de 2006, y también a la tarde del 6 de diciembre, cuando tuvo lugar otro intento de robo en el chalé de los joyeros Tous.
Junto a los nuevos vídeos, los abogados del yerno de los Tous presentaron la transcripción bajo notario de las conversaciones que mantuvo el acusado con el vigilante de seguridad que le llamó para alertarle de la presencia de unos intrusos. Tanto esas conversaciones como el vídeo de la garita son claves para la defensa de Corominas, que trata de probar que el acusado acudió armado hasta el chalé de sus suegros porque así se lo pidió el guarda de seguridad y que disparó contra los presuntos ladrones atenazado por el terror que le provocaban los asaltantes, al mismo tiempo que mantenía contacto telefónico con el vigilante. La Fiscalía pidió ayer que se admitan una quincena de pruebas más, entre ellas una actualización del historial laboral del procesado.
Consell y Delegación del Gobierno subrayan la labor de la seguridad privada como complemento a los cuerpos de seguridad
Intorerable, increible menuda geta tienen estos.
Pagar lo que deveis primero a las empresas de seguridad y dejar de marear la perdiz.
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la delegada del Gobierno, Ana Botella, han destacado este miércoles la labor que desempeña la seguridad privada como complemento y subordinación al de la seguridad pública, tal y como establece la normativa, durante la celebración del 4º Día de la Seguridad Privada en la Comunitat Valenciana.
Castellano, quien ha dado la enhorabuena a los 178 profesionales que han recibido una Distinción o Mención Honorífica por su trabajo, ha indicado que garantizar la seguridad y proteger la vida "es responsabilidad directa de los poderes públicos, pero la creciente preocupación por la seguridad ha generado que esta función se haya hecho extensiva al sector privado".
Por ello, ha agregado, "siempre en coordinación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lográis garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Así, es obligación de las administraciones trabajar codo con codo con todos vosotros para tomar las medidas oportunas y las políticas correctas para hacer frente a la inseguridad", ha añadido.
Castellano ha señalado que no hay que "infrautilizar ningún tipo de recursos" para rebajar las tasas de criminalidad. El titular de Gobernación también se ha referido a la dinámica de crecimiento negativo que ha sufrido el sector debido a la crisis, tal y como se refleja en los Informes Económicos de 2009 y 2010. La demanda en vigilancia disminuyó en un 2,5% en el segundo trimestre de 2010, respecto a 2001, mientras que el descenso del transporte de fondos se situó en un 4,52%.
Además, ha indicado el conseller, "a ello se une el problema del intrusismo de aquellas empresas que no cuentan con la autorización administrativa requerida para la prestación de los servicios de seguridad o realizan el trabajo por un coste más económico al no cumplir con las obligaciones tributarias, por lo que el conseller ha abogado "por cortar de raíz esta situación intensificando los requisitos, entre otras medidas".
Según Castellano, estos datos contrastan con "positiva" percepción que los ciudadanos tienen respecto a los servicios de seguridad privada, como indica un Informe sociológico del sector y ha agregado que "queda patente que ese excelente servicio que realizan los cerca de 100.000 profesionales de este sector en España se ha consolidado y se encuentra bien reconocido por la ciudadanía. Además, con el esfuerzo de todos en una misma dirección, podremos resolver los desafíos actuales", ha concluido.
Por su parte, la delegada del Gobierno Ana Botella, ha indicado que "la sociedad es muy compleja" y que hay que "garantizar la seguridad como un bien democrático al que accedan todos los ciudadanos" y que no exista discriminación por el lugar en el que residan.
Asimismo, ha manifestado que hay "huecos de mercado que la sociedad va generando y da margen para que haya una actividad empresarial privada, que además va trabajando de manera cada vez más profesional colaborando siempre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumplimiento de la legalidad vigente" y ha destacado la línea de "colaboración y complementariedad".
Pagar lo que deveis primero a las empresas de seguridad y dejar de marear la perdiz.
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y la delegada del Gobierno, Ana Botella, han destacado este miércoles la labor que desempeña la seguridad privada como complemento y subordinación al de la seguridad pública, tal y como establece la normativa, durante la celebración del 4º Día de la Seguridad Privada en la Comunitat Valenciana.
Castellano, quien ha dado la enhorabuena a los 178 profesionales que han recibido una Distinción o Mención Honorífica por su trabajo, ha indicado que garantizar la seguridad y proteger la vida "es responsabilidad directa de los poderes públicos, pero la creciente preocupación por la seguridad ha generado que esta función se haya hecho extensiva al sector privado".
Por ello, ha agregado, "siempre en coordinación y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lográis garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Así, es obligación de las administraciones trabajar codo con codo con todos vosotros para tomar las medidas oportunas y las políticas correctas para hacer frente a la inseguridad", ha añadido.
Castellano ha señalado que no hay que "infrautilizar ningún tipo de recursos" para rebajar las tasas de criminalidad. El titular de Gobernación también se ha referido a la dinámica de crecimiento negativo que ha sufrido el sector debido a la crisis, tal y como se refleja en los Informes Económicos de 2009 y 2010. La demanda en vigilancia disminuyó en un 2,5% en el segundo trimestre de 2010, respecto a 2001, mientras que el descenso del transporte de fondos se situó en un 4,52%.
Además, ha indicado el conseller, "a ello se une el problema del intrusismo de aquellas empresas que no cuentan con la autorización administrativa requerida para la prestación de los servicios de seguridad o realizan el trabajo por un coste más económico al no cumplir con las obligaciones tributarias, por lo que el conseller ha abogado "por cortar de raíz esta situación intensificando los requisitos, entre otras medidas".
Según Castellano, estos datos contrastan con "positiva" percepción que los ciudadanos tienen respecto a los servicios de seguridad privada, como indica un Informe sociológico del sector y ha agregado que "queda patente que ese excelente servicio que realizan los cerca de 100.000 profesionales de este sector en España se ha consolidado y se encuentra bien reconocido por la ciudadanía. Además, con el esfuerzo de todos en una misma dirección, podremos resolver los desafíos actuales", ha concluido.
Por su parte, la delegada del Gobierno Ana Botella, ha indicado que "la sociedad es muy compleja" y que hay que "garantizar la seguridad como un bien democrático al que accedan todos los ciudadanos" y que no exista discriminación por el lugar en el que residan.
Asimismo, ha manifestado que hay "huecos de mercado que la sociedad va generando y da margen para que haya una actividad empresarial privada, que además va trabajando de manera cada vez más profesional colaborando siempre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumplimiento de la legalidad vigente" y ha destacado la línea de "colaboración y complementariedad".
martes, 10 de mayo de 2011
El Consell debe tres millones a la empresa que vigilaba los juzgados
Mantuvo el servicio dos años sin contrato y lo adjudicó después a otra compañía
ADOLF BELTRAN - Valencia - 10/05/2011
Cerca de tres millones de euros debe el Consell que preside Francisco Camps a una empresa que durante cuatro años fue la encargada de la vigilancia de las principales sedes judiciales valencianas. La empresa, que atraviesa por serias dificultades económicas, ha reclamado judicialmente el pago de la deuda y ha denunciado a la Generalitat. Los vigilantes de seguridad prestaban en muchos casos sus servicios conjuntamente con la Guardia Civil.
La vigilancia de instalaciones judiciales como la Ciudad de la Justicia de Valencia o los palacios de justicia de Alicante, Castellón, Elche, Benidorm, Orihuela, Sagunto, Novelda o Elda, así como otras oficinas y archivos judiciales, se prestó entre marzo de 2007 y marzo de 2009 sin que existiera un contrato que diese cobertura al servicio. La empresa Grupo Cettsa Seguridad, SA, ganó el concurso en 2005 y su contrato, por un importe de 1,5 millones de euros, se prorrogó un año, como permite la ley. A partir de ese momento, a petición de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Paula Sánchez de León, la compañía mantuvo el servicio a la espera de que se convocase un nuevo concurso. Este concurso fue ganado por otra empresa y cesó la actuación de Cettsa. Sin embargo, la firma de seguridad no ha cobrado el trabajo realizado prácticamente durante todo ese periodo, entre octubre de 2007 y marzo de 2009.
Antonio Gastaldi, director general de Justicia y Menor -que desde hace unos meses depende funcionalmente del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ya que se hizo cargo de las competencias de Sánchez de León cuando esta asumió la coordinación de la campaña del PP- certificó en febrero de 2010 que facturas por un importe de 2,7 millones de euros correspondían a "servicios prestados" por Cettsa "como continuidad de los establecidos en las cláusulas administrativas particulares del contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y locales de diversos órganos judiciales de la Comunidad Valenciana". El director general añadía que "la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas procederá al pago de estas facturas una vez exista crédito presupuestario adecuado y suficiente".
Las dificultades para hacer frente a gastos corrientes e impagos lastran la Administración autonómica desde hace varios años, lo que ha generado protestas de acreedores y empresas concesionarias.
Miguel Ángel Evole, director de zona de Grupo Sequor, nombre actual del antiguo Grupo Cettsa Seguridad, reconoció ayer que su empresa denunció a la Generalitat en julio del año pasado para tratar de cobrar la deuda y los intereses de demora. "Nos pidieron que siguiéramos prestando el servicio hasta que lo sacaran a concurso", señaló Evole, cuya compañía cedió paso a un nuevo adjudicatario sin que el Consell haya liquidado sus honorarios.
"Hemos tenido que pedir aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social", explicó el director de zona de Sequor, una empresa con una plantilla de unos 1.600 trabajadores. "Tenemos serias dificultades y probablemente no podremos hacer efectiva la paga extra de verano, lo que puede causar conflictos sociales con repercusiones en nuestros clientes". Los responsables de la empresa de seguridad, según explicó Evole, han tenido contactos al máximo nivel en diversas ocasiones con responsables de la consejería. "Tenéis razón, nos dijeron en una reunión", rememora el directivo. Pero no han cobrado.Técnicos de la Administración reconocieron a este periódico que la prórroga por un año era perfectamente legal siempre que esa posibilidad figurara en el pliego de condiciones por el que se adjudicó el concurso, pero mostraron su extrañeza por las sucesivas prórrogas durante dos años más. "Lo normal", según señalaron a este periódico, "es que la prórroga no supere el plazo necesario para la redacción de un nuevo pliego de condiciones y la adjudicación del concurso".
ADOLF BELTRAN - Valencia - 10/05/2011
Cerca de tres millones de euros debe el Consell que preside Francisco Camps a una empresa que durante cuatro años fue la encargada de la vigilancia de las principales sedes judiciales valencianas. La empresa, que atraviesa por serias dificultades económicas, ha reclamado judicialmente el pago de la deuda y ha denunciado a la Generalitat. Los vigilantes de seguridad prestaban en muchos casos sus servicios conjuntamente con la Guardia Civil.
La vigilancia de instalaciones judiciales como la Ciudad de la Justicia de Valencia o los palacios de justicia de Alicante, Castellón, Elche, Benidorm, Orihuela, Sagunto, Novelda o Elda, así como otras oficinas y archivos judiciales, se prestó entre marzo de 2007 y marzo de 2009 sin que existiera un contrato que diese cobertura al servicio. La empresa Grupo Cettsa Seguridad, SA, ganó el concurso en 2005 y su contrato, por un importe de 1,5 millones de euros, se prorrogó un año, como permite la ley. A partir de ese momento, a petición de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige Paula Sánchez de León, la compañía mantuvo el servicio a la espera de que se convocase un nuevo concurso. Este concurso fue ganado por otra empresa y cesó la actuación de Cettsa. Sin embargo, la firma de seguridad no ha cobrado el trabajo realizado prácticamente durante todo ese periodo, entre octubre de 2007 y marzo de 2009.
Antonio Gastaldi, director general de Justicia y Menor -que desde hace unos meses depende funcionalmente del consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ya que se hizo cargo de las competencias de Sánchez de León cuando esta asumió la coordinación de la campaña del PP- certificó en febrero de 2010 que facturas por un importe de 2,7 millones de euros correspondían a "servicios prestados" por Cettsa "como continuidad de los establecidos en las cláusulas administrativas particulares del contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y locales de diversos órganos judiciales de la Comunidad Valenciana". El director general añadía que "la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas procederá al pago de estas facturas una vez exista crédito presupuestario adecuado y suficiente".
Las dificultades para hacer frente a gastos corrientes e impagos lastran la Administración autonómica desde hace varios años, lo que ha generado protestas de acreedores y empresas concesionarias.
Miguel Ángel Evole, director de zona de Grupo Sequor, nombre actual del antiguo Grupo Cettsa Seguridad, reconoció ayer que su empresa denunció a la Generalitat en julio del año pasado para tratar de cobrar la deuda y los intereses de demora. "Nos pidieron que siguiéramos prestando el servicio hasta que lo sacaran a concurso", señaló Evole, cuya compañía cedió paso a un nuevo adjudicatario sin que el Consell haya liquidado sus honorarios.
"Hemos tenido que pedir aplazamientos de los pagos a la Seguridad Social", explicó el director de zona de Sequor, una empresa con una plantilla de unos 1.600 trabajadores. "Tenemos serias dificultades y probablemente no podremos hacer efectiva la paga extra de verano, lo que puede causar conflictos sociales con repercusiones en nuestros clientes". Los responsables de la empresa de seguridad, según explicó Evole, han tenido contactos al máximo nivel en diversas ocasiones con responsables de la consejería. "Tenéis razón, nos dijeron en una reunión", rememora el directivo. Pero no han cobrado.Técnicos de la Administración reconocieron a este periódico que la prórroga por un año era perfectamente legal siempre que esa posibilidad figurara en el pliego de condiciones por el que se adjudicó el concurso, pero mostraron su extrañeza por las sucesivas prórrogas durante dos años más. "Lo normal", según señalaron a este periódico, "es que la prórroga no supere el plazo necesario para la redacción de un nuevo pliego de condiciones y la adjudicación del concurso".
lunes, 9 de mayo de 2011
Crean una asociación de vigilantes de seguridad privada en aeropuertos
«La sociedad Aeropuestos Españoles y Navegación Aérea (AENA) comercia bajo una seriedad aparente un asunto tan importante como la seguridad en los aeropuertos». Es uno de los argumentos que ha llevado a tres profesionales del sector a formalizar una asociación destinada a defender sus derechos.
El promotor del proyecto es Antonio Vidal, con más de 27 años de experiencia. Según los estatutos de la asociación, «ante el incumplimiento de la normativa vigente, irregularidades de todo tipo, y la estrategia empresarial de amedrentar individualmente a los profesionales, unimos el pensamiento y las fuerzas en la realización de una asociación sin ánimo de lucro para poder ejercer la acción administrativa con el fin de proveer de un instrumento de interés general».
La entidad se ha bautizado como 'Asociación y Vigilancia'. Sus integrantes consideran que «la seguridad aeroportuaria es puro maquillaje comercial en nada parecido a la seguridad real, puesto que sólo sirve para un teatro de economía de los tiempos».
Los responsables de esta situación, según Vidal, son la entidad pública AENA y las empresas contratistas, que «no respetan ni una sola de las normas a las que tiene que atenerse, en el ámbito laboral y profesional, en concordancia con lo que se espera de un servicio público de calidad».
Desde su punto de vista, este modo de trabajo está basado en «la coacción y amenazas continuas». Un ejemplo de esta «grave» situación, afirma Vidal, se está dando en el aeropuerto de San Javier, en el que «los vigilantes están siendo despedidos, sancionados, coaccionados y discriminados; en mi caso por decir las cosas claras y no comulgar con ruedas de molino».
Su acusación «contra AENA y la contrata» se tramita en los tribunales, y, enfatiza, es su última esperanza «para que se haga justicia». 'Asociación y Vigilancia' ha presentado denuncias ante la Delegación del Gobierno de Murcia y escritos ante AENA para exponer esta situación «de explotación» y demandar «un giro radical» en el trato de los vigilantes de seguridad aeroportuarios.
'La Verdad' ha intentado conocer la versión de AENA sobre estas denuncias, pero no ha recibido respuesta.
El promotor del proyecto es Antonio Vidal, con más de 27 años de experiencia. Según los estatutos de la asociación, «ante el incumplimiento de la normativa vigente, irregularidades de todo tipo, y la estrategia empresarial de amedrentar individualmente a los profesionales, unimos el pensamiento y las fuerzas en la realización de una asociación sin ánimo de lucro para poder ejercer la acción administrativa con el fin de proveer de un instrumento de interés general».
La entidad se ha bautizado como 'Asociación y Vigilancia'. Sus integrantes consideran que «la seguridad aeroportuaria es puro maquillaje comercial en nada parecido a la seguridad real, puesto que sólo sirve para un teatro de economía de los tiempos».
Los responsables de esta situación, según Vidal, son la entidad pública AENA y las empresas contratistas, que «no respetan ni una sola de las normas a las que tiene que atenerse, en el ámbito laboral y profesional, en concordancia con lo que se espera de un servicio público de calidad».
Desde su punto de vista, este modo de trabajo está basado en «la coacción y amenazas continuas». Un ejemplo de esta «grave» situación, afirma Vidal, se está dando en el aeropuerto de San Javier, en el que «los vigilantes están siendo despedidos, sancionados, coaccionados y discriminados; en mi caso por decir las cosas claras y no comulgar con ruedas de molino».
Su acusación «contra AENA y la contrata» se tramita en los tribunales, y, enfatiza, es su última esperanza «para que se haga justicia». 'Asociación y Vigilancia' ha presentado denuncias ante la Delegación del Gobierno de Murcia y escritos ante AENA para exponer esta situación «de explotación» y demandar «un giro radical» en el trato de los vigilantes de seguridad aeroportuarios.
'La Verdad' ha intentado conocer la versión de AENA sobre estas denuncias, pero no ha recibido respuesta.
Plataforma por el Reconocimiento del Vigilante de Seguridad y sus Especialidades
Se crea la PRVSE, 1ª plataforma de seguridad sin animo de lucro
Cansados de que nunca se valore la figura del Vigilante de Seguridad y se reconozca que somos personas que nos jugamos la vida cada dia, se crea la PRVSE.
A todos los Vigilantes de Seguridad y Especialidades:
Como bien sabéis el pasado día 1 de Abril, un compañero(en la estación de RENFE en Castelldefells) sufrió una agresión durante la prestación de su servicio que tuvo como resultado “LA MUERTE”, con motivo de este atentado sobre la persona de Rafael un grupo de Vigilantes iniciamos un movimiento de repulsa a través de Facebook “VIGILANTES DE SEGURIDAD, SOMOS PERSONAS Y NOS JUGAMOS LA VIDA CADA DIA” con el fin de dar a conocer a toda la opinión pública la situación en que se encuentran los trabajadores del sector de Seguridad Privada, viendo la aceptación que tuvo este grupo por parte de todas las personas, bien por pertenecer al sector o bien por tener relación cercana con el mismo, familiares, clientes, patronal, sindicatos, medios de comunicación, etc.… nos vimos en la necesidad de crear la 1ª PLATAFORMA POR EL RECONOCIMIENTO DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SUS ESPECIALIDADES, desde esta plataforma queremos hacer ver que todos los que nos dedicamos al sector de Seguridad Privada nos merecemos el reconocimiento de la opinión pública debido al servicio que prestamos a las personas.
Queremos hacer saber a todos los compañeros del sector que el fin de esta Plataforma, no es otra que unir al sector y dignificar nuestra profesión, dirigiéndonos para ello a los medios de comunicación, Ministerio del Interior, etc.…
A continuación os indico alguna de las demandas que en un principio y en nombre de todos desde esta Plataforma vamos a hacer a quien corresponda:
• Este colectivo tras los últimos acontecimientos y la indefensión por parte del Gobierno, patronal y sindicatos, mediante este movimiento espontáneo del sector, pretendemos nos sea reconocida nuestra profesión en todos sus aspectos (que no se nos vuelva a involucrar en temas relacionados con cualquier persona, que sin habilitación alguna, realice labores de vigilancia o seguridad), prestando servicio y cayendo en el intrusismo.
• Que seamos reconocidos como Agentes de la Autoridad, ya que somos auxiliares de las FFCC de Seguridad del Estado y cuando las auxiliamos, lo somos (y de no hacerlo, perdemos la habilitación como tal).Estamos ante la tesitura de, si realizas bien tu trabajo, puede recaer sobre tu persona el delito de abuso de autoridad (cuando legalmente, no lo somos), y si no lo haces, puedes llegar a perder la habilitación ante la pasividad ante hechos delictivos, una incongruencia.
• La Unidad Central de la Policía Nacional delegando en sus comisarias, es la encargada del Visado de los contratos presentados para la prestación de servicios de seguridad privada, vamos a solicitar al Ministerio del Interior, que todos los servicios de Seguridad Privada sean prestados con arma, así como que los servicios sean prestados por un mínimo de dos agentes al igual que hacen los FFCC, eso salvaguardaría la integridad física del equipo, como de las instalaciones y ciudadanía en general ya que una sola persona se enfrenta a una total indefensión ante una agresión.
• Que mediante inspecciones, se proceda a demandar a las empresas tanto contratantes como contratadas y a sus trabajadores, que estuvieran ejerciendo labores de seguridad ilícitas y sin habilitación alguna, tal y como refleja la Ley de Seguridad Privada, vamos a solicitar al Ministerio del Interior, tome cartas en el asunto al respecto del intrusismo, para que este se acabe y no nos salpique mas a nuestra figura, que se acabe el intrusismo y todo aquel que quiera trabajar en nuestro sector sea portador del pertinente TIP homologado.
• Que no salgan mas convocatorias que las estrictamente necesarias, el sector sufre una saturación de personal que se ve acrecentada con la crisis, que no beneficia nada más que a la Administración, academias y empresas, pero contribuye y bastante al desempleo que se ve incrementado en el sector.
• Desde esta Plataforma vamos a atender todas las demandas de los trabajadores del sector siempre que se consideren coherentes.
Sin mas que deciros por el momento y esperando que esta plataforma sea aceptada por todos y valoremos la necesidad del cambio que necesita el sector, os invitamos a todos a participar con nosotros en esta andadura, en un principio hemos iniciado la recogida de firmas para que el Ministerio del Interior revise la Ley de Seguridad Privada y nos reconozca el CARÁCTER DE AGENTE DE LA AUTORIDAD EN EL EJERCICIO DE NUESTRAS FUNCIONES, esta es la primera de muchas acciones que seguirán hasta conseguir que se dignifique el sector.
Os pedimos que estampéis vuestra firma y hagáis correr la voz de la necesidad que tenemos de vuestra colaboración.
Sin más y poniéndonos a vuestra entera disposición, os podéis dirigir a nosotros vía mail aplataformaseguridad@yahoo.es o bien visitar nuestro blog http://plataformaseguridad.blogspot.com, recordar que esto es por un bien común y necesitamos vuestro apoyo para llegar a buen fin.
Un saludo,
PLATAFORMA POR EL RECONOCIMIENTO DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SUS ESPECIALIDADES.
Detalles del contacto:
Plataforma por el Reconocimiento del Vigilante de Seguridad y sus Especialidades, PRVSE.
Cartagena
Murcia
Móvil: 608771600
Cansados de que nunca se valore la figura del Vigilante de Seguridad y se reconozca que somos personas que nos jugamos la vida cada dia, se crea la PRVSE.
A todos los Vigilantes de Seguridad y Especialidades:
Como bien sabéis el pasado día 1 de Abril, un compañero(en la estación de RENFE en Castelldefells) sufrió una agresión durante la prestación de su servicio que tuvo como resultado “LA MUERTE”, con motivo de este atentado sobre la persona de Rafael un grupo de Vigilantes iniciamos un movimiento de repulsa a través de Facebook “VIGILANTES DE SEGURIDAD, SOMOS PERSONAS Y NOS JUGAMOS LA VIDA CADA DIA” con el fin de dar a conocer a toda la opinión pública la situación en que se encuentran los trabajadores del sector de Seguridad Privada, viendo la aceptación que tuvo este grupo por parte de todas las personas, bien por pertenecer al sector o bien por tener relación cercana con el mismo, familiares, clientes, patronal, sindicatos, medios de comunicación, etc.… nos vimos en la necesidad de crear la 1ª PLATAFORMA POR EL RECONOCIMIENTO DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SUS ESPECIALIDADES, desde esta plataforma queremos hacer ver que todos los que nos dedicamos al sector de Seguridad Privada nos merecemos el reconocimiento de la opinión pública debido al servicio que prestamos a las personas.
Queremos hacer saber a todos los compañeros del sector que el fin de esta Plataforma, no es otra que unir al sector y dignificar nuestra profesión, dirigiéndonos para ello a los medios de comunicación, Ministerio del Interior, etc.…
A continuación os indico alguna de las demandas que en un principio y en nombre de todos desde esta Plataforma vamos a hacer a quien corresponda:
• Este colectivo tras los últimos acontecimientos y la indefensión por parte del Gobierno, patronal y sindicatos, mediante este movimiento espontáneo del sector, pretendemos nos sea reconocida nuestra profesión en todos sus aspectos (que no se nos vuelva a involucrar en temas relacionados con cualquier persona, que sin habilitación alguna, realice labores de vigilancia o seguridad), prestando servicio y cayendo en el intrusismo.
• Que seamos reconocidos como Agentes de la Autoridad, ya que somos auxiliares de las FFCC de Seguridad del Estado y cuando las auxiliamos, lo somos (y de no hacerlo, perdemos la habilitación como tal).Estamos ante la tesitura de, si realizas bien tu trabajo, puede recaer sobre tu persona el delito de abuso de autoridad (cuando legalmente, no lo somos), y si no lo haces, puedes llegar a perder la habilitación ante la pasividad ante hechos delictivos, una incongruencia.
• La Unidad Central de la Policía Nacional delegando en sus comisarias, es la encargada del Visado de los contratos presentados para la prestación de servicios de seguridad privada, vamos a solicitar al Ministerio del Interior, que todos los servicios de Seguridad Privada sean prestados con arma, así como que los servicios sean prestados por un mínimo de dos agentes al igual que hacen los FFCC, eso salvaguardaría la integridad física del equipo, como de las instalaciones y ciudadanía en general ya que una sola persona se enfrenta a una total indefensión ante una agresión.
• Que mediante inspecciones, se proceda a demandar a las empresas tanto contratantes como contratadas y a sus trabajadores, que estuvieran ejerciendo labores de seguridad ilícitas y sin habilitación alguna, tal y como refleja la Ley de Seguridad Privada, vamos a solicitar al Ministerio del Interior, tome cartas en el asunto al respecto del intrusismo, para que este se acabe y no nos salpique mas a nuestra figura, que se acabe el intrusismo y todo aquel que quiera trabajar en nuestro sector sea portador del pertinente TIP homologado.
• Que no salgan mas convocatorias que las estrictamente necesarias, el sector sufre una saturación de personal que se ve acrecentada con la crisis, que no beneficia nada más que a la Administración, academias y empresas, pero contribuye y bastante al desempleo que se ve incrementado en el sector.
• Desde esta Plataforma vamos a atender todas las demandas de los trabajadores del sector siempre que se consideren coherentes.
Sin mas que deciros por el momento y esperando que esta plataforma sea aceptada por todos y valoremos la necesidad del cambio que necesita el sector, os invitamos a todos a participar con nosotros en esta andadura, en un principio hemos iniciado la recogida de firmas para que el Ministerio del Interior revise la Ley de Seguridad Privada y nos reconozca el CARÁCTER DE AGENTE DE LA AUTORIDAD EN EL EJERCICIO DE NUESTRAS FUNCIONES, esta es la primera de muchas acciones que seguirán hasta conseguir que se dignifique el sector.
Os pedimos que estampéis vuestra firma y hagáis correr la voz de la necesidad que tenemos de vuestra colaboración.
Sin más y poniéndonos a vuestra entera disposición, os podéis dirigir a nosotros vía mail aplataformaseguridad@yahoo.es o bien visitar nuestro blog http://plataformaseguridad.blogspot.com, recordar que esto es por un bien común y necesitamos vuestro apoyo para llegar a buen fin.
Un saludo,
PLATAFORMA POR EL RECONOCIMIENTO DEL VIGILANTE DE SEGURIDAD Y SUS ESPECIALIDADES.
Detalles del contacto:
Plataforma por el Reconocimiento del Vigilante de Seguridad y sus Especialidades, PRVSE.
Cartagena
Murcia
Móvil: 608771600
El yerno de los Tous se sienta en el banquillo por matar a un asaltante de la casa de los joyeros
Barcelona. (EUROPA PRESS).- Un tribunal popular empezará a juzgar este lunes en Barcelona al yerno y jefe de seguridad de la familia de joyeros Tous, Lluís Corominas, que se enfrenta a una posible condena de 11 años de cárcel por presuntamente haber matado a uno de los hombres que asaltaron el domicilio familiar en Sant Fruitós de Bages el 9 de diciembre de 2006.
Según el escrito del fiscal, sobre las 18.45 horas, el acusado recibió una llamada del vigilante de seguridad, quien le informó de que a través de las cámaras de videovigilancia había visto cómo dos intrusos entraban en el jardín de la casa de la familia Tous.
Corominas, con una pistola semiautomática, fue con su coche a la vivienda de los joyeros y se acercó a un vehículo estacionado a unos 50 metros de la casa con dos hombres -desarmados, según el fiscal- a bordo, que podían estar relacionados con el asalto, y les disparó dos veces.
El procesado dio en la cabeza al conductor, Sinani G., quien fue evacuado al Hospital de Manresa en coma, con pérdida de masa encefálica y sangrado masivo por impacto de bala, que le provocaron la muerte dos días más tarde.
El acusado encañonó al otro individuo, Dulji K., y le retuvo hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra, mientras que los otros dos intrusos se daban a la fuga, aunque fueron detenidos posteriormente.
El yerno de los Tous también fue investigado por intentar matar a Dulji K., pero el juez instructor archivó la causa porque Corominas desistió voluntariamente de su propósito.
El fiscal tiene en cuenta que Corominas "actuó bajo la influencia de un estado de nervios" provocado por la alerta recibida de que estaban asaltando la casa de sus suegros, porque tres días antes ya habían intentado robar en la casa y por el clima de inseguridad ciudadana causada por el gran número de asaltos en urbanizaciones.
Es por ello que contempla la atenuante de obcecación, así como la de reparación del daño, pues el acusado ha consignado 150.000 euros para indemnizar a la familia del fallecido, aunque el Ministerio Público solicita una compensación total de 210.000 euros para la esposa y el hijo de Sinani G.
Este lunes se seleccionará el jurado popular, una decisión delicada teniendo en cuenta que el caso fue muy mediático, y el martes declararán Corominas y cinco testigos.
"Obsesión" por la seguridad
La familia Tous explica en uno de los capítulos del libro biográfico autorizado Los Tous. Historia de una familia, una empresa y un osito hecho joya, que salió a la venta en verano de 2008, como vivió el encarcelamiento de su yerno.
En el último capítulo, La historia que quisieron borrar, se relatan los antecedentes del suceso, que llevaron a Lluís Corominas a la "obsesión" por la seguridad: en 2004 unos ladrones ya entraron en casa de Laura Tous, una de las hijas del matrimonio de empresarios manresano, situada en la misma urbanización en la que vive toda la familia.
Poco después, descubrieron que en ese asalto habían colocado un micrófono en el dormitorio de Laura y su pareja y, ante ello, Lluís Corominas, pareja de Alba Tous, "da muestras de preocupación y empieza a cuestionarse la seguridad de la familia".
Según el libro, Corominas "aprovecha las sobremesas familiares en casa de sus suegros para insistir en que organicen algún sistema de seguridad para protegerse de posibles robos", que dan su fruto cuando la familia instala un sistema de cámaras de seguridad en las cinco residencias, en las que viven el matrimonio de joyeros y sus hijas.
También explican que el día de los hechos Corominas se acercó al coche de los asaltantes y les instó a salir, momento en el que el conductor se inclinó a coger alguna cosa y Corominas dedujo que era un arma y, "la tensión hace que cierre los ojos y dispare sin apuntar. Un primer tiro. Le sigue un segundo tiro que, según los expertos, suele producirse como acto reflejo".
"Sin saber el resultado de su acción -continúa el relato- baja y obliga al copiloto a salir apuntándolo con el arma. Lo mantiene estirado en el suelo a la espera de la llegada de los Mossos, a los que Corominas llama de nuevo solicitando que avisen una ambulancia".
Corominas fue llevado a comisaría, donde permaneció tres días y, tras declarar ante la juez, ingresó en la prisión de Quatre Camins por homicidio doloso, donde permaneció tres meses.
Según el escrito del fiscal, sobre las 18.45 horas, el acusado recibió una llamada del vigilante de seguridad, quien le informó de que a través de las cámaras de videovigilancia había visto cómo dos intrusos entraban en el jardín de la casa de la familia Tous.
Corominas, con una pistola semiautomática, fue con su coche a la vivienda de los joyeros y se acercó a un vehículo estacionado a unos 50 metros de la casa con dos hombres -desarmados, según el fiscal- a bordo, que podían estar relacionados con el asalto, y les disparó dos veces.
El procesado dio en la cabeza al conductor, Sinani G., quien fue evacuado al Hospital de Manresa en coma, con pérdida de masa encefálica y sangrado masivo por impacto de bala, que le provocaron la muerte dos días más tarde.
El acusado encañonó al otro individuo, Dulji K., y le retuvo hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra, mientras que los otros dos intrusos se daban a la fuga, aunque fueron detenidos posteriormente.
El yerno de los Tous también fue investigado por intentar matar a Dulji K., pero el juez instructor archivó la causa porque Corominas desistió voluntariamente de su propósito.
El fiscal tiene en cuenta que Corominas "actuó bajo la influencia de un estado de nervios" provocado por la alerta recibida de que estaban asaltando la casa de sus suegros, porque tres días antes ya habían intentado robar en la casa y por el clima de inseguridad ciudadana causada por el gran número de asaltos en urbanizaciones.
Es por ello que contempla la atenuante de obcecación, así como la de reparación del daño, pues el acusado ha consignado 150.000 euros para indemnizar a la familia del fallecido, aunque el Ministerio Público solicita una compensación total de 210.000 euros para la esposa y el hijo de Sinani G.
Este lunes se seleccionará el jurado popular, una decisión delicada teniendo en cuenta que el caso fue muy mediático, y el martes declararán Corominas y cinco testigos.
"Obsesión" por la seguridad
La familia Tous explica en uno de los capítulos del libro biográfico autorizado Los Tous. Historia de una familia, una empresa y un osito hecho joya, que salió a la venta en verano de 2008, como vivió el encarcelamiento de su yerno.
En el último capítulo, La historia que quisieron borrar, se relatan los antecedentes del suceso, que llevaron a Lluís Corominas a la "obsesión" por la seguridad: en 2004 unos ladrones ya entraron en casa de Laura Tous, una de las hijas del matrimonio de empresarios manresano, situada en la misma urbanización en la que vive toda la familia.
Poco después, descubrieron que en ese asalto habían colocado un micrófono en el dormitorio de Laura y su pareja y, ante ello, Lluís Corominas, pareja de Alba Tous, "da muestras de preocupación y empieza a cuestionarse la seguridad de la familia".
Según el libro, Corominas "aprovecha las sobremesas familiares en casa de sus suegros para insistir en que organicen algún sistema de seguridad para protegerse de posibles robos", que dan su fruto cuando la familia instala un sistema de cámaras de seguridad en las cinco residencias, en las que viven el matrimonio de joyeros y sus hijas.
También explican que el día de los hechos Corominas se acercó al coche de los asaltantes y les instó a salir, momento en el que el conductor se inclinó a coger alguna cosa y Corominas dedujo que era un arma y, "la tensión hace que cierre los ojos y dispare sin apuntar. Un primer tiro. Le sigue un segundo tiro que, según los expertos, suele producirse como acto reflejo".
"Sin saber el resultado de su acción -continúa el relato- baja y obliga al copiloto a salir apuntándolo con el arma. Lo mantiene estirado en el suelo a la espera de la llegada de los Mossos, a los que Corominas llama de nuevo solicitando que avisen una ambulancia".
Corominas fue llevado a comisaría, donde permaneció tres días y, tras declarar ante la juez, ingresó en la prisión de Quatre Camins por homicidio doloso, donde permaneció tres meses.
Condenan a un vigilante de un centro comercial de Marbella por agredir a otro empleado
Un vigilante de seguridad de un centro comercial de Marbella ha sido condenado por la Audiencia de Málaga a seis meses de prisión por agredir a un empleado de mantenimiento con el que discutió por que éste pretendía entrar por una puerta de emergencia cuando el establecimiento estaba cerrado.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 y 23.00 horas del 12 de febrero de 2009, cuando el acusado, natural de Rumanía y de 30 años, golpeó con el puño y la cabeza al otro empleado en la nariz y la mejilla, lo que le hizo sufrir diversas lesiones, entre ellas la pérdida de un diente, según la sentencia.
El tribunal condena al procesado como responsable de un delito de lesiones a la citada pena de cárcel, así como a que indemnice al perjudicado en 3.087 euros por las lesiones y secuelas causadas.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 y 23.00 horas del 12 de febrero de 2009, cuando el acusado, natural de Rumanía y de 30 años, golpeó con el puño y la cabeza al otro empleado en la nariz y la mejilla, lo que le hizo sufrir diversas lesiones, entre ellas la pérdida de un diente, según la sentencia.
El tribunal condena al procesado como responsable de un delito de lesiones a la citada pena de cárcel, así como a que indemnice al perjudicado en 3.087 euros por las lesiones y secuelas causadas.
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