INFORME DE LA UNIDAD CENTRAL SEGURIDAD PRIVADA

Solo con placa, es legal el servicio a prestar de vigilancia en España

Solo con placa, es legal el servicio a prestar de vigilancia en España.

Los Mossos descartan que la pelea mortal de plaza Espanya sea de bandas latinas

La reyerta ha acabado con un muerto y tres personas heridas

• los investigadores creen que el incidente no está relacionado con el de ayer en Can Famades.

MÁS INFORMACIÓN
L’Hospitalet quiere cerrar la frontera con Cornellà las noches de fiesta
EFE
BARCELONA
Los Mossos d'Esquadra descartan que la pelea que se ha producido esta pasada madrugada en la carretera de la Bordeta, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, en la que ha fallecido una persona y otras tres han resultado heridas, haya sido protagonizada por bandas latinas.

Fuentes de la policía autonómica han indicado hoy que se investiga el origen de la disputa entre jóvenes que ha tenido como trágico desenlace la muerte por arma blanca de un hombre y heridas de diversa consideración de otros tres y que se estudian todas las hipótesis posibles, aunque la de las bandas podría descartarse.

Motivos distintos

Por el momento, los investigadores consideran que esta pelea y la que tuvo lugar la noche anterior en la zona de discotecas de Can Famades, en los límites de los municipios de l'Hospitalet de Llobregat y Cornellà, no tienen relación y que los motivos de ambas son diversos.

El área metropolitana de Barcelona ha vivido en menos de 24 horas dos peleas entre grupos de personas, hombres y mujeres, jóvenes con el resultado, en un caso, de un fallecido y tres heridos, y en el otro, el de Can Famades, de un herido que está ingresado en el Hospital de Bellvitge aunque no se teme por su vida.

Cerca de Gran Via

El suceso de anoche se produjo cerca de las tres de la madrugada, en la confluencia de la Gran Via y la carretera de la Bordeta.

Los tres heridos fueron trasladados al Hospital de Bellvitge, uno de ellos en estado grave.

UGT Y CCOO VEN CADA VEZ MAS CERCA LA HUELGA GENERAL

.Viernes, 28/5/2010, 10:55 h
Economía

Toxo denuncia el giro del Gobierno a favor de "la derecha económica" y UGT asegura que "hay más razones que ayer".- Corbacho: "Que se apruebe por decreto o no dependerá de los sindicatos".
Comisiones Obreras y UGT consideran que el Gobierno cruzó ayer al aprobar las nuevas medidas de ajuste una de las líneas rojas de la paz social, herida poco menos que de muerte tras el anuncio que realizó la semana pasada el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de que iba a reducir los sueldos de los funcionarios y a congelar las pensiones. Por lo que avisan de que una huelga general está cada vez más cerca. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha anunciado hoy que su sindicato "trabaja desde ya como si este país fuera a vivir una huelga general", convocatoria que, según dijo, "depende del Gobierno que se materialice o no" si insiste en los recortes sociales y la reducción del gasto público. "Probablemente la vivamos" a causa del giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de "la derecha económica, de la especulación financiera y de los llamados mercados".
Desde UGT también han dado hoy otra vuelta de tuerca a su oposición ante la deriva que está tomando el Ejecutivo con las últimas medidas aprobadas y, según ha advertido su secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral "será motivo más que suficiente para una huelga general". "Hay más razones que ayer" para convocarla, ha añadido en referencia a los recortes del gasto público que hoy ya han salido publicados en el BOE.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha recogido el guante lanzado por Ferrer y les ha trasladado la responsabilidad sobre lo que finalmente ocurra con el diálogo social. "Que se apruebe por decreto o no dependerá de los sindicatos", ha declarado antes de recordar que la mesa de la negociación no está cerrada y que "todos debemos hacer esfuerzo y buscar consenso".

Movilizaciones el día de la huelga de funcionarios

Volviendo a los sindicatos, Ferrer ha anunciado que su sindicato y CC OO estudian convocar para el próximo 8 de junio, en coincidencia con la huelga del sector público, movilizaciones en toda España para que la sociedad pueda expresar su rechazo a la "agresión" cometida con el decreto de recortes no sólo a funcionarios sino también a pensionistas y dependientes. "Que las calles de todo el país se inunden contra el decretazo consumado ayer", ha señalado Ferrer, quien ha calificado el plan aprobado por el Consejo de Ministros como un "atentado" que "pone en riesgo el futuro del diálogo social".

Pese a ello, Toxo mantiene una puerta abierta a superar el conflicto al señalar que tanto Comisiones como UGT van "a seguir apostando por el acuerdo". Los dos sindicatos mayoritarios van a movilizarse "para tratar de evitar que el daño que las medidas que ha aprobado el Gobierno y otras que pueda aprobar se materialicen y lastren la evolución de la economía española con efectos sociales perversos", ha añadido Toxo.

Además, Toxo, ha defendido la actuación "rigurosa" de su organización al no haber convocado un paro así hasta ahora ya que "un escenario de huelga general no deja de ser un drama, aunque a veces sea necesaria". "Hubiera sido tremendamente fácil liarnos la manta a la cabeza y, a las primeras de cambio, convocar una huelga general", ha apuntado antes de agregar que un paro de estas características no generará "ninguno de los empleos que se necesitan en el país".

Cuestión de fondo: Sanción por realizar funciones de vigilancia y seguridad sin habilitación para ello.

Cuestión de fondo: Sanción por realizar funciones de vigilancia y seguridad sin habilitación para ello.

SENTENCIA EN APELACION

Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil nueve. Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso de apelación número 180/09, interpuesto por Sabico Servicios Auxiliares S.L., a través de su representación legal, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada. Ha sido parte apelada EL ABOGADO DEL ESTADO en nombre y representación de la Administración General del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de junio de 2009 recayó sentencia dictada en el procedimiento ordinario 5/09 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo núm. 2 , cuyo fallo es el siguiente: "Que debo desestimar como desestimo el recurso contencioso-administrativo deducido por la mercantil SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L., representada y defendida por el Letrado D. Álvaro José Vega Tuesta, frente a la Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de 15 de octubre de 2008, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por SABICO SERVICIOS AUXILIARES, S.L., frente a la de 9 de enero de 2007, que le impuso sanción de multa de 30.051 euros prevista en el artículo 26.1 a) de la Ley de Seguridad Privada , por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 22.1 a), en relación con los artículos 1.2 y 7.1 de la citada Ley y, en su virtud, vengo a absolver a la Administración de las pretensiones deducidas en su contra y sin que proceda efectuar imposición en costas".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte actora, mediante escrito razonado, que fue admitido, dándose traslado a las demás partes para que en plazo legal formalizaran su oposición, lo que efectuaron, sin que se propusiera prueba.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección y no habiéndose solicitado la celebración de vista, ni siendo necesaria a juicio de la Sala, se señaló para votación y fallo el día 15 de diciembre del presente año, fecha en que tuvo lugar. SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en apelación la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada. SEGUNDO.- La infracción muy grave imputada a la entidad recurrente es la prevista en el art. 22.1º a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada : "La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria". Tal infracción hay que ponerla en relación con los siguientes preceptos del mismo texto legal: (Art. 1.2 Smile "A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad, los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas particulares del campo y los detectives privados". (Art. 7.1º Smile "Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad las empresas de seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior". Por otro lado, los servicios y actividades que pueden desarrollar las empresas de seguridad son exclusivamente las señaladas en el art. 5 de la misma Ley disponiendo, en igual sentido, el art. 11 de la citada Ley 23/1992, de 30 de julio , las funciones que, también exclusivamente, pueden prestar los agentes de seguridad, y añadiendo el artículo 12.1º que: "Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La prestación de servicios de seguridad, permitida por la legislación a que se acaba de hacer referencia a instancias no públicas o agentes privados, en cuanto afecta a derechos y bienes jurídicos fundamentales (tales como la libertad, la integridad corporal y la propiedad, entre otros), constituye una actividad consustancial a la existencia misma del Estado moderno que ya no es ejercida en régimen de monopolio por el poder público, por lo que se hace necesario una fuerte intervención administrativa que controle el ejercicio de esa actividad por los particulares. Así pues, y al asumir las empresas de seguridad privada funciones que en principio son de exclusiva titularidad estatal, resulta inevitable que la Administración despliegue sobre ellas una amplia gama de controles impensables en otros sectores de la actividad económica. De ello deriva que, en primer lugar, y para realizar este tipo de actividad se exige tener la oportuna autorización administrativa mediante su inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, y asimismo cumplir una serie de requisitos, en orden a su constitución societaria, cuantía mínima del capital social, medios materiales y humanos, prestación de fianzas (art.7.1 ), bien entendido, que la pérdida de algún requisito produce la cancelación de la inscripción (art.7.3 ).

CUARTO.- Lo que se ha de resolver en la presente litis es tan solo una alegación de carácter formal, de la que se pretende derivar la nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada, en concreto invoca en primer lugar la nulidad de procedimiento sancionador por haberse dictado el acuerdo de iniciación por órgano manifiestamente incompetente, cual es el jefe de sección que aparece al pie del mismo, en lugar del Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los artículos 157 y 158 del Real Decreto 2364/1994 . En relación con este motivo se observa a los folios 11 y siguientes del expediente administrativo que el acuerdo de iniciación del expediente administrativo o más bien el documento que lo recoge viene el suscrito, efectivamente, por el jefe de sección correspondiente, y en el mismo se expresa que se notifica el acuerdo de inicio del expediente sancionador, adoptado en fecha 10 de julio de 2007 por el señor Delegado del Gobierno en Navarra. Que no puede deducirse de ello que el acuerdo de iniciación del expediente se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente, ya que el documento al que se refiere la actora no es otra cosa que el traslado que se realiza por el funcionario correspondiente del acuerdo adoptado por el órgano competente. Que se trataría de un supuesto de delegación de firma, que contempla el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .
Ya en apelación se insiste en que no es posible a tenor del art. 16 de la Ley 30/1992 nº 4 la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador y/o consignar expresamente en ella la autoridad de procedencia.

CUARTO.- En cuanto a los defectos formales en la tramitación del procedimiento sancionador,
tenemos que señalar que con carácter general los defectos de forma solo determinan la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados (art. 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ). Pues bien, para que la indefensión tenga la eficacia invalidante es preciso que no se trate de meras irregularidades procedimentales, sino de defectos que causen una situación de indefensión de carácter material, no meramente formal, esto es, que la misma haya originado al recurrente un menoscabo real de su derecho de defensa causándole un perjuicio real y efectivo (SSTC 155/1988, de 22 de julio; 212/1994, de 13 de julio; 137/1996, de 16 de septiembre; 89/1997, de 5 de mayo, y 78/1999, de 26 de abril , entre otras). Así las cosas, de acuerdo con la teoría de la invalidez de los actos administrativos, la consecuencia del incumplimiento de algún trámite de procedimiento podría configurar un motivo de nulidad relativa o anulabilidad del citado art. 63, siempre que, como se acaba de decir, conforme a las previsiones de apartado 2 del precepto, se hubiere producido indefensión, lo que no ha sucedido en el presente caso. Y por otro lado, como ha venido declarando el Tribunal Supremo que "cuando existen suficientes elementos de juicio para resolver el fondo del asunto y ello permite presuponer que la nulidad de actuaciones y la repetición del acto viciado no conduciría a un resultado distinto, esto es, cuando puede presumirse racionalmente que el nuevo acto que se dicte por la Administración, una vez subsanado el defecto formal ha de ser idéntico en su contenido material o de fondo, no tiene sentido apreciar la anulabilidad del acto aquejado del vicio formal" (STS de 14 de febrero de 2000, f.j. 2º ). Así las cosas, los defectos formales denunciados por la parte apelante, no le han ocasionado indefensión. En efecto, tanto la resolución sancionadora como el recurso de reposición han sido dictados por el órgano competente para ello, a saber, el Secretario de Estado de Seguridad. Por otro lado, en orden a la autoridad que incoa en expediente sancionador, baste acudir a la literalidad de la misma, y en ella, al folio 10 se dice "se notifica el acuerdo de inicio de expediente sancionador (no de sanción alguna, sino de un acto de trámite) adoptado con esta fecha por el Sr. Delegado de Gobierno de Navarra" y quien, comunica el mismo, no quien lo acuerda, quien lo notifica, es el Jefe de Sección.

QUINTO.- De conformidad con el art. 139 del a Ley de la Jurisdicción procede imponer las costas causadas al apelante. VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Sabico Servicios Auxiliares S.L., a través de su representación legal, contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 en fecha 22 de junio de 2009, recaída en el procedimiento ordinario núm. 5/09, que desestimó el recurso contencioso-administrativo formulado contra la resolución de 15 de octubre de 2008 del Secretario de Estado de Seguridad, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la de 9 de enero de 2007, por la que se impuso una sanción de 30.051,00 euros por una infracción muy grave de la Ley de Seguridad Privada, procede confirmar la misma; con expresa imposición de las costas procesales causadas en apelación a la actora apelante. Hágase saber a las partes que contra esta Sentencia no cabe interponer recurso ordinario alguno. Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El fracaso se cierne sobre el pacto en la semana clave de la reforma laboral

Con mayo concluirá el intento de alcanzar un acuerdo social para reformar el mercado de trabajo. Gobierno, patronal y sindicatos mantienen abiertos los temas de mayor calado mientras la semana clave de la negociación avanza contra reloj. En el panorama, un Gobierno presionado por la UE y el FMI, unos sindicatos defraudados con el Ejecutivo y una patronal que no renuncia a ver rebajadas las cuotas y abaratado el despido.
La recta final se acerca y todo puede suceder todavía. En la maratón por reformar el mercado laboral está por ver si Gobierno, sindicatos y patronal aparecen juntos en la ansiada fotofinish o si, por el contrario, la falta de acuerdo obliga al Ejecutivo a tomar las riendas por sí solo. Una posibilidad que fue descartada dos veces el pasado año, pero que cobra una fuerza inusitada ahora que la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la presión que ejercen los mercados claman por reformas estructurales tras llevar a a José Luis Rodríguez Zapatero a aprobar un plan de recorte del gasto social nunca imaginado. Una jugada en solitario que podría ocasionarle la primera huelga general de sus dos legislaturas y que dejaría el contenido del paquete a expensas de su tramitación parlamentaria.

Si en algo están de acuerdo Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT es en finales de mayo es el plazo definitivo para consensuar la reforma o romper la baraja. La determinación del Ejecutivo y los agentes sociales por alcanzar un gran pacto que "de confianza" y ayude a paliar la crisis comenzó con una declaración de intenciones en verano de 2008. Desde entonces, la tasa de desempleo ha pasado del 11,33% al 20,05%, y España ha alcanzado los 4,6 millones de parados. La lucha contra la recesión se ha convertido en una encarnizada batalla contra el paro. De las medidas coyunturales que Trabajo aprobó unilateralmente en marzo de 2009, y de las que se hundieron en el naufragio del acuerdo social del pasado julio, se ha pasado a un nuevo objetivo más ambicioso: reformar el mercado de trabajo.

La sexta actuación global que se acomete sobre el marco de las relaciones laborales se inició con una extensa, pero inconcreta, propuesta del Gobierno, el pasado febrero. Desde entonces, se ha avanzado mucho en los puntos que nacían desde el consenso, y más bien poco en los que más distancian a las partes.

Negociaciones bilaterales

Tras un laxo periodo de análisis, sindicatos y patronal han acometido en el último mes importantes negociaciones bilaterales, algunas al máximo nivel. En ellas se ha fraguado el acuerdo en torno a la necesidad de potenciar la igualdad entre géneros, fomentar el empleo a tiempo parcial o adaptar el llamado modelo alemán. Éste facilitaría los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, permitiendo a los trabajadores afectados suplir con cotizaciones su rebaja salarial, y acceder a su prestación íntegra si terminan siendo despedidos. Todos coinciden, además, en que resulta prioritario actuar sobre los jóvenes, un colectivo que supera el 40% de paro. Para ello, se renovará un contrato de formación, por el que se cotizaría a la Seguridad Social y se accedería al seguro de paro. También se busca reordenar hacia los menores de 30 años el grueso de las bonificaciones al empleo. Si bien, el duro ajuste del déficit que ha iniciado el Gobierno no permitiría aumentar la inversión. Hoy por hoy, sólo 290 de los 2.850 millones de euros dedicados a políticas activas están disponibles. Los sindicatos consideran que si no hay fondos que la sustenten, la medida quedaría en papel mojado.

El nudo gordiano del acuerdo sigue estando, sin embargo, en la reducción de costes. Desde la Seguridad Social han manifestado que una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios resulta inviable en un momento en que se van a congelar las pensiones, y se abre el debate sobre el retraso de la jubilación. Desde la CEOE, sin embargo, aseguran que hay margen para reducir las cuotas si se aprovechan los montantes acumulados en el fondo de accidentes de trabajo y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Éstos acumulan 3.900 y 3.500 millones de euros, respectivamente, lo que en total equivale a poco más de dos puntos de cotización por contingencias comunes durante un año. Justo la cifra que hay sobre la mesa.

El modelo austriaco

Aunque las centrales guardan severas reticencias a semejante rebaja, lo que sí gana más peso es la posibilidad de sacar adelante otro ejemplo europeo, el austriaco. Éste establece un fondo individual por despido que las empresas van engordando y los trabajadores perciben al ver rescindido el contrato. Semejante mutación de las instituciones laborales, sin embargo, parece descartada. La modalidad española podría alejarse del original y transformarse en una suerte de subvención de parte de los costes del despido, sufragada con el superávit del Fogasa. Una práctica que ya se realiza sobre el 40% del montante que las pymes gastan en rescindir contratos, y que podría beneficiar ahora también a las grandes empresas que demuestren necesitarlo.

Más estancado sigue el debate de equiparar a 33 días todas las indemnizaciones del contrato de fomento, que asciende a 45 días por año trabajado en el caso de que un despido disciplinario sea improcedente. El Gobierno está dispuesto a cubrirlo, los empresarios a ahorrárselo y a los sindicatos no les importan, siempre y cuando el afectado reciba la misma indemnización.

Otra opción, es que CC OO y UGT acepten facilitar la justificación de los despidos procedentes, cuyo coste es de 20 días por año trabajado, pero difícil de sostener ante un juez (el 80% de las sentencias dan la razón al trabajador). En cualquier caso, todas las líneas de actuación parecen centradas en hacer más atractiva la contratación indefinida, más que en penalizar la temporalidad. La negativa de la CEOE ha llevado al Gobierno a descartar su propuesta inicial de elevar las cuotas de los eventuales.
Si a lo largo de esta semana las tres partes no logran cerrar un acuerdo de mínimos sobre estos puntos, el Gobierno ha asegurado que aprobará su propio paquete por decreto ley. Un camino incierto para un Ejecutivo sin mayoría parlamentaria. Sin el blindaje que otorgan al documento las firmas de sindicatos y patronal, el Congreso tiene vía abierta para modificar la norma mediante enmiendas. Una jugada en la que la CEOE tiene mucho que ganar dada la comunión que el PP ha manifestado con sus propuestas. Ninguna de las tres partes, sin embargo, tendría asegurado que sean sus iniciativas las que salgan adelante, en una tramitación que se alargaría, previsiblemente, hasta finales de año. Y el telón de fondo, avanzan CC OO y UGT, es que una reforma impuesta "sería motivo más que suficiente para una huelga general".
Todas las cartas, sobre la mesa:

Las claves del consenso

-Modelo alemán: facilitar una rebaja de jornada y sueldo, compensando al trabajador con prestaciones, que recuperaría si es despedido.

-Empleo joven: las bonificaciones a la contratación se centrarían mayoritariamente en jóvenes y parados de larga duración.

-Plan formativo: el contrato de formación se reactivaría, para que los jóvenes sin preparación ganen experiencia mientras cotizan a la Seguridad Social.

-Igualdad sexual: la apuesta por igualar a ambos sexos acompaña diametralmente a todo el paquete de la reforma.

-Conciliación laboral: el empleo a tiempo parcial está muy por debajo de la media de la UE.

Los puntos de fricción

-Modelo austriaco: el sistema vienés de fondo individual por despido queda lejos, aunque se impone su subvención con fondos del Fogasa.

-Rebajar cotizaciones: Gobierno y sindicatos lo rechazan y la patronal pide que se haga con fondos como el Fogasa o el de accidentes.

-Abaratar costes: igualar todas las indemnizaciones por despido a 33 días en el contrato de fomento sigue enfrentando a las partes.

-Simplificar el despido: no hay consenso para simplificar el despido justificado (20 días).

-Reducir la temporalidad: CEOE rechaza penalizar la contratación eventual.

-Colocación privada: los sindicatos se niegan a equiparar las ETT con el Inem.

Dos recursos obligan al Govern a revisar su concurso de vigilancia

El Govern se ha visto obligado a rehacer el reparto del contrato marco de seguridad privada para la provincia de Barcelona después de que dos empresas interpusieran un recurso, con desigual fortuna, contra la adjudicación provisional. Los servicios técnicos del departamento descubrieron, además, que una empresa aceptada como adjudicataria no tenía acreditación empresarial vigente.

El concurso público de la seguridad privada de Barcelona representa la vigilancia de todas las dependencias públicas de la provincia. El contrato asciende a 39 millones de euros para un período de doce meses, aunque la cantidad se eleva hasta los 65 millones al sumarse la posible prórroga de seis meses que la ley europea de contratos públicos obliga a incluir.

El pasado 21 de abril, la comisión central del área de contratación acordó una adjudicación provisional que aceptaba a 24 empresas de seguridad privada dentro del acuerdo marco.
Pero dos empresas del sector, Segur Ibérica y Segurisa, que se quedaron fuera de la lista inicial de adjudicatarias, interpusieron un recurso contra la Administración por diferencias sobre la puntuación, según fuentes de la Generalitat.

Resolución:

La comisión central, tras estudiar ambos casos, decidió estimar parcialmente el recurso especial de Segur Ibérica –empresa con sede en Madrid presidida por Juan Cuesta–, pero desestimó el de Segurisa –ubicada en Madrid y presidida por Enrique Sánchez González–.
Segur Ibérica logró meterse en la lista de las 24 empresas seleccionadas, en el puesto número 13. Segurisa fue una de las cuatro compañías descartadas en el concurso.
La empresa que quedó fuera en la nueva lista de seleccionadas fue Jarc Seguridad. En el documento de modificación, la comisión admite que encontró una incidencia más en la revisión de las adjudicatarias. Ésta descubrió que Jarc Seguridad no tenía permiso para trabajar. “La empresa no ha acreditado clasificación empresarial vigente, motivo por el cual no puede ser adjudicataria definitiva”, reza el documento.
La vigilancia de las dependencias de la Generalitat en la provincia de Barcelona era el último lote por repartir de toda la seguridad catalana, que suma cinco lotes, uno por provincia más otro para dependencias que requieren protocolos específicos. El valor estimado del contracto global asciende a 96 millones de euros.

MANIFESTACION FUNCIONARIOS BARCELONA

Los sindicatos dan un paso más hacia la huelga general

Se presenta un junio caliente para las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos. El malestar sindical por el viraje político del Gobierno crece cada día y ayer se plasmó en declaraciones con un profundo sabor a huelga general. "Probablemente" se convocará una huelga general, aseguró el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en una asamblea del sindicato en Alicante.

Para Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, "las huelgas se hacen cuando hay razones y hoy hay más razones que ayer", aseveró. Los máximos órganos entre congresos de ambos sindicatos se reunirán el próximo jueves por separado, aunque a la misma hora, para decidir la graduación de la respuesta de los trabajadores.

Los sindicatos están sondeando a la sociedad para tomar la decisión

Por lo pronto, Toxo ha asegurado que CCOO, "en unidad de acción con UGT, trabaja desde ya como si este país fuera a vivir huelga general", preeparados por si se dan las circunstancias para convocarla. El trabajo previo a la convocatoria del paro es la labor de campo para que los sindicatos tomen el pulso no sólo a las bases, si no también a la sociedad en general, explica Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical del mismo sindicato.

Los líderes saben que la bala de la huelga general, el arma más contundente que tiene la lucha obrera en España, no puede ser utilizada en vano. Y, por eso, como aseguraba Ferrer recientemente, se ha puesto en marcha "la máquina de engrasar" la huelga. El principal objetivo es pulsar los resortes de la opinión pública para estar seguros de que la convocatoria tendría el respaldo suficiente.

En el horizonte está la convocatoria de paro general de los funcionarios el próximo 8 de junio y, previsiblemente, una llamada a una movilización general en toda España, que puede ser la antesala a la huelga. Toxo lamentó que un paro general "no va a crear los empleos que necesita este país" y calificó de "drama" ese escenario, incluso en el caso de que fuera "necesario".

Corbacho apunta a las centrales como responsables del Diálogo Social

Reforma laboral en peligro

En el discurso de las últimas 48 horas de los sindicalistas, se aprecia además un nuevo matiz respecto al Diálogo Social. Hasta ahora, la convocatoria de la huelga general parecía estar supeditada a un "decretazo" en el mercado de trabajo, pero conforme transcurre el periodo de reflexión posterior al plan de ajuste, la justificación ya no parece necesaria. "La quiebra de confianza en el Ejecutivo se está consolidando e instalando entre nosotros", apuntó Toxo.

Ayer, precisamente, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que el hecho de que la reforma se apruebe por decreto "dependerá o no de los sindicatos".

Estas declaraciones no han sentado bien en el entorno sindical. Ferrer contestó al ministro que "no saque la pelota fuera de su campo. Si realmente quiere beneficiar al proceso de negociación, debería estimular la negociación y no hablar de imposiciones". El plazo para cerrar un pacto en el Diálogo Social es mayo, pero los negociadores se han enzarzado en los temas más espinosos de la propuesta del Gobierno; esto es, modelos de contratación y causas del despido.

La semana que viene están previstas reuniones a diario, con el fin de acelerar el proceso, que en los últimos tiempos se estaba desarrollando de forma bilateral entre patronal y sindicatos. Sobre la mesa está la posibilidad de que el Gobierno utilice el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para subvencionar el coste del despido en algunos contratos. También está la peliaguda cuestión de aclarar qué es un despido objetivo, un punto en el que la patronal quiere añadir nuevos supuestos.

UGT exige a la empresa de seguridad que pague los complementos a su personal

Torrelavega, 21 may (EFE).- UGT ha exigido hoy a la empresa VINSA, adjudicataria de la seguridad privada en el complejo industrial de Solvay de Barreda, el pago del plus de responsabilidad de equipo a los vigilantes más antiguos, tal y como reconoció una sentencia del Juzgado de lo Social en octubre de 2008.

En un comunicado, la Federación de Servicios del sindicato explica que los vigilantes más antiguos del servicio en Solvay prestan "desde hace mucho tiempo" las funciones propias de un responsable de equipo estipuladas en el propio convenio colectivo, porque no existen otros profesionales asignados para ello.

Esta situación ya supuso en octubre de 2008 una condena judicial a la anterior empresa encargada del servicio, Eulen Seguridad, y por ello UGT reclama el pago del correspondiente complemento económico que fue reconocido por esta sentencia del Juzgado de lo Social.

El sindicato destaca que las sentencias judiciales "están para ser cumplidas" y no para que la nueva empresa de seguridad en Solvay "omita su obligación" de pagar a sus trabajadores lo que les corresponde por convenio colectivo, al realizar "labores de coordinación y de responsabilidad", que quedó acreditado en 2008.

UGT avanzada que si la empresa "persiste en su negativa" de acatar la sentencia judicial sobre este complemento salarial, equivalente al 10% del salario base, volverá a reclamarlo por la vía judicial y llegará "hasta donde sea necesario". EFE-Cantabria 1010513 .

El juez condena a Prosegur a devolver 27,5 millones de euros a la masa de la quiebra de Esabe Express

El Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid ha condenado a Prosegur Compañía de Seguridad a devolver 27,5 millones de euros a la masa de la quiebra de la compañía de seguridad privada Esabe Express, que se declaró insolvente en 1992, según el hecho relevante enviado por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La aseguradora tenía registrada una provisión por este litigio de 9,8 millones de euros en sus cuentas anuales a 31 de diciembre de 2009 y confirmó que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

De los 27,5 millones que el juez le obliga a devolver, 13 millones de euros corresponden al principal y el resto son los intereses legales de dicha suma desde el día 4 de febrero de 1992.

Prosegur informó también a la CNMV de que hasta que no haya sentencia firme en contra, la compañía aún cuenta con la posibilidad de recuperar cerca de 9,9 millones de euros del procedimiento de quiebra de la aseguradora.

La demanda la presentó la Sindicatura de la Quiebra de Esabe Express contra Prosegur, Alarmselskabet Dansikrig y Securitas, en la que acusaba a Prosegur de beneficiarse frente a los demás acreedores por los 12 millones de euros de deuda que cobró de Securitas.

Securitas pagó 70 millones de euros por Esabe cuando estaba en situación de quiebra y asumió los 12 millones de euros que la aseguradora insolvente debía a Prosegur. Securitas asumió en marzo de 2009 el pago de 15 millones de euros en créditos fiscales y pagos pendientes por la quiebra de Esabe.

Una banda de ladrones se hacía pasar por vigilantes de seguridad

La operación ejecutada la pasada semana por la Guardia Civil, que se saldó con la detención en la Vega Baja de cinco ciudadanos albaneses, integrantes de una banda de "butroneros" que habían asaltado empresas y viviendas en Alicante, Murcia, Almería y Granada, escondía, el botín en diversos "zulos" excavados en solares, según dio a conocer ayer el instituto armado.
La actuación, denominada "Sapo", ha determinado que los detenidos cuentan con más de cien antecedentes policiales y se les considera autores de más de una veintena de robos con fuerza, mediante el sistema "butrón", que consiste en penetrar en propiedades ajenas agujereando las paredes. Las detenciones se produjeron la pasada semana en Torrevieja cuando la banda regresaba de realizar un reconocimiento para elegir empresas susceptibles de ser asaltadas, según explicó ayer la Guardia Civil en una nota. En la operación también han sido imputadas otras cuatro personas por prestar labores de apoyo y cobertura a la organización delictiva, que estaba asentada en varias urbanizaciones de Torrevieja y en las playas de Orihuela, donde fingían ser empleados nocturnos de empresas para pasar desapercibidos entre los vecinos.

Polígonos
Según la Guardia Civil, los integrantes de la banda cada día y después de reunirse en un bar próximo a su lugar de residencia, en la pedanía torrevejense de la Mata, se desplazaban a polígonos industriales de Alicante, Murcia, Almería o Granada para efectuar un reconocimiento. La banda estudiada las medidas de seguridad de los edificios, el grosor de las paredes que perforar, las alarmas y las vías de escape en caso de ser descubiertos, tras lo cual regresaban a sus domicilios. Y, la noche siguiente, se desplazaban a varios zulos cercanos a su lugar de residencia donde se vestían con ropa oscura y recogían todo el material necesario para hacer el butrón. Tras el golpe, regresaban a sus domicilios, pasando previamente de nuevo por los zulos donde depositaban el material y el botín obtenido. Al cabo de unos días lo retiraban, dándole salida en el mercado negro a través de receptadores o mediante envíos de dinero o paquetería a Albania. Las mujeres de la organización, encargadas de la logística, les daban cobertura alquilando las viviendas, envíando dinero o con contravigilancias. En los seis registros domiciliarios en Torrevieja y Orihuela se ha intervenido efectos como herramientas, material electrónico e informático, documentación, dinero en metálico, joyas, inhibidores de frecuencia y radiotransmisores para bloquear las alarmas de las naves.

Homenaje al escolta muerto al chocar con un coche robado por un ex convicto

vitoria. José Luis Barbón Fernández, el escolta fallecido el pasado domingo día 9 cuando su coche fue arrollado, en la carretera N-102, a cinco kilómetros de Vitoria, por un vehículo de la Policía Municipal de Miranda de Ebro (Burgos) que conducía un ex convicto, será homenajeado mañana en la capital alavesa.

Según informó a través de un comunicado la Asociación Nacional de Guardias Civiles Marqués de las Amarillas, la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles acogerá a las 18.00 horas una misa en honor del escolta de seguridad privada, "al que le fue arrebatada vilmente la vida", manifestaron desde el colectivo. Al finalizar la misa, dicha asociación le impondrá la Cruz de Caballero de Santiago a título póstumo, "en reconocimiento a su trayectoria personal y profesional", añadieron.

Los hechos ocurrieron cuando el ex convicto, que también falleció en el accidente, se hizo con el coche policial tras lanzar contra los agentes que le trataban de detener a su perro de pelea, de raza pitbull. El protagonista del dramático suceso fue un hombre de 43 años, con 18 antecedentes penales, que huía de las fuerzas de seguridad desde Miranda tras una riña en un bar.

En esa carrera, logró apropiarse del vehículo policial con el que circuló en dirección contraria por la citada vía, una maniobra que acabó de la peor manera posible. Los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados y perdieron la vida, sin que nada pudieran hacer los medios desplazados hasta el lugar.

Castellano: “La seguridad privada es un elemento esencial para garantizar el bienestar de los ciudadanos”

MUCHA PALABRERIA LO QUE NOSOTROS QUEREMOS ES LA PASTA DE LA SENTENCIA DE LAS HORAS EXTRAS ¡¡ YA!! Y UN CONVENIO DIGNO ¡¡ YA!!.
NO NOS VALE DE NADA UN RECONOCIMIENTO DE UN CONSELLER SE A QUIEN SEA ¿ O NO COMPAÑEROS?


El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha destacado que “en colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la seguridad privada constituye siempre un elemento esencial para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos”.
En este sentido, Castellano ha señalado que “no hay política de seguridad más efectiva que aquella fundamentada en los principios de coordinación y colaboración y así, desde la Conselleria de Gobernación, la política en materia de seguridad no ha sido otra que una política dialogante y de colaboración, siempre desde la lealtad institucional, y así vamos a seguir trabajando”.
El conseller, durante su intervención en la celebración del 3er Día de la Seguridad Privada en la Comunitat, ha dado la enhorabuena al personal de empresas de seguridad y a directivos y jefes de seguridad de diferentes empresas, cuya trayectoria y carrera profesional ha sido reconocida a través de las 178 distinciones y menciones honoríficas que durante este día se han entregado.
“Garantizar la seguridad de los ciudadanos –ha continuado la Serafín Castellano– es obligación de todas las administraciones, y creo que con el esfuerzo y las aportaciones de todos en una misma dirección podemos resolver los desafíos de la sociedad actual y encontrar las soluciones adecuadas para mejorar nuestro sistema de seguridad. Para ello resulta primordial que se adopten las medidas oportunas para solucionar los problemas a los que cada día se enfrenta el sector de la seguridad privada”.
“Los cambios económicos y sociales siguen marcando la dinámica de los tiempos que corren. Y ante esta nueva realidad, es necesario por parte de todos los responsables políticos trabajar en la adopción de soluciones a los nuevos retos que esta transformación social produce”, ha concluido el conseller de Gobernación

Lo despiden por gastar 7.300 euros en llamadas y huye con la caja

Un ex vigilante de seguridad del puerto deportivo de Baiona aceptó ayer por conformidad una multa de 675 euros por gastarse 7.353 euros en llamadas privadas con el teléfono de la empresa y seis meses de prisión por robar 1.200 euros de la caja de caudales tras ser despedido por el despilfarro.
La vista por conformidad se celebró ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo, en la que Jesús R.S. reconoció los hechos a cambio de una rebaja en las penas que pedía la fiscal.
Los hechos se remontan a septiembre del 2006 cuando el acusado entró a trabajar como guardia de seguridad en Servicio Securitas. Su responsable le entregó en custodia las llaves de la caja de caudales y un teléfono de empresa que servía para hacer llamadas de emergencias o conectar con la central de alarmas.
El empleado lo usó para otros fines. Durante los dos siguientes meses, hizo numerosas llamadas a teléfonos de tarificación adicional, cuyo coste es superior al de un abonado. Ninguna compañía telefónica lo incluye en su régimen de tarifa plana, por lo que el abonado debe asumir su coste a mayores. Se trata de números que empiezan por 905, para servicios de televoto y llamadas masivas, 803 para contactos, eróticos y servicios para adultos, 806 para ocio y entretenimiento. tarot o concursos de televisión u otros medios y 807 para servicios de psicólogos on line o médicos.
Tras ser descubierto, el ex guarda fue a la oficina a recoger sus cosas y, como tenía las llaves, se llevó 1.200 euros de la caja de caudales. El acuerdo con el fiscal se pudo alcanzar una vez que el acusado accedió a devolver las cantidades sustraídas.

DESAGRADABLE INCIDENTE LE PUEDE COSTAR MUY CARO A LA COMPAÑERA.

Policías y empresarios pactan más control en seguridad privada

AHORA A BUENAS HORAS INTENTAN PONER REMEDIO AL INTRUSISMO PERO BUENO MAS VALE TARDE QUE NUNCA.
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Camilo Ocampo, presidió en la mañana de ayer la Comisión Mixta Provincial de Coordinación de Seguridad Privada. El funcionamiento de este organismo está regulado por la Orden de 26 de junio de 1995 que define como sus funciones la coordinación entre administración, fuerzas de seguridad y colectivos de trabajadores de seguridad privada y empresas obligadas a medidas de seguridad.Dentro de este marco legislativo y de actuación, la reunión de ayer tuvo como finalidad el intercambio de experiencias entre los sectores implicados y la revisión de los criterios de coordinación. En este sentido, la Comisión acordó avanzar en una mayor colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad, y empresas de seguridad privada.Avances técnicosEn el encuentro también se acordó exigir un mayor control de los criterios de calidad y las exigencias legales en el asesoramiento para las instalaciones de seguridad privada, ya que según explican desde la Subdelegación, este órgano tiene entre sus funciones conocer e informar sobre los avances técnicos en medidas de seguridad.Cabe destacar así, que el Consejo de Ministros del 26 de febrero aprobó la actualización del Reglamento de Seguridad Privada por el que se fija que sólo estarán sujetas a la normativa de seguridad privdada las empresas que se dediquen a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad que se hallen conectados a centrales de alarma, puesto que dicha actividad está íntimamente ligada al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el mantenimiento de la seguridad pública, que constituye el objeto esencial de la seguridad privada.Según explicaban en la reunión de ayer, dicha actividad sólo podrá seguir siendo realizada por las empresas de seguridad que estén debidamente autorizadas. Asimismo, tendrán la misma consideración que las centrales de alarmas (y estarán sometidos, por lo tanto, a la legislación de seguridad privada) los denominados "centros de control o de vídeo vigilancia".En este sentido, en la reunión de ayer recordaban que se entiende por dichos centros los lugares donde se centralizan los sistemas de seguridad y vigilancia de un edificio o establecimiento. Además, suelen estar instalados en lugares públicos y deben estar controlados obligatoriamente por personal de seguridad privada.Durante la reunión de ayer, según explicaron al término de la misma, se revisaron además las exigencias legales impuestas por el cambio de Reglamento de Explosivos sobre todo en materia de almacenaje y transporte. El artículo 211 en su apartado 4 de dicho Real Decreto, define la protección de explosivos a través de un servicio de vigilantes de seguridad, aspecto que fue visto por la Comisión.Integrantes de la ComisiónLa Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada está constituida por el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Ángel Barrera, acompañado por los jefes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y del Grupo Provincial de Seguridad Privada; el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil, José Francisco Martínez García, acompañado por los responsables de explosivos y Policía Judicial; el representante de trabajadores (vigilantes) de empresas de seguridad, Enrique Rial Gonzáles.Al encuentro de ayer acudieron también el representante de la Fegamp, Avelino de Francisco; el representante de la Asociación de Empresas de Seguridad de Galicia (AESGA), Francisco Javier Cid Quintas, y el director de seguridad de Caixanova, Antonio Hermida García.En representación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y de los trabajadores de entidades obligadas a medidas de seguridad, acudieron Antonio López y Javier Castro, respectivamente, así como el vicepresidente de la Federación Provincial de Caza, Xosé Castro, y el representante de los joyeros, Francisco Blanco.

Despiden a los dos vigilantes que robaron en una tienda fotográfica

Las imágenes de un robo en un almacén fotográfico grabadas por unas cámaras de seguridad han desvelado una gran sorpresa. Los ladrones se llevaron sólo parte del botín y los vigilantes de seguridad ya han sido despedidos.
Los dos vigilantes aprovecharon que acaba de cometerse un robo para llevarse a casa material fotográfico. Eran precisamente los encargados de garantizar la seguridad de la empresa.
Anoche, al ver las imágenes exclusivas en Antena 3 la esposa de uno de ellos lo reconoció. Este martes, ambos han enviado una carta al dueño de la empresa. Escrita de su puño y letra, piden perdón y afirman que han sido despedidos. Cuentan que son padres de familia y que no se explican por qué lo hicieron. Ambos han devuelto todo lo que robaron: dos cámaras fotográficas.
Recuperar el material robadoLas imágenes grabadas por la cámara de seguridad instalada a la entrada del local han descubierto a más cacos inesperados. Hay más vigilantes que han robado material a la empresa. La Policía mantiene abierta una investigación, aunque para los dueños del local, lo prioritario es recuperar el material robado.
Todo ocurrió la madrugada del pasado domingo. Durante casi una hora, cuatro hombres golpean la puerta blindada hasta que consiguieron abrirla.
Salta la alarma, pero aún así se llevan tranquilamente material fotográfico valorado en 30.000 euros y hasta tienen el detalle de cerrar la puerta al irse. Lo que nadie se esperaba es que ese robo continuara poco después de que estos ladrones de se fueran con su botín.

VIGILANTE DE SEGURIDAD APUÑALADO GRAVEMENTE EN INEM DE PARLA MADRID

El pasado jueves 29 de abril el vigilante de la oficina de INEM de Parla,trabajador de la empresa Seguridad Integral Canaria recibio varias heridas por arma blanc,una de ellas en la parte superior del torso y alguna mas en antebrazos.
La policia intentando identificar al agresor,se movilizo hasta un centro de salud cercano esperando que requiriese asistencia medica por golpes recibidos tras la agresion.
Alli lo puso en conocimiento del vigilante de la salud y gestor de la seguridad del Area 10,A.D.Naranjo (COS SEGURIDAD)quien,sin conocer de nada a la victima,pusoen alerta a todos los centros de saluddel areabuscando pacientesque puidieran concordar con la descripcion.
Por suerte para la justicia el presunto agresor acudio a su medico de cabecera en otro centro de salud patra solicitar la baja,aduciendo un supuesto intento de atraco el dia anterior.
El vigilante A.D.Naranjo se traslado hasta el centro y tras hablar con la doctora que le atendio y concordando tanto la descripcion como las lesiones en la cara,se se traslado inmediatamente a la comisaria de Parla a informar a Policia Judicial .Este hecho a permitido identificar y detener a Rabih Iouem,Marroqui de 36 años,al que se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa,segun fuentes policiales.

Ante la consulta sobre la obligación impuesta, mediante orden escrita, en un protocolo de actuación implantado en los hospitales del Servicio de Salud de una comunidad autónoma, en el que se exige a los vigilantes de seguridad la custodia del dinero y de los objetos y pertenencias depositados por los pacientes, se pone de manifiesto lo siguiente:
La situación descrita se inscribe dentro de las competencias propias de los vigilantes de seguridad.
Efectivamente, tanto la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, como su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante R.D. 2364/1994, de 9 de diciembre, desarrollan las funciones de los vigilantes de seguridad en sus artículos 11 y 71, respectivamente, contemplando entre ellas la de protección y custodia de objetos valiosos.


Parece evidente que ese Servicio de Salud contrata un servicio de seguridad integral de sus inmuebles, prestado a través de vigilantes de seguridad, a los que se encomienda, entre otras funciones, la anteriormente descrita. Por lo tanto, la custodia de los objetos depositados queda claramente definida como responsabilidad de los vigilantes que estén prestando el servicio.

Precisamente, la garantía de que los objetos depositados por los pacientes que ingresan en el hospital son los que traen consigo, y no otros, se ve reforzada por la presencia del vigilante de seguridad en el acto del depósito, que constituye una salvaguardia extra para la persona depositante.


Por otra parte, conviene recordar que el párrafo segundo del artículo 70.1 del Reglamento de Seguridad Privada, en la redacción dada por Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, de modificación parcial de aquél, dispone que “no se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad”, previsión normativa en la que tendría perfecto encaje el supuesto objeto de consulta.
Abundando en esta línea, cabe añadir que situaciones análogas a la descrita han sido tratadas en el ámbito judicial por los Juzgados de lo Social –acompañamiento e inmovilización de enfermos-, fallando los Tribunales a favor de la parte contratante que requería a los vigilantes de seguridad su intervención ante situaciones que como las descritas no eran tenidas como propias por los vigilantes de seguridad que prestaban el servicio.
Por todo cuanto antecede, el criterio de la Secretaría General Técnica, coincidente con el de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía, es que el protocolo implantado por ese Servicio de Salud es compatible con las funciones propias de los vigilantes de seguridad.

No existe reforma laboral que genere el empleo que se necesita'

Madrid.- "No habrá reforma laboral por muy intensa que sea que genere el empleo que necesita la sociedad española". Así de tajantes se han mostrado los sindicatos durante la celebración del 1º de Mayo sobre la presión para que se logre cuanto antes una reforma laboral dentro del diálogo social, estancado desde hacia varias semanas.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado que "la solución está en el impulso de la actividad económica, en la transformación del modelo productivo (...) y en la reforma fiscal", a la vez que ha exigido al Banco deEspaña y al Gobierno las medidas necesarias para salir de la crisis.

Para los sindicatos si se piensa que sólo con la reforma laboral se generará empleo, "el diálogo social quedará en papel mojado, mientras no se resuelva el problema del crédito".

"El diálogo social quedará en papel mojado, mientras no se resuelva el problema del crédito"

Por su parte, el representante de UGT, Cándido Méndez, ha insistido en que están "dispuestos a echar toda la carne en el asador en el proceso del diálogo social, pero garantizando los derechos de los trabajadores".

Mendez ha advertido al Gobierno de que "habrá un conflicto laboral importante" si se reduce la protección. También ha exigido al Gobierno que retire la propuesta de retrasar la edad de jubilación, una de las reformas que más protestas han levantado de los manifestantes. Los dos sindicatos mayoritarios se han felicitado, no obstante, de "que el Gobierno haya incorporado una nueva prestación a los desempleados". En cuanto al Gobierno y oposición, ambas organizaciones sindicales han criticado su labor para salir de esta grave situación. Al Gobierno le han reprochado su "falta de perspectiva" y la capacidad de "convicción", mientras que al PP le han lanzado un claro mensaje: "se puede decir que es poco patriota y poco responsable porque no para en barreras para derribar al Gobierno y alcanzar la Moncloa".

Los discursos de esta celebración del 1 de mayo, que ha congregado en Madrid a 60.000 personas, segun la organización, han tenido un marcado carácter europeísta dada la situación que vive Grecia y otros países de la zona euro, como España. En este sentido Toxo ha calificado de "mezquinos" los intereses electorales de la canciller alemana, Angela Merkel, "que están impidiendo que la UE pueda salvar a Grecia".
La reforma sigue avanzando

Toxo también ha anunciado que antes de que finalice el mes de mayo se logrará un acuerdo entre patronal y sindicatos. "Hay muchos puntos ya avanzados y medidas discutidas listas para ponerse en marcha", ha dicho al arrancar la manifestación del 1 de mayo, que lleva el lema 'Por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones'.

Entre las reivindicaciones que han presentado los sindicatos en la manifestación destaca entre todas una reforma laboral que ni los representantes de los trabajadores, ni la patronal ni el Gobierno logran consensuar y que podría saldarse con una propuesta unilateral del Ejecutivo en cuestión de semanas.

"España no necesita cirugías de hierro, ni más ajuste de los derechos, España necesita la tecnología punta"

No obstante, Toxo ha señalado que este acuerdo debe ir acompañado por otras dos reformas "urgentes". "El Banco de España debe acelerar la reforma del sistema financiero para garantizar que el crédito llegue a familias y empresas", ha dicho. También ha pedido que el Ejecutivo modifique el Plan de Austeridad y que lleve a cabo nuevas reformas fiscales.

La manifestación ha transcurrido un día después de confirmarse que la tasa de paro en España es ya del 20,05%, y en un momento en el que los agentes sociales están emplazados a apurar con el Gobierno las negociaciones de la reforma laboral.

Por su parte, el líder de UGT, Cándido Méndez, ha advertido de que el acuerdo del diálogo con patronal y gobierno "no es una alternativa a la garantía de los derechos sociales". Ambos líderes se han mostrado cautos con ante las previsiones de Zapatero de que el paro ha tocado techo.

"Los datos de la EPA ponen de manifiesto que aunque el deterioro económico se suaviza, el desempleo sigue en aumento. Si el Gobierno hace mal las cosas el paro seguirá subiendo", ha dicho Toxo.

Desde UGT han apelado a los últimos datos de desempleo para advertir de que "las organizaciones sindicales tenemos datos tangibles para luchar por los derechos de los trabajadores".

En la cabecera de la marcha también han coincidido otros políticos como el socialista Pedro Zerolo o el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara. Éste ha criticado al Gobierno por llevar a cabo recortes "raquíticos" en los cargos de la Administración Publica. En opinión de Lara esta reformas deberían empezar por limitar el sueldo de todos los altos cargos públicos para que "ninguno cobre más que el presidente".

Además, el líder de IU aseguró que "los problemas de los trabajadores se resuelven metiendo la mano en el capital, pero a eso no se atreven". "Los capitalistas parecen los dioses sacrosantos de nuestro dinero",ha dicho.