Normativa en la que confirma nuestra condicion de AGENTES DE LA AUTORIDAD, en infraestructuras y servicios de transporte. ene_12

CAPÍTULO II.
MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/2003, DE 7 DE ABRIL, DE ORDENACIÓN DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CATALUÑA.
Artículo 78. Modificación de la disposición adicional primera de la Ley 4/2003.
Se modifica el punto segundo de la disposición adicional primera, apartado 2.b, de la Ley 4/2003,
que queda redactado del siguiente modo:
2. El titular o la titular de la dirección general competente en materia de seguridad privada, en lo
que se refiere a las faltas graves y leves.
Artículo 79. Adición de las disposiciones adicionales séptima y octava a la Ley 4/2003.
Se añaden dos disposiciones adicionales, la séptima y la octava, a la Ley 4/2003, con el siguiente
texto:
DISPOSICION ADICIONAL SÉPTIMA. Personal de seguridad privada
1. De acuerdo con las atribuciones de coordinación de los servicios de seguridad privada con la
policía de las instituciones propias de Cataluña que son competencia de la Generalidad, el personal
de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la seguridad en las infraestructuras
y los servicios de transporte público de Cataluña por cuenta de la Administración o de entidades
del sector público o empresas operadoras, y siempre que el desarrollo de las funciones se derive
del servicio contratado por la Administración o ente público de acuerdo con la legislación de
contratación pública, tiene la condición de agente de la autoridad como colaborador de los
cuerpos policiales de Cataluña. Deben establecerse por reglamento las medidas de control y los
requisitos de formación de este personal.
2. En el marco de las juntas locales de seguridad, debe informarse del número de efectivos del
personal de seguridad privada mencionado que actúa en cada municipio.
DISPOSICION ADICIONAL OCTAVA. Autorización de empresas de seguridad privada por parte de
la Generalidad
La acreditación de los requisitos exigidos en el procedimiento de autorización de empresas de
seguridad privada por parte de la Generalidad se realiza mediante una declaración responsable, en
la forma en la que se determine por reglamento. Debe comprobarse la veracidad de la declaración
en el plazo de tres meses.