lunes, 21 de noviembre de 2011

Los atuneros vascos siguen a la espera del armamento pesado



La flota atunera vasca que faena en el océano Índico sigue sin poder embarcar armamento pesado para hacer frente a los ataques piratas que se registran frente a la costa de Somalia, sobre todo en los periodos intermonzónicos en los que el mar en calma facilita a las mafias acosar a sus ‘tesoros flotantes’. Cuando se cumplen dos años de la liberación del ‘Alakrana’, tras 47 interminables días de cautiverio, la tensión persiste en la zona pese a la disminución de los intentos de abordaje.
El Gobierno de la República de Seychelles autorizó en septiembre a los pesqueros españoles a llevar armamento del calibre 12.70, en lugar del de 7.62 milímetros que los vigilantes de seguridad de los buques utilizan hasta ahora para defenderse de los intentos de asalto en alta mar. La Administración del país africano, sin embargo, sigue sin dar el visto bueno definitivo al protocolo de actuación que el Ministerio de Defensa español le remitió en su día, en el que se concretan, entre otros puntos, las condiciones para el traslado y manejo de material de guerra en las aguas más peligrosas del mundo.
«Al parecer, ambos gobiernos no terminan de llegar a un entendimiento», explican responsables de una empresa atunera de Bermeo propietaria de varias unidades que faenan en el Índico. «Defensa de Seychelles anda con miedo porque cree que las armas que nos permiten embarcar tienen poco menos que los mismos efectos que las bombas atómicas. Confiamos en que el tema se resuelva pronto», señalan.
El ministerio que dirige Carme Chacón ya ha encargado a la compañía Santa Bárbara Sistemas (SBS) –filial del grupo estadounidense General Dinamics, con sede en Madrid, y que suministra también material a las Fuerzas Armadas españolas–, la adquisición de armamento de mayor calibre para los atuneros. Asimismo, se están estudiando las posibilidades que existen de trasladar cuanto antes las armas y municiones a Puerto Victoria, capital del archipiélago de las Seychelles, donde la flota atunera tienen su principal base.
Chacón aseguró que esta operación se llevaría a cabo de forma «casi inminente», aunque fuentes del sector atunero congelador admiten a EL CORREO que «es casi seguro que este año nos comamos las uvas sin las armas de más calibre a bordo».
Vigilancia reforzada
Desde alta mar, también lamentan que la operación se haya dilatado en el tiempo. «Nos habría gustado tenerlas ya, coincidiendo con esta época del año en la que se registra siempre un rebrote de la piratería porque mejoraría nuestra seguridad, pero está claro que habrá que esperar», declara un patrón de Lekeitio que se encuentra faenando en aguas del Índico. «En todo caso serán bienvenidas porque ellos (los piratas) cada vez están mejor preparados para atacarnos con todo el material que consiguen a través del mercado negro».
La Asociación Española de Escoltas (ASES) también ha solicitado en reiteradas ocasiones el empleo de ametralladoras de mayor alcance para proteger a los pesqueros de las acciones violentas de los piratas somalíes en alta mar. En estos momentos, los agentes defienden a los buques en los que se encuentran embarcados con rifles de asalto y ametralladoras ligeras que alcanzan los objetivos a 600 metros de distancia, frente al armamento pesado entre el que se incluye el modelo Browning de calibre 12.70, con un recorrido superior al kilómetro y medio.
En la actualidad, coincidiendo con el segundo de los dos periodos intermonzónicos –se prolonga hasta diciembre–, las armadoras vascas han vuelto a reforzar la vigilancia a bordo para hacer frente a cualquier ataque. Los buques llevan entre tres y cuatro agentes, dependiendo del porte de la nave, uno más de lo habitual en la época de menor riesgo. El primero de los periodos intermonzónicos que aprovechan los piratas para campar a sus anchas por el Índico se prolonga desde enero hasta abril, aproximadamente.
La treintena de unidades que componen la flota atunera congeladora vasca se encuentra en estos momentos faenando a bastante distancia de las aguas internacionales situadas frente a la costa de Somalia, en las que normalmente navegan durante estas fechas siguiendo la ruta migratoria de los cardúmenes de atún rojo. La razón no es otra que el periodo de veda impuesto en la zona, que se prolongará durante todo el mes. «Estamos esperando a que termine el parón biológico para poder pescar algo, porque de momento el año no está siendo demasiado bueno», señalan desde otro pesquero bermeotarra.
Durante la presente campaña, solo cuatro atuneros españoles –‘Albatun Dos’, perteneciente a Albacora; ‘Felipe Ruano’, de Pevasa; ‘Draco’, propiedad de Petusa; y ‘Alakrana’, de Echebastar Fleet– han sido objeto de intentos de abordaje por parte de las bandas piratas. El primero de los ataques tuvo lugar el 6 de enero, mientras que los dos siguientes se produjeron en marzo. El más reciente, de nuevo con el ‘Alakrana’ como objetivo, se registró el 18 de octubre pasado. La cifra dista mucho de los 22 barcos que en 2010 sufrieron persecuciones, algunos de ellos hasta en tres ocasiones. «De no llevar armas a bordo, muchos de esos ataques hubiesen terminado en secuestro, seguro», recalca un capitán al que el año pasado le tocó vivir de primera mano un intento de abordaje pirata.
Pese a este descenso en el número de ataques, los vigilantes lo tienen claro: «la situación en la zona no es buena».

acompañamiento por vigilantes fuera del local de trabajo

Consulta efectuada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada, en la que se plantea la posibilidad de que un vigilante de seguridad, que presta su servicio en una local dedicado a la compra y venta de oro, que se encuentra ubicado en una planta de un edificio, pueda acompañar a los clientes del citado local hasta las plazas de aparcamiento del propio inmueble, y realizando su desplazamiento por zonas comunes de éste.

Consideraciones
Señalar en primer lugar, que tanto el artículo 11.1.a) de la Ley 23/1992, de Seguridad Privada, como el artículo 71.1.a) del R. D. 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la anterior Ley citada, disponen, como una de las funciones de los vigilantes de seguridad, “ejercer la vigilancia y protección de bienes e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos”. Sin embargo, el artículo 79 del mencionado Reglamento, con el título de “actuaciones en el exterior de inmuebles”, establece las excepciones a la regla general descrita en el párrafo anterior, siendo así, que en su punto 1º, aparatado g) regula que:
Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con la función de vigilancia y seguridad, teniendo en cuenta, en su caso, las instrucciones de los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
De igual forma, cabe reseñar que la operativa del servicio consiste en acompañar a los clientes, desde el local hasta las plazas de aparcamiento, que el propio establecimiento de compra venta de oro reserva exclusivamente para aquellos, por lo que estos aparcamientos forman parte del entorno a proteger.
Conclusiones
Teniendo en cuenta la normativa anteriormente mencionada, así como la descripción de la operativa a realizar por el vigilante de seguridad, consistente en realizar de forma excepcional, elacompañamiento de clientes de la empresa de compraventa de oro, donde radica su servicio, hasta el aparcamiento del propio inmueble, utilizando para este desplazamiento zonas comunes, como son las escaleras o ascensores, y siempre que se tenga en cuenta las instrucciones de los órganos competentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dicha actuación estaría dentro de las funciones que pueden realizar un vigilante de seguridad, si bien, esta operativa no podrá realizarse de forma ordinaria o habitual, sino encuadrarse en actuaciones circunscritas a la protección exclusiva de los clientes y mercancías de la empresa de compraventa, que utilicen la plaza de estacionamiento de la que dispone el establecimiento, motivadas por el valor o cuantía de la mercancía que porte en ese momento un determinado cliente.

Radiografía del mercado de videovigilancia

Una de las consultoras que más atención presta al crecimiento del mercado de la videovigilancia IP es IMS Research, a la que hemos referencia en numerosas ocasiones en este blog. Ahora, queremos llamar la atención sobre una reciente entrevista que hacen a uno de sus analistas, Gary Wong, en la que analiza la situación actual y futura de este mercado que, para 2014, superará al de la videovigilancia analógica, según sus previsiones.
Durante la entrevista, Wong habla de cómo se percibe inquietud en el mercado, cómo las empresas y usuarios están investigando, probando activamente las bondades de esta tecnología frente a los tradicionales despliegues CCTV. En este sentido, y como ha sucedido en otros segmentos de electrónica, los mercados intermedios son los que generan una masa crítica que termina por empujar al resto de los nichos, bien sea hacia arriba -gran cuenta y AAPP, donde el número de proyectos es menor pero de mucha mayor cuantía- o hacia abajo -residencial.
Realizando una panorámica de los mercado mundiales, el analista identifica mayores niveles de crecimiento en EEUU, si bien es cierto que China o EMEA serán regiones en los que la explosión será muy rápida. De hecho, las últimas cifras publicadas así lo sugieren. ¿Cuáles son los factores que motivarán estos crecimientos? Desde el punto de vista de Wong, dos, fundamentalmente: por un lado, el precio, que va cayendo a medida que la tecnología madura; y por otro, la propia educiación del mercado, que percibe las ventajas sobre CCTV, tanto en Coste Total de Propiedad (TCO) como de funcionalidades. En este último sentido, la mejora de las videocámaras hacia la Alta Definición (HD) con resoluciones megapixel -de la que hablaremos en próximos posts-, ha supuesto un envite directo a la línea de flotación de los dispositivos analógicos.
Y los integradores, ¿qué papel jugarán? Fundamental, desde luego, aunque el experto advierte aún de cierta resistencia al cambio que ralentiza el crecimiento del mercado. Sin embargo, todo hace indicar que se trata de un fenómeno temporal y que, vencida esa resistencia inicial, el giro hacia el mundo IP será definitivo.

jueves, 17 de noviembre de 2011

Aseguran que los ataques superan en número a los que terminan saliendo a la luz. Advierten que una cuarta parte de la violencia ocupacional se da en el sector sanitario.
El director del Sáenz Peña, Federico Cornier, asegura que los controles en el hospital,
que incluyen videovigilancia, vienen dando buenos resultados

Al menos dos trabajadores del servicio público de salud resultan agredidos cada semana. El dato no es estadístico, ya que no hay registros al respecto, pero sí empírico, según alertó la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), que además estimó que estos hechos violentos superan en número a los que toman estado público. “Nuestros superiores nos desalientan a denunciarlos”, dijeron algunas voces. El tema ya tiene su carga de reclamos pero se actualizó el 29 de octubre pasado, cuando un joven exaltado le dio una trompada a una médica en la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Desde ese momento, se implementaron urgentes medidas de seguridad similares a las que se venían aplicando en el Sáenz Peña.
Dos sábados atrás, en plena madrugada, un joven fuera de control golpeó a una médica que intentaba hacerle un electrocardiograma en la guardia. La gota colmó el vaso. Los profesionales se movilizaron porque consideraban que era un incidente a repetición. La movida tuvo resultado, un equipo de Control Urbano municipal debutó el lunes pasado en el lugar para formar lo que se considera “la primera barrera de contención en el ingreso”.
Diagnóstico. Pero no fue la única reacción. Hace un mes la Asociación Médica y el Colegio de Médicos abordaron el tema con un diagnóstico demoledor. “Comprobamos que en Rosario una cuarta parte de la violencia ocupacional ocurre en el sector sanitario, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicaron desde estas instituciones a La Capital en la edición del 22 de septiembre. E instaron a realizar talleres para focalizar cada caso y buscar soluciones junto a las autoridades provinciales y municipales.
“No nos alcanza que nos digan cómo debemos tratar a los pacientes en situaciones de crisis”, confiaron los trabajadores de la salud. Y dijeron que “no se sienten respaldados por las autoridades sanitarias”. La angustia tiene fundamento en una de las conclusiones del diagnóstico de la Asociación Médica: “En los hospitales rosarinos todos los profesionales fueron víctimas o testigos de hechos de este tipo”.
Problemas. ¿Qué denuncian los trabajadores de la salud? Golpes, maltrato, empujones y presiones verbales entre las que contabilizan insultos y amenazas de todo calibre. En el caso de que trabajen en centros de salud o tengan que asistir en auto o ambulancia a zonas de conflictividad social, también sufren robos y cobro de peaje. Desde la Secretaría Gremial de la Amra, Sandra Maiorana le puso nombre: “Violencia”. Aunque aclaró que se la debe considerar como el matiz de una situación generalizada a la que no escapa el resto de la sociedad.
Para Maiorana, los centros privados no escapan a la iracundia de pacientes y familiares, aunque queda puertas adentro. En los efectores públicos trasciende; pero, según coinciden los trabajadores de la salud, “sólo en algunos casos, los más graves porque en general no nos acompañan a que los denunciemos”.
“Hay un subregistro de los casos”, dijo Maiorana y extendió el análisis hacia los centros de salud de los barrios con mayores problemas de conflictividad donde, además, roban los maletines de autos y ambulancias “pensando que pueden encontrar medicamentos para usar como drogas”.
Ira. A tono con la consideración social del problema, la delegada gremial del sindicato de los médicos, Teresita Ghio, describió el escenario habitual de la guardia de los hospitales rosarinos. “Llegan heridos con arma blanca o de fuego, personas alcoholizadas o bajo efectos de drogas, lo que genera una angustia muy fuerte en los familiares quienes reaccionan mal, no pueden medir que estamos para ayudarlos”, describió.
Según Ghio, las guardias están bien equipadas y el personal capacitado para emergencias. Pero, si así y todo la situación no se puede resolver, salir a dar la cara a los familiares suele ser la escena de mayor riesgo. “Quieren matar al mensajero, trasladan la violencia a la persona que tienen adelante, esos momentos suelen ser terribles, con desbande total”, describió la gremialista delegada del hospital Provincial, donde trabaja en la Unidad Coronaria.
“Los familiares descargan su bronca contra el sistema y, aunque la violencia social se puede comprender, no te salvás de las trompadas, cuando uno ve romper una puerta de una patada o no puede dar un informe por los gritos y los empujones, se siente muy vulnerable”, contó Ghio.
Patada voladora y fosa. ¿Hasta dónde pueden llegar las agresiones? Dos testimonios de primera mano, aunque con resguardo de la fuente, dan la pista de que el miedo no es vano. “Estaban suturando la cabeza a un joven en la guardia del hospital Carrasco, entraron su mamá y hermana y comenzaron a los golpes con una patada en los genitales que dobló en dos al policía que lo custodiaba, ahí el herido se arrancó el suero y desparramó sangre por todos lados”. La escena se controló con ayuda extra.
“Una médica terminó con una crisis de fobia ante la persecución y amenazas de muerte por parte de un paciente psiquiátrico que, en su casa, hasta le había cavado una tumba. El drama fue que cuando se reincorporó la querían enviar al mismo centro de salud, hubo que hacer gestiones especiales para que fuera a trabajar a otro lugar, tuvimos que intervenir como sindicato”, narró Maiorana. Los hechos ocurrieron dos años atrás. Un tiempo más que importante para que las soluciones aún estén en diseño.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Los vigilantes del Cercanías de Aranjuez, bajo un puente y sin abrigo



  • 14 NOV 2011 | R. Gavilán
    Hacen turnos de 12 horas a la intemperie. “No tenemos garita ni señalización nocturna”

  • “Los vigilantes de seguridad de la estación de Cercanías de Aranjuez carecen de garita, permanecen durante las 12 horas que dura el turno a la intemperie, vigilando entre las vías, ya que tienen prohibido resguardarse de las diferentes inclemencias del tiempo en el interior de los vagones o en el vestuario”. Así describe una denuncia presentada por UGT las condiciones laborales en las que actualmente trabajan los vigilantes del Cercanías.
  • Los trabajadores de la empresa LPM Seguridad, adjudicataria de la concesión otorgada por el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco, dicen no aguantar más y han tomado la decisión de denunciar los hechos ante la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio.
    Según relatan en la referida denuncia, a la que ha tenido acceso LA GACETA, “la ausencia de una garita impide a los trabajadores disponer de un lugar donde calentarse para realizar descansos periódicos que les permitan recuperarse de las bajas temperaturas a las que están expuestos al trabajar a la intemperie en invierno”. Debido a esa falta de medios, los empleados de seguridad afirman que se ven obligados a “resguardarse bajo un puente y hacer fuego en un cubo para calentarse”, tal y como puede observarse en la fotografía.
    Estos trabajadores aseguran que “carecen de las mínimas condiciones físicas obligatorias que exige la ley de seguridad privada a las empresas”. Según fuentes del sindicato UGT, sindicato que ha denunciado el caso en el Ministerio de Trabajo, “la situación de crisis económica está alcanzando unos niveles de despreocupación por parte de algunas empresas que afectan a la seguridad laboral y que en ocasiones obliga a los trabajadores a tener que desempeñar sus funciones a cualquier coste con tal de no perder su puesto de trabajo y el Gobierno no hace nada”.
    Según explican, el Ministerio de Fomento, responsable de las líneas de Cercanías, no responde a los requerimientos de estos empleados y deja hacer a la empresa concesionaria.
    Además de no tener ni una garita acondicionada en la que poder hacer puntuales descansos para entrar en calor, lo peor de todo es que ni siquiera cuentan con la ropa de abrigo adecuada para estar 12 horas en la calle. Denuncian que no tienen ni un simple chubasquero que les resguarde de la lluvia y que, encima, la empresa LPM les ha aconsejado que se costeen de su propio bolsillo las prendas de abrigo. Y si la empresa no les compra ni un forro polar, lo mismo pasa con los zapatos, a pesar de que al trabajar en la calle la compañía debería facilitar a los vigilantes el calzado de seguridad impermeable homologado.
    Sin linternas
    Además, según la misma denuncia presentada el pasado 18 de octubre, los vigilantes tampoco “disponen de medios de comunicación para darse aviso entre los trabajadores, ni de medios de señalización suficientes. Sólo cuentan con una linterna para dos vigilantes, aunque trabajan separados, y esa linterna es con la que tienen que indicar su posición a los trenes que llegan a la estación, la misma que usan para alumbrarse cuando tienen que transitar entre las vías para realizar las rondas”.

domingo, 13 de noviembre de 2011

Varios pasajeros y un vigilante de seguridad lograron reducir un atracador en Les Planes

Las cámaras de seguridad de la estación captaron los hechos y FGC procedió a avisar a los Mossos d'Esquadra.

Barcelona. (Redacción).- Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya ha hecho público su agradecimiento a los viajeros de un convoy y un vigilante de seguridad que hicieron posible la detención de uno presunto atracador en la estación de ferrocarril de Les Planes.

Las cámaras de seguridad de FGC captaron la actuación sospechosa de dos personas que intentaron, en primera instancia, robar el móvil de un cliente en la estación de Les Planes. Rápidamente el operador del Centro de Control de Rubí activó la operativa de los sistemas de seguridad internos de FGC y avisó a los Mossos d'Esquadra.

Posteriormente, los dos presuntos ladrones robaron una bolsa con violencia a una clienta en el interior de un ferrocarril dirección Barcelona. Al verlo, los viajeros del convoy accionaron el sistema de alarma del tren, que quedó parado en la estación de Baixador de Vallvidrera. Una vez parado el tren, algunos clientes, conjuntamente con la intervención de un vigilante de seguridad de FGC, persiguieron a los presuntos ladrones y lograron reducir a uno de ellos.

El departamento jurídico de Ferrocarriles de la Generalidad de Catalunya ha iniciado las acciones legales oportunas para pedir el alejamiento de las instalaciones de FGC del detenido, una actuación legal que no es habitual en el ámbito del transporte y que pretende evitar que se repitan casos como este. Es una medida cautelar para prohibir la entrada a las instalaciones de FGC a las personas que han cometido algún acto delictivo en el ámbito de actuación de la compañía. En caso de incumplimiento supondría una infracción de desobediencia.

Los jueces tumban el despido de 20 días y dejan sin efecto la reforma laboral

La reforma laboral abarataba el despido en la práctica. Los empresarios podrían despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, al igual que la mayoría de la eurozona. El Gobierno desempolvaba el despido objetivo por causas económicas de 1980 y que desde 1997 (cuando flexibilizó el despido disciplinario, más conocido como despido exprés) había quedado relegado a las compañías valientes a las que no les asustara enfrentarse a un largo litigio judicial.

En el 76% de los casos eran derrotados y obligados a pagar 45 días por año con 42 mensualidades como tope más salarios de tramitación.

La nueva norma de septiembre de 2010 clarificó las causas económicas de despido, pero todavía faltaba la interpretación de los jueces. Y los jueces han hablado, al menos los del Juzgado de lo Social. Sus interpretaciones difieren unas de otras y en la mayoría de casos siguen tumbando los despidos de 20 días.

El interés del trabajador

A falta de una sentencia del Tribunal Supremo que unifique todas estas interpretaciones, muchos jueces no ven claro el texto de la reforma. Según una sentencia del 17 de marzo del juzgado de Guadalajara, se debe tener en cuenta el interés del trabajador por conservar su puesto de trabajo: "El criterio de razonabilidad no puede, en mi opinión, confinarse a la competitividad de la empresa, sino que tiene que incluir especialmente el interés del trabajador por conservar su puesto de trabajo".

Además, coincidiendo con otras sentencias, el juez decide que el despido debe ser la última posibilidad y ejecutarse "cuando ya se hayan agotado otras medidas de flexibilidad interna (reducción de la jornada, modificación de condiciones de trabajo, movilidad geográfica o, incluso descuelgue salarial)". No obstante, para llevar a cabo estas otras medidas se necesita llegar a un acuerdo con sindicatos y este proceso se puede dilatar en el tiempo.

Se supone que el objetivo de la reforma laboral era que un empresario con mala situación económica pudiera despedir más fácilmente. Además se añadían las causas previstas: ya no iba a ser necesario estar al borde de la quiebra para justificar una crisis económica en la compañía, bastaba con acreditar una caída de ingresos con la que se pudieran prever las pérdidas.

Otra sentencia de Pamplona del 24 de febrero de 2011 también falla que un despido objetivo por causas económicas es improcedente. La argumentación se vuelve a centrar en que "la decisión de la empresa no ha constituido el último instrumento legal del que dispone para tratar de resolver la situación negativa en la que se encuentre".

De esta manera, el juez añade que la empresa debía "haber adoptado otras medidas menos drásticas o traumáticas que el despido", según enuncia el texto.

Una sentencia de Madrid del 1 de marzo de 2011 argumenta que en el momento del despido "tales problemas de gestión o pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles y objetivables y no meramente hipotéticos", a pesar de que en la reforma incorpore las pérdidas futuras.

En estas interpretaciones se pone de relieve el interés del trabajador afectado. Y es que una de las mayores críticas que realizan los empresarios es que una denuncia de una decisión empresarial no debería ir a un Juzgado de lo Social, sino a uno de lo Mercantil.

También hay algunas interpretaciones de la reforma algo más liberales. La misma sentencia de Madrid antes comentado defiende que para hacer una extinción de contrato la situación económica no tiene que "llegar a crisis total ni a que la situación de la empresa sea irreversible". Además añade que la norma "no tiene como objetivo regular la situación laboral de una empresa en situación de crisis definitiva, sino precisamente evitar que dicha situación se produzca, salvando el mayor número de puestos de trabajo posibles". "Basta con una mala evolución del beneficio".

En cuanto a la documentación, la sentencia destaca que "no es necesaria una exposición exhaustiva de cifras y datos". Y es que continúa siendo usual que no se acepten despidos porque el empresario no ha cumplido con exactitud todas las formas. Un ejemplo se expone en una sentencia analizada, donde se afirma que el cese "es improcedente al no haberse acreditado en la carta de despido la situación económica de la empresa".

miércoles, 9 de noviembre de 2011

permisos retribuidos elecciones generales

PERMISOS RETRIBUIDOS ELECCIONES GENERALES DEL PRÓXIMO

20 DE NOVIEMBRE 2011

HORARIO VOTACION 09:00 A 20:00 H.

RD 421/1991 5 ABRIL ART. 14.1

1. Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales, o lo haga por un periodo inferior a dos horas, no tendrán derecho a permiso retribuido.

2.- Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán permiso retribuido de dos horas.

3.- Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán un permiso retribuido de tres horas.

4.- Los trabajadores/as cuyo horario de trabajo coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales tendrán un permiso retribuido de cuatro horas.

Corresponde a la empresa la distribución del periodo en que los trabajadores dispongan del permiso para acudir a votar.

MIEMBROS DE LA MESA E INTERVENTORES

En el caso de presidentes, vocales e interventores tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior. Cuando se trate de apoderados el permiso sólo corresponderá a la jornada correspondiente al día de la votación.

Si alguno de los trabajadores de este apartado trabajara la noche anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

TODOS LOS TRABAJADORES DEBEN SOLICITAR JUSTIFICANTE A LA MESA ELECTORAL

FEDERACIÓ DE SERVEIS DE CATALUNYA

SECCION SINDICAL GRUPO SEQUOR SEGURIDAD

FES-UGT BARCELONES