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Aseguran que los ataques superan en número a los que terminan saliendo a la luz. Advierten que una cuarta parte de la violencia ocupacional se da en el sector sanitario.
El director del Sáenz Peña, Federico Cornier, asegura que los controles en el hospital,
que incluyen videovigilancia, vienen dando buenos resultados
que incluyen videovigilancia, vienen dando buenos resultados
Al menos dos trabajadores del servicio público de salud resultan agredidos cada semana. El dato no es estadístico, ya que no hay registros al respecto, pero sí empírico, según alertó la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), que además estimó que estos hechos violentos superan en número a los que toman estado público. “Nuestros superiores nos desalientan a denunciarlos”, dijeron algunas voces. El tema ya tiene su carga de reclamos pero se actualizó el 29 de octubre pasado, cuando un joven exaltado le dio una trompada a una médica en la guardia del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Desde ese momento, se implementaron urgentes medidas de seguridad similares a las que se venían aplicando en el Sáenz Peña.
Dos sábados atrás, en plena madrugada, un joven fuera de control golpeó a una médica que intentaba hacerle un electrocardiograma en la guardia. La gota colmó el vaso. Los profesionales se movilizaron porque consideraban que era un incidente a repetición. La movida tuvo resultado, un equipo de Control Urbano municipal debutó el lunes pasado en el lugar para formar lo que se considera “la primera barrera de contención en el ingreso”.
Diagnóstico. Pero no fue la única reacción. Hace un mes la Asociación Médica y el Colegio de Médicos abordaron el tema con un diagnóstico demoledor. “Comprobamos que en Rosario una cuarta parte de la violencia ocupacional ocurre en el sector sanitario, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicaron desde estas instituciones a La Capital en la edición del 22 de septiembre. E instaron a realizar talleres para focalizar cada caso y buscar soluciones junto a las autoridades provinciales y municipales.
“No nos alcanza que nos digan cómo debemos tratar a los pacientes en situaciones de crisis”, confiaron los trabajadores de la salud. Y dijeron que “no se sienten respaldados por las autoridades sanitarias”. La angustia tiene fundamento en una de las conclusiones del diagnóstico de la Asociación Médica: “En los hospitales rosarinos todos los profesionales fueron víctimas o testigos de hechos de este tipo”.
Problemas. ¿Qué denuncian los trabajadores de la salud? Golpes, maltrato, empujones y presiones verbales entre las que contabilizan insultos y amenazas de todo calibre. En el caso de que trabajen en centros de salud o tengan que asistir en auto o ambulancia a zonas de conflictividad social, también sufren robos y cobro de peaje. Desde la Secretaría Gremial de la Amra, Sandra Maiorana le puso nombre: “Violencia”. Aunque aclaró que se la debe considerar como el matiz de una situación generalizada a la que no escapa el resto de la sociedad.
Para Maiorana, los centros privados no escapan a la iracundia de pacientes y familiares, aunque queda puertas adentro. En los efectores públicos trasciende; pero, según coinciden los trabajadores de la salud, “sólo en algunos casos, los más graves porque en general no nos acompañan a que los denunciemos”.
“Hay un subregistro de los casos”, dijo Maiorana y extendió el análisis hacia los centros de salud de los barrios con mayores problemas de conflictividad donde, además, roban los maletines de autos y ambulancias “pensando que pueden encontrar medicamentos para usar como drogas”.
Ira. A tono con la consideración social del problema, la delegada gremial del sindicato de los médicos, Teresita Ghio, describió el escenario habitual de la guardia de los hospitales rosarinos. “Llegan heridos con arma blanca o de fuego, personas alcoholizadas o bajo efectos de drogas, lo que genera una angustia muy fuerte en los familiares quienes reaccionan mal, no pueden medir que estamos para ayudarlos”, describió.
Según Ghio, las guardias están bien equipadas y el personal capacitado para emergencias. Pero, si así y todo la situación no se puede resolver, salir a dar la cara a los familiares suele ser la escena de mayor riesgo. “Quieren matar al mensajero, trasladan la violencia a la persona que tienen adelante, esos momentos suelen ser terribles, con desbande total”, describió la gremialista delegada del hospital Provincial, donde trabaja en la Unidad Coronaria.
“Los familiares descargan su bronca contra el sistema y, aunque la violencia social se puede comprender, no te salvás de las trompadas, cuando uno ve romper una puerta de una patada o no puede dar un informe por los gritos y los empujones, se siente muy vulnerable”, contó Ghio.
Patada voladora y fosa. ¿Hasta dónde pueden llegar las agresiones? Dos testimonios de primera mano, aunque con resguardo de la fuente, dan la pista de que el miedo no es vano. “Estaban suturando la cabeza a un joven en la guardia del hospital Carrasco, entraron su mamá y hermana y comenzaron a los golpes con una patada en los genitales que dobló en dos al policía que lo custodiaba, ahí el herido se arrancó el suero y desparramó sangre por todos lados”. La escena se controló con ayuda extra.
“Una médica terminó con una crisis de fobia ante la persecución y amenazas de muerte por parte de un paciente psiquiátrico que, en su casa, hasta le había cavado una tumba. El drama fue que cuando se reincorporó la querían enviar al mismo centro de salud, hubo que hacer gestiones especiales para que fuera a trabajar a otro lugar, tuvimos que intervenir como sindicato”, narró Maiorana. Los hechos ocurrieron dos años atrás. Un tiempo más que importante para que las soluciones aún estén en diseño.
