lunes, 18 de abril de 2011

«No me dejéis morir»


Cristian Andrés Patiño, de 18 años, pedía ayuda después de que un tren le amputase parte de sus piernas en Leganés Bajó a la vía para coger piedras y lanzarlas al grupo con el que se peleaba tras una fiesta.

«Papá, la he cagado». Es lo primero que le dijo a su progenitor desde su cama de la Unidad de Cuidados Intensivos, sabiendo lo que ocultaban las sábanas: su nuevo aspecto. Su pie derecho y su pierna izquierda, de rodilla para abajo, habían sido arrancados por siempre de su cuerpo. Así fue como reaccionó ayer Cristian Andrés Patiño Loja, de 18 años, cuando vio a Iván, su padre, al despertar de una larga intervención en el Hospital Doce de Octubre. Después de que un tren arrollara al joven a las siete de la mañana, Iván le replicó emocionado: «Lo importante es que estás vivo».
Los planes de la noche del sábado y la madrugada del domingo estaban muy claros. Cristian vería el partido del Real Madrid-Barcelona en un bar de Leganés con unos amigos. Después bailarían y beberían hasta el cierre de una de las discotecas latinas del municipio, ubicada en la plaza de toros La Cubierta. Con lo que no contaba este joven ecuatoriano es que un convoy le amputaría parte de sus dos piernas al final de la jornada.
Todo empezó a la salida de la discoteca de La Cubierta. Cristian y su grupo de amigos se adentraron en la cercana estación de Metrosur Casa del Reloj con algunas copas de más.
Los efectos etílicos
Tenían que hacer transbordo en la parada de Cercanías de Leganés Central. Allí, la línea C-5, en dirección Fuenlabrada, les llevaría hasta su casa. En el interior del vagón de Metrosur comenzó el alboroto entre la cuadrilla. Los efectos etílicos sacaron el lado más execrable de estos jóvenes, según informaron testigos. De hecho, explicaron, se tuvo que avisar a una pareja de vigilantes de seguridad para que pusiera orden.
Era en torno a las 6.40 de la mañana cuando el grupo de Cristian, incluido él, comenzó una trifulca con tres españoles y un colombiano en la estación de Leganés, según informó un testigo directo. Comenzaron los golpes y continuaron las pedradas. Al parecer, los grupos en pugna se armaron con las piedras que inundan las vías de ferrocarril ubicadas en la calle de Santa Rosa.
Cristian, embriagado por los efectos del alcohol, los nervios y la adrenalina de la refriega, bajó a la vía y se agachó para recoger su armamento. Pero el tren estaba a punto de entrar en el andén. No lo vio. No lo escuchó. El maquinista accionó el freno para evitar arrollarlo, pero la distancia de frenado alcanzó más de 200 metros, lo normal. La tragedia sobrevino al joven sin que pudiera reaccionar.
«¡Ayuda, no me dejéis morir!», gritaba después de que el convoy le seccionara completamente, como informó Emergencias 112, la pierna izquierda a la altura del tobillo y le aplastase y cortase la pierna derecha por debajo de la rodilla, a la altura de la tibia y el peroné.
«Han sido los del ascensor»
«Han sido los del ascensor», chillaba una chica que acompañaba a Cristian mientras se deshacía en llanto. Ricardo Gabriel, un ecuatoriano de 22 años, viajaba en el tren fatal y escuchó las palabras de la joven cuando bajó del mismo. Casualmente es vecino de Cristian, un compatriota al que conocía de ver por Fuenlabrada. «Me topé con el chico en la vía y escuché a la que parecía su novia y me abalancé hacia los culpables como loco. Estaban junto al ascensor con un montón de piedras. Cuando fui para ellos me pegaron. Vinieron más amigos a ayudarme», relata despidiendo olor a alcohol y con los pantalones blancos ensangrentados por el lisiado.
Según Ricardo, varios agentes de la Policía Nacional llegaron a la estación y los separaron. Los presuntos implicados en la trifulca fueron trasladados a la comisaría para prestar declaración. No hubo detenidos, informaron desde la Jefatura Superior de Policía, ya que el accidente se produjo por imprudencia del afectado.
Una UVI móvil del Summa estabilizó a Cristian y lo trasladó al Hospital Doce de Octubre en estado grave. Al cierre de esta edición su vida no corría peligro. La Policía Nacional continúa la investigación.
Agarraba sus piernas y se le caían
Después de despertar de la operación, no hizo falta que nadie dijera a Cristian que había perdido parte de sus extremidades inferiores. «Se dio cuenta en el andén. Fue a agarrar sus piernas y vio cómo se le caían. No las sentía», explicaba su padre ayer a ABC, después de que su hijo espabilase de los efectos de la anestesia. Los amigos que iban con el chico no dudaron en hacerle un torniquete, según relató un testigo, para cortar la hemorragia. El joven estuvo consciente en todo momento, tal y como certificaron desde Emergencias 112. Conocidos y familiares hicieron hincapié en que el afectado «es un joven tranquilo. Nunca se mete en problemas»; «sale con su novia y lleva una vida completamente normal», apuntaron luego. Cristian estudia primero de FP como electricista. Su padre negó que perteneciese a ninguna banda latina

Una célula búlgara que colocó billetes falsos en el norte de España cae en Lugo

Una célula de una banda organizada búlgara que se dedicaba a colocar billetes falsos de 50 y 100 euros en establecimientos comerciales del norte de España fue desarticulada por la Policía Nacional en la capital lucense, en una operación en la que contó con la colaboración de los servicios de seguridad privada del centro comercial As Termas.


Los agentes policiales detuvieron en la tarde del pasado viernes a dos inmigrantes búlgaros en el aparcamiento de la planta baja de esta gran superficie. En su poder hallaron en total casi 7.000 euros en billetes falsos de 50 y, sobre todo, de 100.
En principio, los investigadores creen que esta célula no llegó a colocar ningún billete falsificado en los locales de As Termas, ni en otros establecimientos comerciales de la capital lucense. Según informaron ayer fuentes policiales, por ahora no se han presentado denuncias en la Comisaría de Lugo.
Fuentes próximas a la investigación explicaron que se trata de falsificaciones de buena calidad, difíciles de apreciar a simple vista por los comerciantes que no cuenten con dispositivos especiales para detectarlas.
En donde sí creen que pudieron distribuir esa moneda falsificada fue por pequeños establecimientos de Pontevedra, aunque esa hipótesis no pudo ser confirmada oficialmente.
Esta célula de un grupo organizado búlgaro que cayó en Lugo precisamente debió llegar a la capital lucense procedente de la Ciudad del Lérez. Se está investigando si los detenidos pudieron operar en otras localidades gallegas y del resto de la cornisa cantábrica porque también les hallaron artículos adquiridos en comercios del País Vasco.
operación. La voz de alarma saltó a primeras horas de la tarde del pasado viernes, cuando el personal de la seguridad privada de As Termas sospechó de ambos individuos porque se dedicaron a entrar y salir de varios locales del centro comercial sin realizar compra alguna.
Al parecer, los dos sospechosos se dedicaban a comprobar las medidas de seguridad de que disponía cada establecimiento, como por ejemplo la situación de las cámaras de vigilancia, sin probarse ninguna prenda, ni preguntar a los dependientes por artículo alguno. Las fuerzas del orden suponen que así estaban haciendo acopio de información para determinar qué locales podían ser los más propicios para dar posteriormente el golpe.
Los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en la operación localizaron a los dos inmigrantes búlgaros en el aparcamiento inferior del centro comercial, en donde habían dejado estacionado el vehículo en el que se desplazaban.
Uno pudo ser identificado en el mismo lugar, mientras que el otro, que no portaba documentación, lo fue en comisaría. Ambos delincuentes cuentan con antecedentes policiales. Uno presuntamente es reincidente porque en su currículo tiene arrestos por falsificación de moneda y el otro por robo con violencia.
RegistrosCuando los efectivos policiales los cachearon llevaban encima en metálico, entre ambos, cerca de 3.000 euros en billetes de 50 de curso legal. Pero además portaban ocho ilegales de 100 euros.
Al dar en el aparcamiento con el vehículo que utilizaban para desplazarse, los agentes comprobaron que el maletero y los asientos posteriores estaban abarrotados de bolsas con artículos de todo tipo, desde alimentación a limpieza, textil, zapatería e incluso de pesca.
Hallaron facturas de compra de varios establecimientos de Pontevedra y del País Vasco, por lo que creen que operaban a lo largo de todo el norte de España, sobre todo en tiendas de barrio más que en las de conocidas marcas. Se sospecha que en la ciudad de Lérez debieron pasar al menos un par de días.
Los agentes inspeccionaron entonces el interior del vehículo. Hallaron, bien ocultos, un fajo de casi 7.000 euros en billetes falsificados sobre todo de 100 -tenían también alguno de 50- y otro de aproximadamente la misma cantidad, pero de billetes de curso legal de 20 y 50.
Los dos ciudadanos búlgaros arrestados, de los que no se ha facilitado su identidad, permanecen en los calabozos de la comisaría. Podrían no prestar declaración en el juzgado de Instrucción número uno de Lugo, que se encuentra de guardia, hasta mañana.
Los investigadores tuvieron problemas para poder interrogar a los detenidos porque éstos apenas hablan castellano y además tardaron en localizar a un traductor de búlgaro, una situación que se suele repetir cuando se trata de lenguas minoritarias.

Seguridad de la Información y Protección de Datos.

Insultar en redes sociales puede salir muy caro


Si tenías en mente utilizar una red social para desatar tu ira, quizás deberías pensártelo dos veces antes de hacerlo. Que se lo digan sino a las dos jóvenes, tristes protagonistas de estos hechos, cuya “broma” les ha salido muy cara.
Y es que el Juzgado de Instrucción nº 4 de Segovia, por medio de Sentencia nº 8/2011, de 21 de febrero, ha condenado a dos jóvenes al pago de 18.284,22 euros como autoras de una falta continuada de vejaciones aconsecuencia de los insultos vertidos por éstas desde un perfil falso en la red social Tuenti, creado previamente por ellas.
La situación es la siguiente. Según resultó acreditado en el procedimiento penal instado frente a ellas, las dos jóvenes se pusieron de acuerdo para crear en Tuenti un perfil falso a nombre de una tercera persona -una compañera de instituto-, haciéndose pasar por ella y utilizando el perfil ficticio para verter comentarios que ridiculizaban a la propia víctima y a sus compañeras de instituto, llamándolas entre otras lindezas, “payasas creídas” o “niñatas que parecen travestidas”.

Razona la sentencia que, “teniendo en cuenta la repercusión que la red social Tuenti tiene entre los jóvenes y adolescentes”, la presentación de la víctima como una persona extravagante y que “se mofa descaradamente de sus compañeras de instituto, con quien las denunciadas sabían que no tenía una relación lo suficientemente fluida como para poder desmentirles personalmente su autoría”, no puede ser calificada como mera “broma”. El juzgado ha considerado los hechos como constitutivos de una falta continuada de vejaciones injustas, prevista y penada en el artículo 620-2 último párrafo del Código Penal, que castiga a los que “causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve” y las ha condenado en consecuencia al pago de 18.284,22.
Pero ¿está justificada esa cantidad? Veamos, el Tribunal Supremo ha venido interpretando en sentencias como la de 20 de mayo de 2.009 -recurso 2278/2008- que, del mismo modo que los perjuicios materiales han de probarse, los morales no necesitan, en principio, de prueba alguna cuando su existencia se infiere inequívocamente de los hechos. Es lo que se conoce como el “precio del dolor”, en razón a la cual “el daño moral no necesita estar especificado en los hechos probados cuando fluye de manera directa y natural del relato histórico”.De vuelta al caso concreto, y según recoge la sentencia, como consecuencia de la actuación de las denunciadas, la víctima sufrió un “trastorno adaptativo ansioso depresivo moderado” lo que, en aplicación de la doctrina expuesta, justifica la condena impuesta. En definitiva, piénsalo dos veces antes de difamar en una red social porque te puede salir muy caro.

Un grupo armado roba 100.000 euros en un casino del suroeste de Francia

(actualiza con el intento de robo de otro casino) París, 18 abr (EFE).- Un grupo formado por seis hombres armados con kalachnikov y pistolas automáticas asaltaron anoche el casino de Aix-en-Provence, en el sureste de Francia, del que se llevaron un botín de más de 100.000 euros, mientras que otro casino cercano sufrió un intento de robo, informaron hoy fuentes policiales.
Por el momento se desconoce si las dos acciones son obra del mismo grupo.
Los asaltantes, encapuchados y vestidos de negro, llegaron al casino a bordo de coches robados e irrumpieron en el establecimiento sobre las 00.00 horas GMT ante la mirada atónita de los clientes Dos de ellos se dirigieron a las cajas y obligaron a los empleados a entregarles la recaudación.
Uno de los trabajadores del casino resultó herido de un golpe de culata.
Los ladrones se dieron a la fuga en dirección a Marsella con el botín.
Dos horas más tarde, un grupo de asaltantes llegó al cercano casino de La Ciotat, cuando el establecimiento ya estaba cerrado.
Los ladrones inmovilizaron al vigilante y se dirigieron a las cajas fuertes del casino, que trataron de abrir con ayuda de explosivos.
El presidente del grupo propietario del casino, Fabrice Paire, afirmó que los asaltantes no pudieron llevarse ningún botín.
Estos asaltos se producen después de que el pasado 26 de febrero un hecho similar tuviera lugar en el casino de Cassis, situado cerca de Aix-en-Provence, del que los ladrones se llevaron unos 350.000 euros.
En total, una decena de casinos de los 196 que hay abiertos en Francia, han sido objeto de robos a mano armada en los últimos doce meses.
Paire indicó que los casinos van a cambiar las medidas de seguridad y su modo de funcionamiento para que haya menos dinero en metálico en los casinos y hacer que sea menos interesante para los ladrones tomarlos como blanco de sus acciones. EFE

martes, 12 de abril de 2011


Una panorámica realizada un día después de que ardiese el Windsor (Reuters)
No han querido dejar su suerte en manos de los tribunales. Cinco años después de que comenzara el proceso por el incendio de la Torre Windsor, todos los implicados han decidido llegar a un acuerdo extrajudicial días antes de que tuviera lugar la primera audiencia previa. El Corte Inglés, Deloitte y Prosegur, los tres actores principales del caso, firmaron las paces en la primera semana de marzo. Y con ellos, el resto de implicados, en su mayoría aseguradoras, poniendo fin a las once demandas en curso.

El pasado 22 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia nº18 de Madrid puso punto y final al caso Windsor. Ese día vio la luz el contenido de la sentencia, cuyo fallo, ¨por acogimiento de la renuncia a las acciones y derechos¨, ha resultado ser al final la desestimación de las demandas interpuestas entre todos los implicados. El documento, sin embargo, no recoge ningún detalle de los acuerdos alcanzados entre las partes en liza, mezcladas todas entre sí por el cruce de demandas interpuestas.

El mutismo al respecto del contenido del pacto es máximo. Ninguno de los protagonistas ha querido dar detalles. Todos han firmado un acuerdo de confidencialidad por el que se han comprometido a no revelar, por mínimo que sea, ningún aspecto del mismo. ¨Ha sido un triunfo no llegar a juicio¨, explican desde uno de los bufetes implicados. ¨Para que esto ocurra tiene que ceder todo el mundo un poco en las pretensiones, aunque es cierto que puede ser que lo hayan tenido que hacer unos más que otros¨.

Tras el cierre del proceso penal, que concluyó sin señalar un culpable claro del incendio, el cruce de demandas civiles se inició en 2008 por parte de Deloitte, inquilino de 20 de las 25 plantas, que reclamó a El Corte Inglés y Prosegur hasta 37 millones de euros por la actuación negligente de los vigilantes de seguridad y por la falta de medios del edificio, propiedad de Asón Inmobiliaria (familia Reyzábal) y luego de la cadena de grandes almacenes, que ha levantado en el mismo lugar la nueva torre Titania.

La réplica no se hizo esperar y El Corte Inglés, tras comprar Asón, demandó a su vez a Deloitte y Prosegur por más de 55 millones. Al final, el proceso civil terminó en un fuego cruzado de once demandas que terminaron acumulándose en un mismo juzgado, donde se resolvería sobre la responsabilidad de los daños y perjuicios sufridos por el incendio de la Torre Windsor, convirtiéndose así el caso en un macrojuicio donde estaban en juego indemnizaciones por valor de hasta 200 millones de euros.

De esta manera, la particularidad del caso hacía que todos los demandantes fueran a su vez demandados, excepto la empresa de seguridad Prosegur, que no actuó contra nadie por no sufrir perjuicio alguno y que sin embargo ha sido reclamada por todos por no haber sofocado el incendio a tiempo. Por este motivo, el probable que en el acuerdo extrajudicial alcanzado la compañía de seguridad haya sido una de las partes que más haya tenido que ceder, según las fuentes jurídicas consultadas.

Más de dos años de negociaciones

El día 11 de marzo debía haberse celebrado la primera audiencia previa del juicio, que habría continuado una semana después, pero el acuerdo marco alcanzado entre todas las partes no dio pie a que arrancara la parte final del proceso. ¨Han sido más de dos años de negociaciones¨, explican desde uno de los despachos participantes. ¨Al final ha sido por una cuestión práctica, porque el caso podía haberse dilatado en el tiempo muchos años y ese era un escenario que no convenía a nadie¨.

La importancia del caso puso en liza a los principales bufetes del país y a sus socios de Procesal. De un lado, Cuatrecasas asistía a El Corte Inglés y Uría Menéndez representaba a Mapfre y Allianz, aseguradoras del edificio, mientras que de otro, la defensa de Deloitte estaba en manos de Garrigues y la de Prosegur, en las de Pérez Llorca. La representación de las aseguradoras que pagaron a El Corte Inglés por los daños sufridos corrió a cargo del despacho internacional especializado Davies Arnold Cooper.

Más allá de los argumentos legales de cada parte ha existido también una predisposición por parte de las altas esferas de cada compañía para llegar a una solución que conviniera a todos. Precisamente, los intereses cruzados entre las partes daban pie para que hubiera un arreglo extrajudicial, pues Deloitte es el auditor de cabecera de El Corte Inglés, mientras que Prosegur presta a su vez servicios de seguridad a la cadena de grandes almacenes. Donde hay negocio hay siempre acuerdo.

Las urbanizaciones recurren a patrullas vecinales tras reducirse la vigilancia privada

Los incesantes asaltos en las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana están obligando a algunos vecinos a patrullar las calles para garantizar la seguridad. Ocurre ya en municipios como Barx y Cotes y supone la respuesta a un fenómeno clave: pese a que los robos con fuerza en viviendas alcanzaron en 2010 la cifra más alta de los últimos tres años, la vigilancia privada en urbanizaciones se ha reducido a la mitad con motivo de la crisis.
A los vecinos de Barx, en la Safor, no les basta con la vigilancia policial. Los residentes en la urbanización La Drova están dispuestos a todo para evitar más asaltos y se prestan a vigilar la zona día y noche. Actúan a pie, en vehículos y desde sus casas. Tres personas se encargan de organizar los turnos y las áreas a cubrir.
Esta comisión ha enviado una circular a los vecinos para que colaboren en una acción comunitaria «para el beneficio de todos» y «con la aprobación de la Guardia Civil y el Ayuntamiento». Los requisitos para formar parte son ser mayor de 21 años y residir en Barx.
«Tanto el Ayuntamiento como la Guardia Civil están poniendo todos sus medios para evitar los robos, pero no son suficientes para parar los pies a los ladrones y por eso nos hemos ofrecido para complementar las labores de vigilancia», explica Javier, de la Asociación de Vecinos de La Drova.
Sin cable en Cotes
A finales de marzo, unos ladrones se llevaron 400 metros de cable de cobre de las farolas instaladas en una zona de expansión del municipio de Cotes. En esta ocasión fue el alcalde, José Gozálvez, el que patrulló con su coche por las calles para evitar robos en la zona. «Aquí la Policía Local soy yo», llegó a afirmar el primer edil. Gozálvez vigiló desde la ventana de su casa y salió con su coche a dar vueltas en busca de los delincuentes.
En el interior de Castellón, 13 alcaldes de pueblos de l'Alcalaten y Alto Mijares han propuesto crear una policía mancomunada ante la «desprotección» a nivel policial que sufren estos municipios, que a principios de año sufrieron 50 robos en sólo 15 días. Los consistorios no son ajenos a la crisis económica y si el coste económico del proyecto no es asumible por las arcas municipales se plantean la recuperación de los serenos y los alguaciles.
Para comprender estas acciones basta con echar un vistazo a las últimas estadísticas sobre robos facilitadas por el Gobierno. Hay una grave asignatura pendiente: los robos con fuerza en viviendas, con especial incidencia en las zonas de chalés. La tasa de robos ha crecido en los últimos tres años y 2010 su valor fue de 72, es decir 8 puntos más que en 2009.
«La situación socioeconómica explica este aumento», interpretó la delegada del Gobierno, Ana Botella. La crisis. La misma causa que manejan los vigilantes privados para explicar la drástica reducción de sus servicios en las urbanizaciones valencianas. En resumen: más robos, menos dinero, menos vigilancia y un refuerzo de agentes que a las urbanizaciones «parece que no llega», como lamentan los que residen en estas áreas.
«2012 aún será peor»
Según fuentes del sector de seguridad de UGT, «ha bajado hasta la mitad la contratación de vigilantes en las urbanizaciones. El aumento de robos no nos ha salvado de la crisis y 2012 aún será peor». En palabras de Saturnino Javier Martínez, secretario autonómico, «sólo las urbanizaciones más grandes pueden permitirse seguridad privada»
El sindicato considera que las patrullas vecinales «no son una solución y además son ilegales, puesto que las únicas figuras reconocidas para garantizar la seguridad son las fuerzas estatales, locales o autonómicas, o bien los vigilantes de seguridad privada».
Desde UGT advierten que los vecinos que deciden patrullar ante posibles ladrones «no tienen ni preparación ni medios para enfrentarse a un sospechoso en el supuesto caso de que sea violento, lo que supone un grave riesgo para su integridad».
Según estimaciones de Martínez, la reducción de vigilantes en las zonas de chalés «tampoco ha ido acompañada de un aumento de medios de seguridad más baratos, como sistemas de alarma o cámaras de seguridad». En resumen, «cuando baja el presupuesto, baja todo».
La misma idea corrobora Carlos Verdú, presidente de la Asociación Valenciana de Urbanizaciones (AVALUR). Según cálcula, aproximadamente un 10% de las urbanizaciones de la Comunitat Valenciana pueden permitirse actualmente contratar seguridad privada: sólo medio centenar de las 500 existentes, las más lujosas.
Sin embargo, «ni aún así se erradica el problema», lamenta Verdú. En la urbanización Alfinach, situada en Puçol, se invierte 500.000 euros anuales en seguridad y sin embargo sus vecinos sufren entre tres y cuatro robos con fuerza.
En palabras de Verdú, «aquellos que han decidido vivir fuera de las ciudades tienen una preocupación creciente». A nivel de seguridad, describe, «estamos dejados de la mano de Dios». «La ley dice que todos somos iguales ante la ley, pero si vives en una urbanización pagas muchos impuestos pero no recibes los mismos servicios policiales que en un casco urbano. Esto debe cambiar», sentencia